Diario de Navarra, 16 de mayo de 2006
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
El Parlamento foral debate la posibilidad de poner un sueldo fijo a sus señorías que opten por dedicarse en exclusiva a la Cámara. Los más proclives a este régimen laboral arguyen que la actividad legislativa exige dedicación, por lo que hablan de “profesionalizarla”.
El modo de legislar sobre Navarra es una materia delicada que configura nuestro futuro. Por esta razón conviene superar un debate centrado en situaciones personales y esmerarse en idear un reglamento que asegure la excelencia de nuestras leyes en el largo plazo. Merece la pena entrever las deficiencias de otras cámaras para luego sugerir posibles mejoras a la nuestra. Comenzaré aludiendo al Parlamento Europeo, una institución caracterizada por el arrogante virtuosismo de algunos europarlamentarios, circunstancia que conduce a añadir complejidad a todo lo que les llega de la Comisión Europea. La consecuencia es un volumen de legislación que supera las 90.000 páginas y que, al ser tan inabarcable, mucho de lo que promulga no se cumple. Respecto al Congreso y al Senado españoles, son otras máquinas de producción legislativa. Además, cada vez que cambia el partido que sustenta al Gobierno, los nuevos se sienten en la obligación de enmendar a los anteriores y exhiben una fecundidad reguladora asombrosa. Nuestras Cortes aprovechan poco lo ya legislado en Europa. Les encanta impresionar hasta lo grotesco, como lo prueba la modificación legal del significado de lo que es el matrimonio. En ocasiones, incluso su jurisprudencia resulta duplicativa o incompatible con la establecida en Estrasburgo. Recordemos que además de esos dos niveles legislativos citados están el municipal, el supracomunitario y una cabalgata de organismos autónomos como el Tribunal Superior de Defensa de la Competencia y las Comisiones nacionales del Mercado de Valores y de la Energía. La gran cantidad de instancias legales forma una gran maraña legislativa que impone una burocracia paralizante. Su coste representa un 6% del PIB empresarial. Navarra puede adquirir la ventaja competitiva de menores costes de regulación si se desprende de tanta norma innecesaria y se gobierna con la legislación superior y con la jurisprudencia autonómica más compatible con la de otras regiones. Por supuesto que en los temas fiscales y en lo singular de nuestro Amejoramiento foral habrá que seguir haciendo doctrina propia pero, en lo que no nos caracteriza, mejor no complicarnos la vida con normas propias. El despropósito de la Ley foral de la Sanidad Animal, que obligó un tiempo a ser vegetarianos a perros y gatos, es una muestra. Una buena profesionalización del Parlamento foral no es que sus señorías metan muchas horas en generar más legislación, sino que reciban el asesoramiento de expertos para limitarse a hacer las leyes imprescindibles que nuestra comunidad necesita y para aprovechar todo lo que otras instancias han hecho con demostrada eficacia.

La inteligencia legislativa se demuestra disminuyendo la burocracia, liberalizando sectores, haciendo más simples los procesos, no solapándose con lo que promulgan otras cámaras, teniendo la humildad de asumir la jurisprudencia estatal idónea y ahorrando tiempo (y dietas) de comparecencias y mociones innecesarias. Una región es más libre y competitiva cuando es capaz de regirse con muy pocas, pero muy buenas leyes. Una amenaza a la libertad de la sociedad civil es la obsesión reguladora, que bajo la apariencia de velar por nuestro bienestar, lo secuestra, e impone un modelo único. Este sistema exige tantos tributos que frena la iniciativa personal y ahoga el espíritu emprendedor.

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