Expansión, 22 de septiembre de 2007
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
El espectáculo de compra de votos con promesas de beneficios sociales que nos están ofreciendo algunos políticos es tanto una estafa electoral como un insulto a la dignidad ciudadana. Se nos trata como menores de edad a los que se puede engañar con facilidad o, lo que es peor, como incapaces intelectuales.
Estas mentiras, insostenibles porque no resisten la prueba del algodón de la capacidad financiera, merecen el mayor desprecio posible: hacer campaña para que los mentirosos pierdan votos.

Andalucía ha sido la región donde el clientelismo y la mercadotecnia de inventarse promesas irresistibles han sido instrumentos muy eficaces para embaucar a más incautos. Por el contrario, en los grandes núcleos urbanos, como Madrid, esas argucias seducen a menos, probablemente porque son más los ciudadanos que están de vuelta de los farsantes. Merece la pena repasar algunos hitos recientes que muestran la corrupción de traficar sin escrúpulos para comprar nuestro voto.

Sin duda, Manuel Chaves se lleva la palma de promesas incumplidas, entre las que resaltan la paga para todas las amas de casa andaluzas, las vacaciones pagadas a estas trabajadoras del hogar, la gratuidad absoluta de los libros escolares, un ordenador por cada alumno, el bilingüismo español-inglés en las escuelas desde la más tierna infancia, la habitación en solitario para cada enfermo hospitalizado y, por último, la garantía de una vivienda para todos aquellos andaluces cuyo salario mensual no supere los 3.100 euros.

¿Hay quien dé más en la subasta de su voto? Lo peor es que aunque Chaves se ha olvidado de todas las promesas tras salir elegido en las anteriores legislaturas, la treta funciona y muchos andaluces volverán a picar de nuevo. Es tan placentero soñar que se van a recibir semejantes regalos que uno toma, sin dudarlo, la papeleta con la rosa y el puño cuando está ante las urnas.
Zapatero necesita más tiempo para superar el récord del presidente andaluz, pero le va a la zaga. Además, tiene el agravante de que su responsabilidad es mayor por no atender la reciente recomendación del Banco de España.

Su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lanzó hace unos días un claro mensaje: “se deben evitar desviaciones de gasto que absorben prematuramente parte del superávit presupuestario en un momento poco oportuno”. Entre las promesas de Zapatero están la ayuda de 2.500 euros por cada nacimiento producido con posterioridad al 3 de julio de 2007, las ayudas fiscales, aún sin confirmar, para los inquilinos de viviendas en régimen de alquiler o el plan de salud bucodental para dar asistencia gratuita a niños de entre 7 y 15 años.

Ante esta feria del todo por el voto Rajoy no lo tiene fácil, pues en situaciones como éstas la razón suele perder ante la emoción, así como el largo plazo resulta menos atractivo que el corto. ¿Entrará el candidato del Partido Popular en la misma dinámica? O por el contrario, ¿querrá diferenciarse mostrando mensajes más cautelosos? La propuesta del PP en el Congreso para que los titulares de hipotecas que queden en paro no paguen sus cuotas a lo largo de un año parece ser un paso en la primera de las opciones.

A favor de Rajoy juega la percepción de incertidumbre económica actual, el temor al comienzo de un ciclo recesivo y los primeros síntomas del empeoramiento económico que afectan a las familias. Generalmente, estas circunstancias suelen beneficiar a los candidatos conservadores. Por último, hacer de profeta de desgracias anunciando una crisis económica es poco recomendable para conseguir votos. Al elector hay que convencerle con potencialidades optimistas que tengan verosimilitud.

Lo más preocupante de esta carrera de promesas sería que Zapatero, para recuperar la credibilidad, hiciera realidad algunas de sus promesas de mayor impacto económico antes de las elecciones. Esta frivolidad podría hipotecar el futuro inmediato de España, desastre que, unido al caos autonómico que ha montado, perjudicaría la estabilidad de la nación.

Ante los momentos que estamos viviendo, la sociedad civil debe protestar. Una primera exigencia es que cese el abuso recaudatorio que estamos sufriendo para que no vayan alardeando como nuevos ricos prometiendo regalos sin límite. Todos los que pagamos impuestos sabemos que la inflación sube la factura del IRPF (4.325 millones de euros en tres años) y se come sobradamente la simbólica rebaja de la renta de la que tanto se presume en La Moncloa.

La consecuencia es que los sueldos reales de los españoles han perdido 504 euros desde 2003. Es triste que, ante esta situación, la sociedad civil no se sepa vertebrar para evitar el expolio de los ciudadanos que generan riqueza.

Institución Futuro
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