Hay que reconocer que, de entrada, pagar impuestos no es plato de buen gusto para nadie. Al realizar la tributación nos puede asaltar la idea -realista o pretenciosa, quién sabe- de que quizá nosotros podríamos manejar mejor el dinero aportado a las Administraciones. En el trance de retratarnos en la ventanilla de Hacienda, a menudo pensamos que probablemente el Gobierno no gestiona el dinero público con la debida meticulosidad, teniendo en cuenta que el dinero recaudado no es "su dinero", sino el dinero de los contribuyentes. En este sentido, conviene subrayar que el 54% de los ciudadanos encuestados en el barómetro del IEF posee una opinión negativa acerca de la gestión de los recursos obtenidos con nuestros impuestos llevada a cabo por parte de las administraciones públicas.
Ahora bien, las reservas mentales antedichas no pueden ni deben implicar la puesta en práctica de la insumisión fiscal, ni muchísimo menos. Los servicios básicos de enseñanza, asistencia sanitaria y social, infraestructuras y otros, propios del Estado de Bienestar, se financian con los impuestos administrados, mejor o peor, por el Estado. De ahí lo preocupante del diagnóstico ofrecido por el IEF: cuando la sociedad tolera las triquiñuelas fiscales, y además cree que mucha gente las hace, algún principio cívico fundamental está fallando. El fraude fiscal no soluciona los graves problemas colectivos del país, más bien los empeora. De hecho, la economía sumergida en España alcanza el 23,3% del Producto Interior Bruto, cifra inadmisible en la mayoría de países de la Unión Europea.
Hay formas más eficientes y solidarias de alzar la voz y contribuir desde la sociedad civil a una mejor gestión de los recursos públicos obtenidos por la vía de los impuestos, por ejemplo mediante un serio marcaje de la Administración. Por tanto, es de esperar que la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, de próxima aprobación, contribuya al logro de una Administración más sana y de una ciudadanía más comprometida con la cosa pública.
La segunda noticia económica arriba mencionada fue el anuncio del ministro de Fomento de una posible subida de impuestos, porque, según José Blanco, en España "son muy bajos" cuando se comparan con el resto de sistemas impositivos europeos. Por lo visto, al Gobierno no parecen quedarle muchas otras estrategias para sanear las maltrechas arcas públicas y poder así garantizar servicios públicos e infraestructuras de calidad. Muchas instancias políticas, sindicales y mediáticas han matizado las cifras aportadas por el ministro. El vicesecretario general del PSOE no ha tenido en cuenta los salarios españoles más bajos y, dato muy significativo, tampoco que la presión fiscal del IRPF ya ha crecido un 22% desde 2004.
El posible incremento fiscal, desmentido por la titular de Hacienda, Elena Salgado, preocupa, y mucho, porque bastante están sufriendo ya los ciudadanos españoles como para que ahora se les amenace con nuevas cargas tributarias. En el actual contexto de crisis económica y financiera grave, resulta poco tranquilizador el pensar que el Gobierno pueda invertir los eventuales recursos en políticas públicas ineficientes, que no están orientadas al cambio imprescindible del modelo productivo español, sino a tapar agujeros y deudas que el propio Ejecutivo contrajo en el periodo de vacas gordas mediante el establecimiento de medidas electoralistas.
Ante esta perspectiva, existen varios posibles escenarios. Uno, que la población acate con resignación la subida de impuestos y pague lo que le corresponda. Y otro, que a mi entender sería el más deseable, que los ciudadanos digamos basta ya a las alzas de impuestos y a su hipotético mal uso. Hay que perseguir a fondo al que defrauda a Hacienda, de acuerdo; pero también tiene que perseguirse a Hacienda cuando ésta "defrauda" al ciudadano.