En su razonamiento, Illarionov muestra que el PIB per cápita de la Europa de los seis primeros miembros (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda) cayó del 2,0% en el periodo del 1987-1995 al 0,6% en el año 2005. Por el contrario, en ese tiempo, el crecimiento mundial subió del 1,3% al 3,4%.
La primera hipótesis que se plantea desde estos datos es atribuir este menoscabo económico al coste de la ampliación. Illarionov demuestra que la suposición no es cierta, basándose en que el PIB per cápita de la Europa de los quince (UE-15), como porcentaje del de EEUU, descendió del 78% al 73%, mientras que esta cifra aumentó en el conjunto de los diez últimos países incorporados (UE-10) del 30 al 37%.
Relación directa
Una segunda hipótesis es la imputación de este declive al aumento del peso del Estado en la economía. El sector público supone (medido en porcentaje de PIB) un 17,55% en China, del 33,6% en EEUU y del 48,4% en UE-15. A su vez, el peso del sector público promedio de la UE-15 en el período 1991-2005 ha sido diecisiete veces mayor que en la UE-10, habiendo crecido estos nuevos miembros casi dos veces más rápido que el de los quince más antiguos. De otro lado, la correlación entre el tamaño del Estado y el crecimiento económico es negativa en el conjunto de la Unión Europea.
Basándose en estos datos, Illarionov concluye que aquellos países donde el tamaño del sector público ha crecido más, el crecimiento económico ha sido menor. Los países donde ha sido mayor la desviación entre el porcentaje del gasto público (sobre el PIB) y el crecimiento del PIB son de mayor a menor: Suecia, Francia, Dinamarca e Italia, Bélgica, Holanda y Alemania.
Si repasamos las cifras para España, se aprecia que el gasto público (en porcentaje de PIB) importó un 38,64% en el año 2004. Esta ratio no sería tan preocupante si no fuera por estos otros datos: el crecimiento tiene un fundamento débil (construcción y demanda interna), la tasa de inflación es la más alta de la eurozona (4,1%), la balanza de pagos por cuenta corriente se saldó en el 2005 con un déficit de 29.000 millones de euros y nuestra productividad deja mucho que desear.
¿Qué lecciones se puede sacar nuestro país de la tesis de Illarionov? La principal responde a la máxima de Lampedusa, todo tiene que cambiar para que todo siga igual. O se acometen reformas económicas que atenúen el gasto público y aquellas otras que estimulen la competitividad de las empresas, o nos va a venir una crisis para la que no estamos preparados. Un ejemplo: la caída de las exportaciones puede provocar un desempleo que ponga a muchas familias en graves dificultades pagar la hipoteca de su vivienda.
¿Serán capaces nuestros políticos de proponer unas medidas impopulares, cuyos beneficios no serán perceptibles de modo inmediato? Sinceramente, no lo creo. Lo peor es que están dejando pasar el mejor momento para implantar las políticas que la nación necesita. Quizá nuestros gobernantes no ven los riesgos de nuestra economía o, lo que es peor, se han creído su permanente proclama electoralista: todo va óptimo.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos aparte de tomar nuestras cautelas para no propiciar la crisis? La solución es empezar a ser más exigentes con los que nos gobiernan. Hay que decirles las verdades que no quieren oír. Muchas veces, los políticos no asumen su responsabilidad por la pasividad de los ciudadanos y el que no llora no mama. Hay que ser menos correctos y más eficientes si queremos evitar el previsible deterioro. Nos debemos pronunciar con contundencia aprovechando todas las tribunas posibles. Hay que hacer patente nuestro descontento. Si todos nos lo proponemos, nos respetarán más y mejorará el factor clave del desarrollo inteligente: la libertad económica.