Hoy la sociedad española se encuentra atónita contemplando cómo los diferentes partidos políticos presentes en el parlamento y, de un modo significativo, el gobierno y la oposición, están enfrascados en una lucha partidista, desautorizándose de manera permanente, sin atender ni promover las iniciativas y acciones que demanda la sociedad para resolver la difícil situación económica y social a la que nos enfrentamos.
Con esta actitud, los partidos ponen de manifiesto que su verdadero interés es gobernar para seguir gobernando. Se demuestra que no interesa tanto la resolución de los problemas de los ciudadanos, sino la imagen pública, los aspectos cosméticos, se pretende sobre todo la derrota del adversario. Así, si mi partido se equivoca, nunca reconoceré el error y atacaré fieramente a mi adversario político, recordándole al ciudadano errores pasados de éste. Hace años un político experimentado me dijo que "en política resulta bueno lo que parece bueno; si además en realidad lo es, resulta maravilloso". Estoy convencido de que en todos los partidos hay mucha gente con principios y valores, que desea comprometerse y esforzarse por los que le han elegido pero, por desgracia, en el día a día se ven subordinados a los intereses generales de su partido, cuyo referente supremo es mantenerse en el poder.
En este momento parece que a los responsables políticos no les interesa tomar las decisiones y abordar las acciones que son necesarias o muy convenientes para el país. Esta falta de interés radica en que su periodo de maduración excede del ámbito de una legislatura. La sociedad civil y los organismos internacionales vienen advirtiendo de la necesidad de que en España se resuelvan una serie de problemas estructurales como medio para ganar competitividad y situarnos en mejores condiciones para remontar la crisis. Cuestiones como la modernización y reforma de la justicia, la reforma laboral, la educación, la eficacia de las administraciones públicas y la reorganización de nuestro sistema territorial, reduciendo sus costes y haciéndolo más competitivo, aparecen en todos los análisis y propuestas de reforma, pero estos temas no se abordan, dado que su resolución exigirá presumiblemente esfuerzo de los ciudadanos, renuncias de algunos colectivos privilegiados y generan costes sociales. Se supone que la amenaza de conflicto conllevará una pérdida de votos en algunos de los grupos afectados y, por ello, se renuncia a actuar.
Me sugiere esta situación aquel comportamiento del médico que para no contrariar a su paciente le evita las incomodidades y riesgos de la cirugía o tratamientos fatigosos que su enfermedad necesita, y en su lugar le va recetando calmantes. El paciente vive cómodo y feliz aunque a largo plazo se está poniendo en peligro su vida.
Aquí parece que de lo que se trata es de gobernar, de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible y no tanto de desarrollar un programa de actuaciones que modernice y mejore nuestra sociedad. Predomina el propio instinto de conservación, manteniendo a todo el conjunto de afiliados y gente próxima en la órbita del poder, ya que en la oposición hace demasiado frío. El partido así lo exige, hay que aplaudir siempre lo propio y menospreciar lo del adversario, hay que hacer oposición aun estando en el gobierno.
¿Y dónde está el ciudadano?, ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Quién le escucha?
¿Quién tiene en cuenta a aquellos que con su trabajo y esfuerzo suministran todo el dinero para financiar el sistema?
Los ciudadanos elegimos con periodicidad a unas personas para que administren eficazmente la riqueza creada con el esfuerzo de todos, preparando al país para que las siguientes generaciones puedan gozar de un mejor futuro. Los elegimos para que defiendan los intereses colectivos y no los suyos propios. Por eso la sociedad civil tiene el derecho de expresar su opinión y de exigir a los responsables políticos que abandonen sus particulares intereses y se dediquen a aquello para lo que se presentaron y fueron elegidos: a trabajar por el país con eficacia y buenos resultados, y si en el camino es necesario recurrir a un gran pacto nacional para resolver los grandes temas, se avanza en ello, cediendo en lo que haya que ceder.
Recordemos que los partidos y los gobiernos reciben el poder de los ciudadanos, y que a ellos se deben. Librémonos, por tanto, de aquellos a los que define el pensador francés Alexis de Tocqueville como déspotas democráticos, que obtienen la adhesión apelando a la demagogia del humanitarismo igualitario y que se convierten en tutores, considerando a los gobernados menores de edad y sometiéndolos a toda clase de normas de conducta cada vez más detalladas y restrictivas.