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No solo no aportará ninguna vivienda nueva en alquiler sino que provocará que se retiren del mercado.

El atropellado acuerdo alcanzado sobre la futura Ley de Vivienda supone una oportunidad perdida en un tema de suma importancia en la vida de todos los ciudadanos. Con la información ofrecida hasta la fecha esta ley, acordada por el Partido Socialista y Podemos, incluye la regulación de los precios de alquiler para los “grandes propietarios” que tengan más de 10 viviendas e impone un recargo del IBI del 150% a las viviendas vacías, al mismo tiempo que se crea un bono de 250 euros mensuales específico para jóvenes. Esta ley resulta decepcionante, ineficaz, injusta y contraproducente.

Es decepcionante porque en un tema tan importante como la vivienda primen visiones cortoplacistas, más marcadas por apriorismos políticos que criterios técnicos y basadas en recetas ya conocidas en otros países y que no han dado los resultados esperados. Las negociaciones estancadas durante meses se han resuelto en una breve reunión que marcará el futuro, sobre todo, de los jóvenes y de aquellos que tienen más difícil acceder a una vivienda.

Es ineficaz porque no añade ni una sola vivienda al mercado. No ataca la verdadera raíz del problema: la escasez de oferta de vivienda en alquiler disponible, sobre todo de tipo social (2% en España frente al 15% de media en la UE), que es consecuencia de diversos factores, como la tardía apuesta por el alquiler frente a la compra, los largos procesos administrativos en la creación de suelo, una fiscalidad desajustada o los escasísimos presupuestos públicos para infraestructura de vivienda.

Es injusta porque ataca directamente al ahorro institucional, llamado “gran propietario”, que son sociedades que canalizan el ahorro colectivo de aquellas personas que no pueden acceder al mercado de forma directa, y que representa apenas el 4% del total de viviendas en alquiler en España.

Y, por último, es contraproducente porque desincentiva y ahuyenta la inversión en vivienda de este ahorro institucional, el único capaz de financiar, a través de la colaboración pública-privada, el nuevo parque de viviendas en alquiler que España necesita de forma urgente. La seguridad jurídica, imprescindible para operar en un sector como el del alquiler que planifica sus inversiones a largo plazo, también se ve atacada. Asimismo, la obligación de establecer una reserva del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida -y la mitad de esta a alquiler social- producirá que se reduzca la inversión, tanto nacional como extranjera, llegando incluso a desplazarla entre comunidades autónomas en función de si aplican o no esta norma. De hecho, ya hay regiones que han advertido que no aplicarán la ley, dejando en desventaja a unos ciudadanos frente a otros.

En definitiva, una ley que no solo no aportará ninguna vivienda nueva en alquiler sino que provocará que se retiren del mercado, con una mirada de corto alcance, que acabará yendo en contra precisamente de todos aquellos a los que dice beneficiar ahora.

En más de una ocasión he manifestado que el sector de la vivienda en España requiere aumentar el porcentaje de viviendas de alquiler -en la actualidad, cifrado en el 24%, frente al 34% de media de la UE-. La construcción se ha frenado y, frente al boom inmobiliario de la primera década del siglo XXI, ahora se construye mucho menos. Esta ley no va sino a entorpecer a los jóvenes el acceso a la vivienda en el medio plazo.

Concha Osácar Garaicoechea Presidenta de Azora y miembro del think tank Institución Futuro

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