La
crisis del COVID-19 y el consiguiente confinamiento de la
población española hicieron que muchos ciudadanos
no pudieran acudir a sus segundas residencias. Este hecho
derivó, según datos publicados por La Vanguardia
-con fuente del Ministerio del Interior-, en un aumento
de las denuncias por ocupaciones ilegales de inmuebles en
el primer semestre de 2020, que aumentaron en 357 respecto
al mismo periodo del año anterior.
En
conjunto, las ocupaciones han crecido en nuestro país
desde 2016 y en 2019 alcanzaron la cifra total de 14.621.
Por
CCAA, Cataluña es la que, en los primeros seis meses
del año más ocupaciones sufrió, triplicando
los casos de Andalucía, la segunda región
con más casos denunciados. Navarra se halla en la
14ª posición, con 34 ocupaciones ilegales.
Ahora
bien, si se realiza el cálculo de ocupaciones ilegales
por población (por cada 100.000 habitantes) se comprueba
cómo Navarra asciende hasta la décima posición.
El
fenómeno de las ocupaciones ilegales de viviendas
es grave y requiere de una respuesta contundente por parte
de la justicia, cuyo deber ha de ser proteger el derecho
a la propiedad privada de los ciudadanos.