Expansión, 30 de diciembre de 2006
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
Una de las consecuencias irreversibles de la debilidad de un gobierno de coalición es la improvisada cesión de competencias a las Comunidades Autónomas (CCAA), tan perjudicial para la fortaleza de España. No sólo se están produciendo desigualdades e incoherencias manifiestas, sino que además la obsesión de las CCAA de exhibir un carácter distintivo ha conducido a que se promulguen leyes incompatibles con las jurisprudencias superiores.
Otro efecto es la predisposición a reclamar más poder por parte de los gobiernos regionales. Ésta ha llevado al error de asumir competencias para las que no se tenía capacidad técnica. Lo conveniente para España, un país que presenta una enriquecedora diversidad regional, es aplicar, siempre que se pueda, el Principio de Subsidiaridad.

El problema es que no todo es mejor por el hecho de que se resuelva en el ámbito más próximo. Por ejemplo, la directiva sobre el síndrome espongiforme bovino conviene que la dicte el Parlamento Europeo, mientras que la ordenación del territorio la deben dilucidar las CCAA de forma conjunta con los ayuntamientos.

El afán de mostrar una producción exuberante en los parlamentos regionales ha levantado una jungla legislativa impenetrable y ha impuesto una burocracia tediosa. Para tomar decisiones nacionales cada vez es más difícil poner de acuerdo a las diecisiete CCAA. Además, la complejidad de legislaciones superpuestas (internacional, europea, nacional, autonómica y municipal) entorpece cualquier acción personal o empresarial y aumenta el gasto público inútilmente, lo que se traduce en que se pagan más impuestos y se es menos competitivo.

Abuso legislativo autonómico
El abuso legislativo autonómico abruma más cuando invade ámbitos personales. Por ejemplo, la obligatoriedad de aprender el idioma regional para ejercer una actividad que no lo precisa. Esta imposición incomoda especialmente cuando se da la circunstancia de una estancia provisional en la región, así como que a los niños del desplazado se les fuerce a aprender esa lengua como primer idioma, en lugar uno más universal como el español. Me consta que esta exigencia ha hecho que algunos profesionales no acudan a esos territorios.

Es conveniente que nuestros políticos acometan cuanto antes una armonización autonómica que reparta de un modo lógico las áreas legislables entre el Estado y las CCAA. El Estado debiera tener en todos los territorios las competencias imprescindibles para que nuestra nación actúe en bloque en todo el mundo, sin fisuras que disminuyan nuestra ya insuficiente masa crítica.

Cambiar el statu quo no es una misión imposible, sino necesaria. Aunque parezca que armonizar las competencias de las CCAA podría abrir un conflicto a corto plazo, puede compensar, pues en el largo plazo todos saldríamos ganando. Hay que intentar que la asimetría que contempla la Constitución sea compatible con una política común interior y exterior coherente.

Probablemente el único modo de reorganizar nuestro sistema autonómico y que España se dote de una mayor eficiencia es un pacto de Estado entre los dos grandes partidos. El paso previo consistiría en que ambas formaciones, dejando a un lado el electoralismo, hicieran un ejercicio de responsabilidad y prestasen un gran servicio a España: proclamar, sin fisuras, que están de acuerdo en una reforma autonómica concreta. Habría que hacer una buena campaña de opinión para dar a conocer las ventajas de una mejor armonización. Las dos áreas en las que más urge la armonización de políticas son la economía (para competir en el exterior) y la educación.

El concepto de España difícilmente perdurará si no hay unos mínimos comunes importantes en la enseñanza primaria y secundaria de nuestra nación. Si nadie le pone el cascabel al gato, las fracturas en la vieja piel de toro harán que España sea ingobernable. Buena prueba del descontento social hacia el modelo autonómico es el abultado índice de abstención en el referéndum catalán sobre su Estatuto (51%).

Creo que se equivocan los que enfrentan sentirse español y tener identidad regional. Albergar ambos sentimientos evitaría resentimientos obsoletos y favorecería el ajuste que requiere nuestro modelo de Estado.

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