Expansión, 19 de noviembre de 2005
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
El estudio de los Presupuestos Generales del Estado siempre me produce la impresión de que la paciente clase media sufre un nuevo ‘atropello nacional’, por dos razones: el reparto de la presión fiscal y la cuantía y la distribución del empleo del gasto público, el dinero de todos.
El estudio de los Presupuestos Generales del Estado siempre me produce la impresión de que la paciente clase media sufre un nuevo ‘atropello nacional’, por dos razones: el reparto de la presión fiscal y la cuantía y la distribución del empleo del gasto público, el dinero de todos.
Respecto a los ingresos, la voracidad de obtener más recursos conduce a que Hacienda recaude en exceso de los ciudadanos más vulnerables al poder del Gran Hermano, ésos sobre los que el fisco lo sabe todo en cuanto a sus ingresos y bastante menos respecto a las deducciones y desgravaciones. La mayoría de estos contribuyentes son trabajadores por cuenta ajena, quienes si tienen algún despiste son detectados de modo automático por los formidables procesos informáticos de Hacienda. Si resulta duro pagar impuestos, más penoso es ver cómo los políticos emplean el fruto de tanto esfuerzo. El criterio que rige, cada vez más, es contentar a corto plazo las demandas de los que más se quejan, no de los que más razón tienen. Muchas veces, los más olvidados son los de esa clase media sufrida, que ni puede acogerse a los beneficios de las personas de rentas medias-bajas, ni se encuentran entre los pudientes. En ocasiones, por razones electoralistas, el político monta unos servicios públicos caros e ineficientes, que los pagamos, sobre todo, los que no los consumimos, hundiendo una oferta privada de más calidad.

Otro ‘dogma’ inadmisible es que el Estado debe satisfacer todas las demandas ciudadanas. Una Administración moderna tiene la obligación de cubrir sólo las necesidades básicas, con lo que, al tener que recaudar menos, se permite que los ciudadanos dispongan de más dinero y puedan elegir en qué gastarlo.

Solidaridad territorial
Otra partida que se debería revisar en los Presupuestos es la dedicada a la solidaridad territorial. Es bien sabido que, a pesar de las pródigas inversiones del Estado en las autonomías de menor renta, la brecha entre el crecimiento de éstas y las que presentan mejores desarrollos se agranda con el paso del tiempo. Se puede argumentar que ese menor desarrollo puede ser debido, en parte, a que una sociedad acostumbrada a vivir de la solidaridad del prójimo carece de estímulos para emprender, al no tener carencias serias que cubrir. También se puede argüir que ese menor empuje es debido a una diferente sensibilidad de lo que es necesario.

Otra conjetura es la imputación de ese peor aprovechamiento de las ayudas estatales en algunas comunidades debido a una peor administración. Y ahí, ya no se divisa solidaridad. No se puede premiar al que gestiona mal. ¿Ha pensado alguien en establecer un control de cómo se emplea el dinero en las administraciones autonómicas? Los ciudadanos nos sentimos más comprometidos con la solidaridad si apreciamos eficacia en la gestión del gasto público.

Tópicos insufribles
Respecto a las argucias que evitan las críticas a los Presupuestos citaré dos que resultan inaceptables para una ciudadanía madura e inteligente. La primera es la proclama de que estos Presupuestos son mejores que los del año anterior porque contienen más gasto social. Cuántas veces esa ayuda no llega en grado suficiente a los que de verdad lo necesitan y, sin embargo, se dilapida por quienes, sin precisarlo realmente, lo consumen desaforadamente porque es gratis. Otra inconsistencia es alabar unos Presupuestos porque gravan principalmente a las rentas altas. Cuando se estruja en exceso a los genuinos creadores de riqueza, se desincentiva el espíritu emprendedor. La consecuencia de esta presión recaudadora abusiva perjudica a los más pobres, porque el ingreso total en las arcas públicas disminuye gravemente, con lo que hay menos recursos para repartir. A los que debe penalizar una política fiscal sensata es a los especuladores, ésos que no producen nada, mientras que a los que debe premiar son a esos auténticos bienhechores sociales que arriesgan su dinero y promueven empleo y riqueza.

Un presupuesto ajustado debe obtener los ingresos públicos a través de un sistema tributario neutral, que no distorsione la asignación de recursos que realice el mercado y que no penalice comportamientos económicos fundamentales como la oferta de trabajo, el ahorro y la asunción de riesgos empresariales. Ésta es la mejor manera de conseguir un mayor crecimiento económico que nos permita un retorno recaudatorio suficiente, no sólo para financiar inversión pública, sino también para garantizar la solidaridad y ayudar así a los auténticos desfavorecidos.

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