¿No habíamos quedado en que con todos los datos en la mano nuestro actual sistema de pensiones es insostenible en diez años? La pirámide de edad es incuestionable y nuestra esperanza de vida crece cada año. La actual es de 80 años. Además, los adelantos de la medicina implican que cada año adicional de senectud sea cada vez más caro. Para quienes ven la solución en los inmigrantes les recuerdo que, dados sus bajos salarios y las familias que mantienen a su cargo, sus aportaciones no compensan los gastos que ocasionan.
El ministro de Economía indicó hace unos meses una mayor exigencia de las condiciones para el adelanto del retiro de los bancarios.
Ahora, el titular de la cartera de Administraciones Públicas nos sorprende anunciando que va a facilitar la prejubilación de los funcionarios para “acabar con la discriminación existente entre los empleados públicos y los de la empresa privada” y, “rejuvenecer y mejorar su cualificación profesional”. Me gustaría que esta declaración de intenciones fuera una descoordinación más de los miembros del Ejecutivo, a la que pronto dieran marcha atrás, por tres razones:
1) Generalizar que los funcionarios, por ser mayores, son inútiles para aprender nuevas tareas, es un agravio a su dignidad.
2) Mientras el sistema funcionarial español no sea flexible, restringido a las pocas áreas no subcontratables y polifuncional es preferible no reemplazar a los servidores públicos. La sustitución de personas mayores por jóvenes no mejorará la Administración.
Lo que de verdad ayudará será la eliminación de una rigidez que desincentiva el rendimiento. Probablemente, 2,3 millones de funcionarios son excesivos y convenga aprovechar las jubilaciones para disminuir su número.
3) Esas nuevas medidas propuestas por el ministro harán más difícil la viabilidad del sistema de pensiones, asunto al que dedicaré el resto del artículo.
El perjuicio económico de la nueva política, si esa propuesta se extiende a los 230.000 funcionarios mayores de 58 años, acarreará un incremento del déficit en nuestras cuentas públicas, al hacerse esta prejubilación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de las CCAA. También provocará una generalización de ese adelanto al sector privado, lo que traerá consigo un aumento de la precariedad del empleo para los trabajadores mayores.
Si echamos un vistazo al exterior se observa que la tendencia en los países más prósperos va en la dirección opuesta, dando la razón a Jordi Pujol; éste proponía hace unos días la modificación de la edad de jubilación: “no para pasarla de los 65 a los 60, sino de 65 a 70, como en los países escandinavos”.
Longevidad
El incremento de la longevidad no puede ser ignorado. Así, el próximo año, la población japonesa de más de 65 años alcanzará el 20%, porcentaje similar al esperado en Italia y que será alcanzado por Alemania en 2009 y, pocos años más tarde, en España (el boom de la inmigración impide un cálculo preciso). Por el contrario, en EEUU ese porcentaje se conseguirá en 2036. Cuando Bismarck, en el siglo XIX, estableció en 65 años la edad de jubilación, las condiciones del trabajo eran más duras y la esperanza de vida mucho menor. Ahora hay profesiones en las que la edad no es obstáculo para ser eficaz por la enorme calidad de vida conseguida para la tercera edad. Un estudio del Boston College’s Centre on Retirement indica que no más del 10% de los trabajadores norteamericanos que obtienen pensión a los 62 años están realmente incapacitados para trabajar.
Business Week recogía la semana pasada un informe en el que demostraba que el incremento de productividad de los americanos mayores y su mayor participación en la fuerza laboral supondrá un incremento del PIB de un 9% para 2045. Los investigadores han descubierto que, lejos de desgastar a la gente, el trabajo puede ayudarles a mantenerse en forma física y mental. Alan Greenspan es un buen ejemplo; sus 79 años contribuyen a su ingenio para mantener a EEUU en una buena posición económica. Actualmente, en Europa sólo cuatro de diez personas en edades comprendidas entre los 55 y 64 años trabajan, mientras que en EEUU lo hacen seis de cada diez. También la semana pasada el Wall Street Journal llamaba la atención sobre las políticas niponas de retraso de la jubilación. Allí, el 71% de los japoneses entre los 60 y 64 años está trabajando en empleos post-retiro, frente al 57% de los estadounidenses y el 17% de los franceses. Nos quedan muy pocos años para resolver la viabilidad de las pensiones. La tendencia al retraso de la jubilación propiciada por otros países debería ser imitada. La aprobación de una legislación que incentivara con bonificaciones de la SS la prórroga de los trabajadores con 65 años contribuiría a resolver el previsible déficit del sistema de pensiones. Obviamente, un bajo desempleo nacional es imprescindible para favorecer estas políticas de retraso de la jubilación. ¿Se atreverá el Gobierno a cumplir con su deber, o jugará al populismo?
Los investigadores han descubierto que, lejos de desgastar a la gente, el trabajo puede ayudarles a mantenerse en forma física y mental.