Expansión, 23 de septiembre de 2006
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
El pasado domingo los electores suecos se pronunciaron por la racionalización del Estado de Bienestar y a favor de una modesta reforma liberalizadora. Tres de las causas de este quiebro electoral fueron la preocupación por el desempleo, darse cuenta de que sus servicios públicos tienen un coste insostenible y el deseo de una mayor libertad para escoger su protección social.
En el fondo existe la percepción de que se puede mejorar la calidad de vida si hay alternativas a la acción estatal.
Pero no nos confundamos; muy pocos están dispuestos a asumir el riesgo de disminuir fuertemente la garantía de su calidad de vida por la mayor libertad económica que proporciona una menor tributación. Tal como opina la mayoría de la prensa alemana, quizá la mejor tribuna para analizar Suecia, el Estado de Bienestar es incuestionable para la mayoría de los suecos.
Suecia ha tenido durante tantos años este férreo proteccionismo estatal por el acuerdo de SlatsjÖbaden firmado en 1938 entre la central obrera y la asociación de patronos. Este convenio supuso que los ciudadanos cedieran al Estado bastantes capacidades de decisión individuales y colectivas. A cambio, el Estado se comprometía a garantizar la seguridad, interviniendo el mercado de trabajo para asegurar la plena ocupación. Los suecos no lo tienen fácil para cambiar de mentalidad tras 68 años de control estatal.
El precio que han tenido que pagar estos nórdicos ha sido un intervencionismo estatal absoluto, hasta el punto de que todo bienestar provenía de la Administración y la asistencia que proporcionaba era idéntica para todos. Lo que antaño fue un sistema admirado de protección total, hoy ha degenerado en abusos de muchos desaprensivos que se aprovechan del generoso Estado benefactor. El sistema sueco no se sostiene en el largo plazo teniendo en cuenta que si sumamos a los parados, los prejubilados y los que tienen concedida la invalidez, la tasa de ociosidad sueca supera el 20 por ciento.
El Estado de Bienestar sueco ha aguantado hasta ahora por la alta presión fiscal, sumada a un espíritu de sacrificio de los ciudadanos, dispuestos a supeditar su riqueza personal a la prosperidad del sistema. Las nuevas generaciones comienzan a no compartir esta filosofía y prima la prosperidad individual. Hoy crece el número de suecos que recela del gratis total al ver que se consigue a costa de impuestos insufribles: Suecia ostenta el triste récord de presentar el tipo máximo de IRPF de la Unión Europea (56,61%).
Las promesas liberalizadoras de Fredrik Reinfeldt, el líder de la alianza de centro derecha que ha ganado las elecciones, han sido: el establecimiento de tickets de copago de servicios públicos, la privatización de las grandes compañías de propiedad estatal, los incentivos para que los desempleados renuncien al subsidio y se pongan a trabajar, la disminución del control político de las universidades, dar libertad a los padres para que elijan guardería, favorecer alternativas privadas al sistema público y el cheque sanitario que permita elegir hospital.
Si la economía les va bien es, en buena medida, porque las grandes compañías suecas que triunfan en el mundo tienen la mayor parte de su negocio fuera del país. Resultan asombrosos los malabarismos del Estado sueco para conciliar las prestaciones sociales con el crecimiento económico. La propia Administración subcontrata servicios en otros países porque los costes suecos son demasiado elevados, como es el caso de la campaña publicitaria de la Agencia Tributaria Sueca, que ha sido producida en Estonia.
Suecia fue demasiado lejos y el gobierno español debiera escarmentar en cabeza ajena y limitar tanta subvención a los servicios públicos. Por ejemplo, dar transporte gratuito con cargo a los Presupuestos es una acción que no responde al bienestar imprescindible que debe procurar el Estado, sino que es un atraco legal para la finalidad espuria de ganar unas elecciones. La prioridad del Estado no es la promoción del bienestar público, sino el bien común, para lo cual el Estado no tiene que ser necesariamente grande, sino eficiente en la vinculación ciudadana en las causas comunes. ¡Menos Estado y más sociedad!
Pero no nos confundamos; muy pocos están dispuestos a asumir el riesgo de disminuir fuertemente la garantía de su calidad de vida por la mayor libertad económica que proporciona una menor tributación. Tal como opina la mayoría de la prensa alemana, quizá la mejor tribuna para analizar Suecia, el Estado de Bienestar es incuestionable para la mayoría de los suecos.
Suecia ha tenido durante tantos años este férreo proteccionismo estatal por el acuerdo de SlatsjÖbaden firmado en 1938 entre la central obrera y la asociación de patronos. Este convenio supuso que los ciudadanos cedieran al Estado bastantes capacidades de decisión individuales y colectivas. A cambio, el Estado se comprometía a garantizar la seguridad, interviniendo el mercado de trabajo para asegurar la plena ocupación. Los suecos no lo tienen fácil para cambiar de mentalidad tras 68 años de control estatal.
El precio que han tenido que pagar estos nórdicos ha sido un intervencionismo estatal absoluto, hasta el punto de que todo bienestar provenía de la Administración y la asistencia que proporcionaba era idéntica para todos. Lo que antaño fue un sistema admirado de protección total, hoy ha degenerado en abusos de muchos desaprensivos que se aprovechan del generoso Estado benefactor. El sistema sueco no se sostiene en el largo plazo teniendo en cuenta que si sumamos a los parados, los prejubilados y los que tienen concedida la invalidez, la tasa de ociosidad sueca supera el 20 por ciento.
El Estado de Bienestar sueco ha aguantado hasta ahora por la alta presión fiscal, sumada a un espíritu de sacrificio de los ciudadanos, dispuestos a supeditar su riqueza personal a la prosperidad del sistema. Las nuevas generaciones comienzan a no compartir esta filosofía y prima la prosperidad individual. Hoy crece el número de suecos que recela del gratis total al ver que se consigue a costa de impuestos insufribles: Suecia ostenta el triste récord de presentar el tipo máximo de IRPF de la Unión Europea (56,61%).
Las promesas liberalizadoras de Fredrik Reinfeldt, el líder de la alianza de centro derecha que ha ganado las elecciones, han sido: el establecimiento de tickets de copago de servicios públicos, la privatización de las grandes compañías de propiedad estatal, los incentivos para que los desempleados renuncien al subsidio y se pongan a trabajar, la disminución del control político de las universidades, dar libertad a los padres para que elijan guardería, favorecer alternativas privadas al sistema público y el cheque sanitario que permita elegir hospital.
Si la economía les va bien es, en buena medida, porque las grandes compañías suecas que triunfan en el mundo tienen la mayor parte de su negocio fuera del país. Resultan asombrosos los malabarismos del Estado sueco para conciliar las prestaciones sociales con el crecimiento económico. La propia Administración subcontrata servicios en otros países porque los costes suecos son demasiado elevados, como es el caso de la campaña publicitaria de la Agencia Tributaria Sueca, que ha sido producida en Estonia.
Suecia fue demasiado lejos y el gobierno español debiera escarmentar en cabeza ajena y limitar tanta subvención a los servicios públicos. Por ejemplo, dar transporte gratuito con cargo a los Presupuestos es una acción que no responde al bienestar imprescindible que debe procurar el Estado, sino que es un atraco legal para la finalidad espuria de ganar unas elecciones. La prioridad del Estado no es la promoción del bienestar público, sino el bien común, para lo cual el Estado no tiene que ser necesariamente grande, sino eficiente en la vinculación ciudadana en las causas comunes. ¡Menos Estado y más sociedad!