Revista Dinámica – Cámara de Comercio de Navarra. 18 de noviembre de 2009
Emilio Huerta, director del Centro para la Competitividad de Navarra
El espejismo de más de diez años de crecimiento elevado nos ha impedido reconocer que los amplios beneficios privados generados en ese tiempo han convivido con unos elevados costes sociales. El crecimiento de la renta y el empleo en la sociedad española ha ocultado la fragilidad y vulnerabilidad de los fundamentos de ese bienestar. Este crecimiento ha venido acompañado por un notable deterioro de nuestros recursos ambientales, paisajísticos y urbanísticos. El daño es visible en nuestras costas, y en la aglomeración desordenada de viviendas en muchas de nuestras ciudades.

Se ha producido una creciente dualización del mercado de trabajo, con unos trabajadores bien asegurados y con salarios razonables y otros, sobre todo jóvenes, emigrantes y mujeres, viviendo un escenario de precarización extraordinario. Estamos observando una pérdida de confianza y eficiencia en instituciones sociales fundamentales como la educación y la justicia.

Reconocemos una amplia extensión de conductas irregulares, el relajamiento de valores éticos y la desconsideración hacia la cultura del esfuerzo y el trabajo. La Administración pública y la regulación han ido ocupando cada vez mayores parcelas de la vida económica y social interfiriendo en las decisiones de unos ciudadanos cada vez menos libres y responsables.

Por ello, la salida a esta difícil situación no puede seguir basándose en los mismos principios, políticas e instituciones que la han alumbrado. Son muchas las voces que hablan de impulsar un nuevo modelo económico más orientado hacia el aumento de la productividad; sin embargo se ha avanzado poco en el análisis crítico de los incentivos, las instituciones y el funcionamiento de los mercados que nos han conducido a la actual situación. Si no somos capaces de introducir algunas reformas en la base de nuestro sistema educativo y nuestro tejido industrial, corremos el riesgo de que se vuelvan a repetir los problemas detectados.

En Navarra, necesitamos una reforma de la Administración pública que suponga una simplificación de los procedimientos y que conduzca a una mayor transparencia y eficacia. Hay que avanzar hacia la introducción del principio de responsabilidad en la gestión. Y ello conlleva fomentar la productividad y medición de resultados de la propia Administración y a cambiar el sistema de incentivos de los funcionarios. Hay que evaluar todos los programas públicos y establecer su interés, justificación y reconocer si los beneficios de su desarrollo son superiores a sus costes. Si la Administración redujese el número de intervenciones públicas innecesarias en la vida económica, se daría una ventaja singular a las empresas y familias.

Hay que dar un gran salto educativo. Reducir el fracaso escolar en la enseñanza obligatoria, mejorar y aumentar la presencia de la formación profesional, son dos metas irrenunciables. En la enseñanza superior, hay que diseñar mejores incentivos y sistemas de organización para conseguir vincular con más eficacia el capital humano existente en nuestras universidades con las necesidades del entorno social y empresarial. Hay que mejorar la capacidad de competir de nuestras empresas impulsando su internacionalización y  estimulando la adopción de sistemas de gestión más innovadores y avanzados.

Deberían mejorarse los sistemas de negociación colectiva desarrollando una agenda mucho más rica que la actual, centrada sólo en el salario y la reducción de jornada. El debate sobre las nuevas relaciones laborales en la empresa debería orientarse hacia el aumento de la productividad y en cómo aumentar la formación de los empleados. Hay que estimular la cooperación entre las empresas mediante el desarrollo de “clusters” que fomenten la coordinación y el desarrollo de mejoras tecnológicas, organizativas y nuevas prácticas de gestión de los recursos humanos. Y hay que apostar con inteligencia por el desarrollo de negocios emergentes que sean semilla de nuevas actividades con capacidad para crear valor, así como modernizar los que han constituido el núcleo impulsor de nuestra actividad industrial.

Estas reformas requieren de un amplio debate social, la búsqueda de líneas de acuerdo, y, sobre todo, se necesita que la sociedad en su conjunto: instituciones educativas y profesionales, entidades financieras, asociaciones industriales, empresas y organizaciones líderes ofrezcan alternativas y participen en su desarrollo y no sean sólo los dirigentes de los partidos y los sindicatos, que tienen un nivel de información modesto y de representación limitado, los que diseñen el camino.

Las actuaciones seguidas en el Plan Moderna han creado interesantes espacios de encuentro para estimular la participación, y pueden ayudar a que el cambio emerja más desde los cimientos de la sociedad civil y menos desde los intereses de unos pocos.

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