En los últimos días nos han sorprendido actuaciones de algunos políticos navarros. Como think tank independiente y liberal apoyamos la libertad de todas las instituciones civiles. En coherencia con este principio, defendemos que el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), el Sr. Ayesa, se pronuncie sobre cuestiones políticas. No entramos a valorar el contenido; sólo queremos manifestar nuestro rechazo a que algunos parlamentarios quieran enmudecer a una entidad que posee el derecho a expresarse. La clase política ha de contar con que los ciudadanos tenemos la prerrogativa de vertebrar la sociedad civil mediante asociaciones, con plena libertad para manifestar nuestros criterios.
Las empresas, los medios de comunicación, las patronales, los sindicatos, la Iglesia, los colegios profesionales y las asociaciones de cualquier tipo tienen no sólo el derecho, sino el deber de pronunciarse en todos los asuntos en los que tengan algo que decir, tanto para orientar a sus asociados como para contribuir al bien común. Si el Sr. Ayesa cree que existe la posibilidad de un pacto entre nacionalistas y socialistas, y que ese pacto puede ser un perjuicio económico para sus empresarios, debe decirlo. De otro modo, no será un buen presidente de la CEN. Por otra parte, si algún empresario no está conforme con el presidente de la CEN, puede abandonar la patronal. Otro ejemplo de rechazo a la libertad ciudadana de opinar se produce con la Iglesia. Es criticada cuando orienta a sus fieles acerca de leyes inadmisibles desde la doctrina católica. Aunque sus puntos de vista molesten al partido político que ha propuesto dichas normas, su derecho a discrepar es incuestionable.
No es intrusismo que los líderes de la sociedad civil expresen sus opiniones políticas. Sin embargo, no es tolerable que los políticos utilicen las cámaras legislativas para criticar cuestiones cuya competencia corresponde de modo exclusivo a la iniciativa privada. Su conducta supone un entrometimiento en la economía de mercado y en la libertad de las personas. Por ejemplo, son los accionistas y no los parlamentarios quienes tienen el poder soberano de dilucidar qué retribuciones son las adecuadas para sus directivos.
Pese a la dureza de estas críticas, queremos decir que la Institución Futuro es en su esencia una expresión clara de la sociedad civil, lo que significa que no mantiene vínculos políticos. Nuestra independencia ha supuesto mostrar el desacuerdo con el Ejecutivo foral o con los partidos de la oposición cuando lo hemos creído justificado. Ahora bien, nuestra crítica ha sido siempre constructiva, y se ha expresado con delicadeza. Nos gustaría que nuestros políticos tuvieran la gallardía de ver en este artículo un estímulo para ennoblecer su trabajo.