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Y este año, con la pandemia, la crisis sanitaria y la consecuente crisis económica, no parece que sea el mejor momento para aprobar una legislación tan importante.

La futura ley de educación, la Lomloe, o también llamada Ley Celaá, está siendo polémica por diversos motivos. Para empezar, por el mero hecho de que el Gobierno plantee la octava reforma educativa en cuarenta años. Cada nuevo gobierno en España ha aprobado su propia ley, habitualmente con prisas para evitar que fuera derogada antes de que pudiera entrar en vigor. Y este año, con la pandemia, la crisis sanitaria y la consecuente crisis económica, no parece que sea el mejor momento para aprobar una legislación tan importante y que afecta a tal cantidad de ciudadanos.

Entrando ya al contenido de la ley, un primer aspecto motivo de disputa ha sido el ataque hacia la educación concertada. Un concierto que precisamente se estableció en 1985 por parte del Gobierno socialista. Recordemos que son centros concertados aquellos centros privados con los que las administraciones suscriben acuerdos para ser sostenidos con fondos públicos.

Para muchas organizaciones representantes de la educación concertada, la propia ley y las enmiendas presentadas refuerzan de manera inequívoca el objetivo del Gobierno de incrementar la enseñanza pública a costa de reducir progresivamente la enseñanza concertada hasta su eliminación. Además, las 117 enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos –más las 54 de este último partido en solitario– parecen ir encaminadas a incrementar el número de plazas públicas, socavar la complementariedad de redes pública y concertada, suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir aulas, o aumentar el control de la Administración en el proceso de admisión de alumnos, además de eliminar el concepto de demanda social.

No parece que ese acoso y derribo hacia la educación concertada esté justificada sino es por motivos ideológicos y políticos. Porque si nos basamos en los datos, no se entiende el porqué de esta ley. En España el 67,1% de los alumnos en el curso 2018-2019 estudiaba en centros públicos, el 25,6% en concertados y el 7,3% en centros privados. Ahora bien, las diferencias entre comunidades autónomas son más que notables. En el País Vasco casi el 50% de los alumnos estudia en centros concertados, el mayor porcentaje de toda España, seguida de Navarra con el 33,7%. Estos datos no son fruto de la casualidad; la cantidad de centros pertenecientes a congregaciones religiosas, ikastolas y cooperativas justifica en buena medida las cifras. En otras comunidades como Castilla-La Mancha o Canarias no superan el 16%.

En el caso concreto de Navarra, el 33,7% de alumnos en centros concertados aumenta a más del 40% en las zonas donde existe más oferta de este tipo de centros. Así que, desde el punto de vista de libertad de elección, la concertada es un modelo que sí es demandado por la población.

Si pensamos en la calidad de este tipo de centros, tampoco se entiende que se quiera reducirlos. Estudios como el nada cuestionable PISA, elaborado por la OCDE, confirman que los resultados de la concertada en Navarra son mejores que los de la pública, y en ocasiones superiores a la media nacional. En la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) se corroboran esos mismos resultados. Tampoco el número de repetidores o la tasa de absentismo justifica el ataque de la Ley Celaá.

Un último argumento, casi más relevante que el resto, es el económico. Eliminar la concertada supondría casi 100 millones de euros anuales (teniendo en cuenta que el coste por alumno de la publica asciende a 5.950 euros y el de la concertada 3.500). Ese sobrecoste permanente tendría que asumirlo la Administración, sin contar aspectos como la contratación de docentes (convocar una oposición supone un coste que depende del número de tribunales que haya que constituir) o la compra o alquiler y acondicionamiento de centros escolares, puesto que la Administración no contaría en estos momentos con espacio suficiente para acoger a todo el alumnado de la concertada.

La Ley Celaá también incluye aspectos más que discutibles, como que los alumnos puedan obtener el título aunque tengan asignaturas suspensas, que no puedan repetir curso en primaria o, sobre todo, el que el español deje de ser la lengua vehicular de la enseñanza, lo que implica restar apoyo al derecho a recibir un 25% de la enseñanza en castellano.

En definitiva, el atropello que la Lomloe supone para la concertada no se entiende desde un punto de vista racional, sino totalmente politizado e ideológico. Jugar con la educación resulta peligroso, nos estamos jugando el futuro de nuestro país.

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