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En los atribulados momentos económicos que vivimos todo el mundo recorta sus gastos menos el estado. El resultado de ello es que, si hubiera que buscar un nombre para el trabajador medio español tras pagar la factura de la luz, el combustible, la cesta de la compra, la vivienda y los impuestos correspondientes, ese nombre sería el de “pobre”. Comienza a notarse un progresivo acercamiento del clima social al punto de ebullición del que son síntomas las protestas de los transportistas, los pescadores, los agricultores, los ganaderos y los autónomos, y del que es la razón de fondo el empobrecimiento general de la población.

 

Frente a una situación tan grave, la única excusa que podría presentar el estado para no recortar sus gastos, ajustar las cuentas y aflojar la carga fiscal sobre los sueldos y precios, es que o todo lo que hace es absolutamente imprescindible, o que todo lo hace tan eficientemente que sería imposible hacer lo mismo gastando menos y gestionando mejor.

 

 

 

Respecto a lo primero no hace falta más que pasar lista a la mitad de los ministros del gobierno para entender hasta que punto se podría podar la estructura y el gasto de la administración. Generosamente hemos dicho podar, pero en muchos casos cabría decir talar. Por no recordar que a los transportistas se les están ofreciendo ayudas de 500 millones para pagar el combustible (las cuales salen de los impuestos sobre el combustible que previamente pagan) a la par que Irene Montero anuncia un gasto de más de 20.000 millones en Igualdad. Que nos aseguran para justificarlos que no es para chochocharlas ni para repartirlo entre las sororas sino para cosas chulísimas pero no es verdad, o como mucho una media verdad.

 

 

 

Respecto a lo segundo, Institución Futuro hace mención en su boletín semanal a un hecho notable, señalado en un artículo publicado en El Mundo. Resulta que en la crisis pandémica, sus prolegómenos y sus coletazos, hemos pasado de 3,25 millones de empleados públicos a 3,47 millones de empleados públicos. Todos sabemos además que los sueldos públicos son mucho mayores que los sueldos privados. Sin embargo, las horas trabajadas semanales en el sector público han pasado de 101 millones de horas a 97 millones de horas. Es decir, el número de asalariados públicos aumenta, pero el número de horas trabajadas disminuye. Cuantas menos horas trabajan los asalariados públicos, más asalariados públicos hacen falta para hacer el trabajo.

 

 

Como remate podríamos añadir el dato de que, según el INE, las horas efectivas semanales trabajadas por los asalariados del sector público son 28,2 frente a las 30,8 de los asalariados del sector privado. El gobierno nos exige pagar y pagar impuestos aunque ya no podamos más, pero al mismo tiempo salta a la vista tanto que el gobierno podría recortar muchos gastos superfluos o cuando menos no esenciales, como que el gobierno podría hacer lo mismo gastando mucho menos si gestionara mejor.

Institución Futuro
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