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Hace poco hemos conocido a través del VII Informe sobre la pobreza y la desigualdad en Navarra los últimos datos sobre la Renta Garantizada (RG), una ayuda destinada a las personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas y que se financia con los Presupuestos Generales de Navarra. Pues bien, un total de 39.147 personas recibieron esta prestación social en 2022, lo que se correspondió con 17.419 unidades familiares y un gasto de 97 millones de euros anuales.

Ahora bien, hablar solo de la Renta Garantizada (RG) no se corresponde con toda la realidad de Navarra. Desde septiembre de 2020, hay personas residentes en la Comunidad foral a las que se les ha reconocido el derecho a percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación financiada por el Estado dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. El mencionado informe de pobreza y desigualdad en Navarra advertía que ha habido personas que percibían la Renta Garantizada y que han pasado a recibir el IMV. Este hecho explica que en 2022 se haya reducido, aunque levemente, el número de unidades familiares que percibe la RG, pero no porque hayan salido de la pobreza, sino porque perciben otra ayuda social. Se entiende, asimismo, la reducción del gasto anual, de los 110 millones en 2021 a 97 en 2022.

Los datos del Gobierno de Navarra no identifican cuántos perceptores del IMV recibían antes la RG, un dato clave para entender la realidad social de la región y la efectividad de la Renta Garantizada. Lo que sí queda claro es que además de las casi 17.500 unidades familiares de Navarra que reciben la RG, hay que tener en cuenta que casi 5.900 familias reciben el IMV. Además, una perspectiva temporal más amplia arroja un panorama que me atrevo a calificar de desolador: si se comparan las cifras con las de hace diez años se comprueba que se ha producido un aumento superior al 110% tanto en número de perceptores como en unidades familiares. El gasto para las arcas forales ha pasado de 6,5 millones de euros en 2007 a los citados 97 millones o, dicho de otra forma, se ha multiplicado por 15.

Dicho de otro modo: a lo largo de los años, cada vez más familias están necesitando una ayuda social para salir adelante. Que exista un escudo social resulta francamente positivo y necesario. Lo que no lo es tanto es el hecho de que muy poca gente salga de esa bolsa de pobreza o que solo pase de una ayuda a otra. La Renta Garantizada no puede ser una herramienta que cronifique la pobreza, sino una ayuda temporal para poder ayudar a quien lo necesite a encontrar un empleo que le permita salir adelante mejorando su calidad de vida y su empleabilidad.

A este respecto, el dato crucial es el de cuántas personas en edad de trabajar y que recibían esta ayuda se dieron de baja por haber encontrado un empleo. El Gobierno de Navarra no lo incluía en su informe de pobreza, e Institución Futuro tuvo que solicitar el Balance de la Renta Garantizada 2022 para conocerlo. El resultado: de las personas en edad de trabajar que recibían la Renta Garantizada en 2022 (un total de 25.269 adultos) solo 1.658 (el 6,6%) se dio de baja de esta prestación por haberse incorporado al mercado laboral, mientras que en 2021 el porcentaje fue del 5,3%. Por tanto, la tendencia en los últimos años está siendo positiva (excepto el bache de 2020 debido a la pandemia) pero muy lenta.

En cualquier caso, un porcentaje muy escaso, que debería hacer reflexionar sobre si esta ayuda social realmente incentiva el empleo o provoca precisamente el efecto contrario. No se entiende que con 30.000 desempleados en Navarra las cifras de RG sean tan elevadas. Los empresarios que no logran contratar trabajadores, tal vez porque las ayudas son más tentadoras, lo sufren en primera persona. Este hecho no es admisible; no estamos hablando de empleos que requieran un gran reciclaje, sino de empleos poco cualificados que quedan vacantes porque para algunos la ayuda social merece más la pena que trabajar.

El objetivo debiera ser lograr que el mayor porcentaje posible de perceptores encuentre trabajo; esa será la mejor señal de que se logra la inclusión de las personas en situación de pobreza severa, no el que pasen de una ayuda social a otra y se cronifiquen. Cuantos más trabajadores haya, más riqueza se generará, habrá más cotizantes, más recaudación… ¿Cómo revertir esta tendencia? Una idea que considero muy efectiva sería la obligatoriedad de formación para los receptores de la RG. Así sabríamos que estas personas están teniendo, de verdad, una oportunidad real de alcanzar el mercado de trabajo mejorando su empleabilidad. Y, de paso, se reduciría el coste que para la Administración supone esta ayuda. No olvidemos que el objetivo ha de ser que cada vez más personas trabajen en el sector privado, que es el que crea riqueza, para así aligerar el gasto público. De no hacerlo estaremos arruinando el país.

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