Expansión, 5 de febrero de 2005
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
Francisco González debería acudir a los tribunales para defenderse del injustificado acoso de la Fiscalía. Si se querellara, haría un gran servicio al país al frenar el uso partidista de la justicia.
Francisco González debería acudir a los tribunales para defenderse del injustificado acoso de la Fiscalía. Si se querellara, haría un gran servicio al país al frenar el uso partidista de la justicia.
Calumniar es gratis en este país. Un poderoso grupo de comunicación, que para muchos representa el Gobierno en la sombra, inventó dos informaciones acerca de la venta de la Sociedad de Valores de Francisco González (FG) con objeto de desprestigiarle y que tuviera que renunciar a la presidencia del banco.
La primera, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estaba investigando motu proprio unas irregularidades acerca de esa transacción. La segunda, que el medio de comunicación diera la impresión de albergar información adicional fiable sobre el curso de las indagaciones, difundiendo, incluso, un supuesto borrado informático de documentos comprometedores.
Para entender este atropello, conviene recordar que Manuel Conthe fue nombrado presidente de la CNMV a propuesta de Pedro Solbes, quien rivaliza por el poder económico con Miguel Sebastián, el actual director de la Oficina Económica de La Moncloa. Debió de ser duro para Sebastián ser desplazado por Solbes para el ministerio que públicamente le habían prometido. Asimismo, el derribo del presidente del BBVA puede tener que ver con el enojo de Sebastián hacia Francisco González, quien en público afirmó: “Sebastián no se marchó del banco para entrar en política. Le eché yo por ineficacia e ineptitud”.
Afortunadamente, Manuel Conthe no se ha dejado intimidar. La CNMV ha declarado oficialmente el nulo fundamento de la denuncia y ha decidido no emprender acción legal alguna sobre unas acusaciones sin pruebas, y que, de haber sido ciertas, estarían ya prescritas. Nos equivocamos los que pensábamos que era el punto final del burdo ataque a FG. El todopoderoso fiscal general se ha puesto en marcha para desprestigiar a FG y debilitar, así, su posición en el banco. Se ha equivocado. El BBVA está contento con el excelente balance anual que acaba de presentar FG y ese ataque injusto le está prodigando más apoyo, si cabe, interno y externo.
Daños del acoso
Es nefasto para un país que un grupo mediático ostente tanto poder, y peligroso para la democracia cuando, además, hace causa común con un Gobierno débil y dividido. Si lograran encumbrar a un sujeto servil en la presidencia del BBVA, se garantizarían un apoyo económico que les haría temibles. Si ganaran su envite, es probable que otras compañías también cedieran y la financiación irregular fluiría de nuevo, como en los peores tiempos del felipismo.
Mencionaré tres de los perjuicios ocasionados por el ensañamiento de la Justicia:
1) Que el fiscal general actúe a modo de comisario político y ordene al fiscal anticorrupción la investigación del presidente del segundo gran banco español, cuando la CNMV no le ha encontrado indicio racional alguno de fraude, daña la credibilidad de España, lesiona la percepción de nuestro ordenamiento jurídico e incrementa la prima de riesgo de invertir en nuestro país.
2) Los grandes fondos internacionales tienen enormes carteras de acciones en los bancos. Los gestores de patrimonios invierten en aquellas entidades de depósito del mundo donde están seguros de que la gestión será profesional y no mediatizada por los políticos. Si esos fondos se asustan y comienzan a vender sus participaciones, habrá una pérdida de la cotización de los bancos que pagarán los accionistas.
3) Cuando se acosa a una empresa desde el poder político, la plantilla se desmotiva y su imagen comercial se deteriora, lo que se traduce en unos peores resultados para la compañía atacada.
Es perverso que, cuando los políticos causan conscientemente un derroche económico por motivos partidistas, seamos los contribuyentes los que paguemos. Si se les obligara a que respondieran personalmente de sus despilfarros, andarían más prudentes en el ejercicio de sus atribuciones.
Ataque a la propiedad privada
Lo más grave del intento de echar a FG es el ataque a la propiedad privada, derecho inalienable para que exista libertad y requisito indispensable para que haya creación de riqueza.
Como decía Cicerón: Aequitas tollitur omnis, si habere suum cuique non licet (“no existe ninguna Justicia si a cada uno no le es permitido poseer lo suyo”). Si la sociedad civil no protesta, las coacciones aumentarán. Hoy, para controlar un banco privado, ponen en duda el honor de su presidente: mañana puede ser usted el vituperado. No olvide que tienen el BOE, lámpara maravillosa a la que le pueden pedir cualquier capricho a costa de sus derechos. Duele ver cómo otros presidentes de grandes compañías, especialmente las de sectores sometidos a regulación administrativa, son concesivos con las solicitudes del Gobierno.
No son conscientes de que con ello aumentan su debilidad y caen en la trampa de hacerse prisioneros de una complicidad reprochable. Defender la libertad es una obligación de todos. Como decía Körner: “La vida no vale nada donde falta la libertad”.
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