Diario de Navarra, 28 de mayo de 2010
Emilio Huerta, director del Centro para la Competitividad de Institución Futuro
La crisis económica está exigiendo un análisis riguroso y un diagnóstico comprometido con la realidad. Después de unos años donde la demanda privada y pública; el consumo, la inversión y el gasto, se han desarrollado de forma exuberante impulsadas por un fortísimo endeudamiento, viene el tiempo del ajuste. Hemos crecido demasiado, por encima de nuestras posibilidades y además lo hemos hecho endeudándonos; ahora toca hacer frente a nuestras obligaciones y tenemos dificultades para ello.

Las deudas del país, el endeudamiento de las familias, las empresas no financieras, los bancos y cajas y el déficit del sector público, al final, hay que devolverlo.

En este marco, las medidas emprendidas por la administración del Estado y las más recientes de nuestra Administración foral apuntan a un ajuste notable de los gastos con los ingresos que se obtienen. No podía ser de otra manera. El recorte de las retribuciones de los empleados públicos; la reducción de la inversión pública y la revisión de algunos programas sociales se orientan a ello. Estas iniciativas representan capítulos importantes del presupuesto, se modifican de forma rápida y ofrecen un ahorro significativo para equilibrar los ingresos que se han reducido de forma dramática, con los gastos. Hay que adaptar el nivel del gasto público a nuestra capacidad impositiva. Toda la sociedad debe vivir más acorde con las posibilidades reales.

 

Pero después de esta cirugía de urgencia, se impone un análisis más sofisticado y exigente que contemple temas de alcance del funcionamiento de la administración pública.

 

Hay que repensar el tamaño y las actividades asociadas con la intervención pública. Qué programas, planes e iniciativas se justifican y cuáles no. La administración se ha ido ensanchando con intervenciones poco meditadas. Muchas de estas actuaciones difícilmente pasarían un test de oportunidad, la superación de un fallo de mercado o de defensa y protección de los intereses colectivos.

 

Hay que abordar el debate de la productividad y los salarios en la administración. Los salarios en el espacio público no son elevados. La remuneración en los niveles intermedios y superiores es más baja que la que se establece, para una responsabilidad similar, en los ámbitos privados. Hay una falta absoluta de discriminación a favor de los más competentes, que son los mejores y los más productivos. Por ello hay que evaluar la actuación de los empleados públicos y ligar competencia, responsabilidad y resultados con salarios. No todos los funcionarios que han superado una oposición desarrollan su trabajo con la misma eficacia, dedicación y compromiso.

 

Hay que pensar en sistemas innovadores de provisión de los servicios. La financiación puede ser pública pero la prestación de los mismos puede realizarse desde distintos formatos para su gestión, utilizando técnicas empresariales sensibles al coste y a la eficiencia.

 

Se deben establecer sistemas de incorporación flexible de los trabajadores y salarios relacionados con el nivel de competencia y esfuerzo. Ya va siendo hora de olvidarnos de pruebas memorísticas para seleccionar a los empleados públicos y del empleo para toda la vida. Resulta urgente diseñar carreras profesionales potentes y bien definidas. 

En definitiva, las dificultades y sacrificios que colectivamente vamos a tener que hacer para superar esta situación, deben llevarnos también a reconocer nuevas oportunidades para innovar y repensar el papel y la forma de organizar el espacio público. La solución a medio plazo no pasa por una devaluación de los salarios y una pérdida de cualificación y prestigio de los empleados públicos y sus tareas. Así no mejoraremos ni la educación, ni la sanidad, ni la justicia, actividades todas ellas imprescindibles para avanzar como sociedad. La alternativa para tener unos servicios públicos de calidad pasa por una reorganización de la intervención pública. Necesitamos una administración focalizada y competente, que incorpore a su gestión muchas iniciativas y fórmulas que evalúen costes y beneficios, para seguir avanzando hacia una sociedad donde la igualdad de oportunidades y la meritocracia sean una realidad. El papel de la administración es demasiado importante como para improvisar soluciones o simplemente no actuar.

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