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Como todos los años por estas fechas, el debate fiscal se abre paso hacia la primera fila. Llevamos últimamente en Navarra demasiados cambios en este ámbito y, sobre todo, con demasiada demagogia impregnando esta materia. Hay cuestiones que, aunque sean políticas por excelencia, y el modelo tributario lo es, deberían responder a criterios más estables y de largo plazo.

Tenemos en nuestra Comunidad un derecho constitucional e histórico a regular y gestionar en gran parte nuestro propio sistema. Un derecho no absoluto y que debe respetar la solidaridad con el resto de España. Lo habíamos hecho así durante muchos años y los resultados no habían sido nada malos: hemos recaudado para sufragar uno de los mejores servicios públicos de todo el Estado, hemos atraído inversión, riqueza y empleo, hemos redistribuido la renta, sin comprometer la recaudación, con prudencia. Y esta política, que ha virado en los recientes últimos años, había sido la mayor parte del tiempo consensuada y compartida por las formaciones que representan a la gran mayoría de los navarros.

El nuevo gobierno se ha estrenado en esta materia con tres proyectos de ley, de contenido muy diferente y que merecen diferentes valoraciones. El más general contiene, entre muchas medidas de no demasiado calado, algunas de mayor enjundia, como una deflactación un tanto escasa de la tarifa del IRPF, una mejora de la deducción por I+D en algunos supuestos, la eliminación de la deducción por aportaciones a entidades de capital riesgo -que empeora la canalización de fondos para inversión en empresas- y una relajación de los recargos por presentación de declaraciones fuera de plazo, con el loable propósito de favorecer el cumplimiento fiscal voluntario. Parece que se van a incorporar algunas enmiendas positivas, pero también algunas muy negativas, como las fuertes restricciones a compensar pérdidas para las empresas.

Por tanto, algunas medidas son valoradas positivamente, y otras resultan escasas o directamente perjudiciales. Pero, sobre todo, en este primer proyecto de ley más general se echa en falta una iniciativa clara hacia una mejora de la fiscalidad en general, a favor de familias, trabajo, ahorro, empresas generadoras de actividad, emprendimiento y sucesiones, que nos devuelva a una posición competitiva y atractiva de Navarra, que ya tuvimos antes, y sin que comprometa la generación de recursos públicos. Un régimen fiscal que nos deja en peores condiciones que a otras CCAA, incluido el País Vasco, es perjudicial para nuestra región.

El segundo proyecto de ley pretende zanjar la polémica generada con las prestaciones de maternidad y paternidad y su tratamiento fiscal, hacia atrás y a futuro. El problema es complejo y con muchas connotaciones jurídico-técnicas y, por supuesto, políticas. La solución que se propone, con una sentencia judicial ya por medio que niega la exención de estas prestaciones, no contentará a todo el mundo, pero puede ser una salida a esta difícil cuestión, especialmente hacia el pasado. Pero ello no debería impedir que, si realmente ha habido voluntad política de que estas prestaciones estuvieran exentas, se puedan declarar así en el futuro.

Para terminar, el último proyecto se refiere a la vuelta a la exención en el Impuesto sobre el patrimonio de los bienes empresariales de las empresas familiares. Este tratamiento es el que se da a estas empresas en toda España y Europa. Y tiene su razón de ser en que estas empresas son generadores de riqueza, de inversión, de empleo; las familias forman parte activa de ellas, es su medio de trabajo; pagan sus impuestos como todas las demás; y demuestran con mayor intensidad su arraigo y su compromiso, allí donde están. Por tanto, es una medida muy positiva y que elimina una grave discriminación con el resto de territorios. Y es una medida en la que la gran mayoría de los partidos del arco parlamentario siempre han estado de acuerdo y han llevado en sus programas, y sobre la que esperamos que la altura de miras prevalezca. Dado que esta medida es positiva, esperemos que salga adelante con los apoyos que siempre ha tenido, por el bien de Navarra.

En definitiva, propuestas fiscales las de este año muy variadas: algunas muy acertadas y otras negativas. Pero también, insuficientes. Las propuestas fiscales que corresponden a la situación a día de hoy en Navarra tendrían que ser más ambiciosas. Y deberían estar precedidas de una reflexión profunda sobre la fiscalidad actual de nuestra Comunidad, su peor posición competitiva para familias, ahorro, para la atracción de inversión y empleo, sucesiones. Y sobre la posibilidad real y contrastada de que, utilizando nuestra potestad tributaria con inteligencia y con prudencia, y alejándonos de posiciones partidistas y cortoplacistas, podamos volver a un sistema consensuado en el que se genere más actividad y recursos, se recaude lo necesario para mantener nuestros servicios públicos, y se gestionen los recursos públicos con mayor eficacia. En esto, seguro que la mayoría de los partidos estarán de acuerdo. Y, sobre todo, la mayoría de los ciudadanos.

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