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Una administración es transparente si un ciudadano solicita una información y ésta se le entrega pero no es transparente si tarda dos meses en contestar.

 

Resulta positivo que la transparencia y el acceso a la información estén presentes en la acción política porque refuerzan el valor democrático de los sistemas políticos y de las sociedades en su conjunto. Si existe transparencia, se favorece la participación de los agentes implicados porque éstos disponen de datos fiables y oficiales. En este marco el conocimiento favorece la participación y los debates críticos y constructivos. Además, la transparencia estimula la exigencia, dado que las acciones se podrán evaluar y, de ese modo, garantiza el cumplimiento de objetivos. La toma de decisiones basadas en datos fortalece la confianza y la implicación de los ciudadanos.

 

Hace casi diez años el Parlamento de Navarra aprobaba la Ley Foral 11/2012 de la Transparencia y del Gobierno Abierto y la Comunidad Foral se convertía así en pionera y un referente en regular la transparencia y reconocerla como un derecho a estar informado y a acceder a la información pública. Soy de la opinión que no simplemente por el hecho de que exista una ley que “obligue”, la transparencia debería ser innata a cualquier Administración pública para alcanzar sociedades mejores, más informadas, más exigentes y más participativas.

Ciudadanos conocedores de cómo y por qué se toman las decisiones de los políticos, de qué manera se gasta el dinero de todos nosotros o qué indicadores se tienen en cuenta para determinar el éxito de una política son respuestas que una sociedad madura debería ser capaz de responder. Ciudadanos formados son elemento fundamental en sociedades críticas, exigentes e implicadas.

Asumiendo estas premisas, varios grupos políticos –Navarra Suma, Geroa Bai y Bildu- reprochaban hace pocos días a la consejera de Economía en una intervención parlamentaria la falta de transparencia respecto a la gestión de los fondos europeos. Bildu ya había denunciado este pasado mes de enero que el Ejecutivo navarro no era transparente en la gestión de los fondos europeos, a pesar de lo acordado el pasado 30 de junio en la modificación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El mismo partido exigía el año pasado “mayor transparencia y celeridad” al Gobierno de Navarra remitía una carta al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial trasladándole su “preocupación y hartazgo” por las “continuas reiteraciones” que la coalición “se ve obligada a hacer ante la falta de respuesta del departamento a las peticiones de información o preguntas registradas en sede parlamentaria”.

Pero es que llovía sobre mojado. Navarra Suma había denunciado previamente que, desde el inicio de legislatura y hasta el pasado 31 de mayo, había tenido que reiterar 209 peticiones de información por no contestarlas el Ejecutivo en el plazo de 20 días hábiles. La coalición ha tenido que recurrir en varias ocasiones al Consejo de Transparencia y al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

En Institución Futuro trabajamos con datos para sostener nuestro punto de vista sobre las políticas públicas en Navarra. En ocasiones nuestra labor no es fácil ya que es frecuente toparnos con falta de transparencia especialmente en aquellos casos en la que “la transparencia no es obligada”. Porque una Administración no es transparente cuando publica notas de prensa sin enlaces a los documentos o entidades a los que se mencionan. Tampoco es transparente aquella que cita cifras que luego no publica y/o no informa de cómo se elaboran.

No es transparente aquella Administración que publica crónicas de eventos cuyas convocatorias apenas han transcendido (o lo hacen con un día de antelación). Tampoco resulta transparente publicar notas de prensa de eventos y no ofrecer un link a la grabación de los mismos (especialmente cuando éstos son en abierto y en formato online). Que se filtre un informe antes de que éste se haya aprobado o que la propia entidad oficial no pueda difundirlo aludiendo a demoras en la maquetación, en ocasiones de varios meses, no es admisible. También denota falta de transparencia enterarse de la existencia de informes o datos a través de los medios de comunicación y no por las vías oficiales.

Constatar la existencia de cuadros de mando en algunos departamentos del Gobierno de Navarra y que estos no sean accesibles a los ciudadanos no caracteriza a Administraciones transparentes (a pesar de que si pueden acceder a estos las plantillas de estos mismos departamentos). Una administración es transparente si un ciudadano solicita una información y ésta se le entrega (máxime si ya se dispone de ella y está elaborada) pero no es transparente si tarda dos meses en contestar a la demanda.

La transparencia va mucho más allá de publicar información sobre las finanzas personales de los altos cargos de la Administración (cuestión que la Comisión de Reglamento del Parlamento de Navarra está valorando que deje de ser obligatoria) o de colgar en Internet un estudio en un lugar redondito y no informar de su existencia.

En definitiva, se puede afirmar que el concepto de transparencia tiene que ver mucho con la intención. La transparencia no es un objetivo, sino el reflejo de un modo de hacer las cosas. Pongamos un ejemplo: ¿Deben las ongs anunciar que “serán solidarias porque tal ley así lo determina” o, por el contrario, su gestión debe ser inherentemente solidaria?

Tener que ser y ser, en el ámbito de la transparencia de la Administración, denota una postura muy diferente. Ojalá el Gobierno de Navarra siga mejorando esta área no porque se vea obligado, sino porque cree genuinamente en ello.

Isabel Larrión Langarica Documentalista e Investigadora del think tank Institución Futuro

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