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La ley sobre deslocalizaciones va a suponer un freno al crecimiento económico de nuestra comunidad, que cada vez resulta menos atractiva para los inversores.

Que el empleo se ha resentido a raíz de la pandemia es una obviedad. A nivel nacional se han perdido más de 55.000 empresas, que con una media de 15 personas por compañía, supone una pérdida de empleo de 825.000 trabajadores. Empleo perdido en el sector privado. Mientras tanto el sector público contrató a más de 100.000 trabajadores con lo que alcanzó un nuevo récord histórico, con más de 3,3 millones de trabajadores, sin que se hayan producido Ertes, Eres o despido alguno. En resumen, en España trabajan unas 700.000 personas menos que hace un año, sin contar otras 700.000 personas que están en ERTE, que computan como ocupados.

En esta situación, es imprescindible ayudar a que se mantengan todas aquellas empresas viables para que se recuperen cuanto antes y el impacto en el empleo sea el menor posible. Ni qué decir tiene que la estabilidad jurídica y la reducción de trabas administrativas, junto con una rebaja fiscal -que en Navarra no va a producirse- ayudarían a la citada recuperación. La ayuda a la creación de nuevas empresas debiera estar entre las prioridades del Gobierno. Por desgracia, el anteproyecto de Presupuestos de Navarra no va por ese camino.

Parece que en la Comunidad Foral vamos a contracorriente. En vez de fortalecer y ayudar al que crea empleo, en lugar de hacer de nuestra tierra una región atractiva para que más empresas decidan instalarse, en vez de esforzarnos por atraer nuevas inversiones a través de un marco fiscal estable y competitivo… lo que se está proponiendo es poner mayores trabas a la empresa.

El último ejemplo lo encontramos en la Ley foral sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización empresarial impulsada por Bildu en el Parlamento para penalizar a las empresas que se deslocalicen y trasladen su producción fuera de Navarra. Será el Gobierno de Navarra el que declara la deslocalización cuando se produzca una reducción del 50% en el empleo y afecte al menos a 25 trabajadores. Una vez hecho, la empresa deberá reintegrar las subvenciones percibidas en los últimos ocho años junto con el interés de demora, además de un recargo del 20% del importe de las subvenciones.

Si una compañía se instala en Navarra -pagando sus impuestos religiosamente- y por diferentes cuestiones el negocio no va bien y tiene que reducir personal, o incluso cerrar, el principal perjudicado, siempre, va a ser el empresario que ha decidido realizar la inversión y se ha jugado su dinero. Todas las Administraciones debieran intentar ayudar a la inversión privada con el objetivo de retornar los desembolsos realizados mediante la creación de empleo y los ingresos fiscales que le acompañen, junto a la actividad del negocio.

Esta apuesta a veces sale bien y el retorno es casi inmediato y otras no se consigue. No se puede ganar siempre. Pero jactarse, como lo hizo la semana pasada el representante de Podemos Mikel Buil de que “es la primera ley en todo el país que se va a hacer contra la deslocalización; eso es un éxito y estamos orgullosos de ser vanguardia” da que pensar… Si tan buena resulta esta ley, si tan novedosa y vanguardista resulta, imagino que no tardaremos mucho en verla también en el País Vasco. ¿O no? ¿O es que Bildu plantea diferentes políticas económicas regionales dependiendo de en qué región se encuentre?

Me resulta preocupante que nuestros representantes políticos, cuando justifican esta nueva ley, pongan el ejemplo de que Gamesa hubiera tenido que devolver las ayudas recibidas por el Gobierno en los últimos 8 años, si finalmente llega a cerrarse la planta de palas de Aoiz.

Les recuerdo que Gamesa fue una iniciativa del Gobierno de Navarra (Gamesa eólica) en el año 1994. Desde entonces, la compañía ha creado miles de puestos de trabajo de calidad, atrayendo capital humano de fuera de nuestra comunidad y ha ingresado cientos de millones de euros por los distintos impuestos. Ha conseguido llegar al liderato mundial de las energías renovables y se ha fusionado con Siemens, líder mundial del sector industrial.

Este ejemplo de éxito será difícilmente repetible. En vez de poner a Gamesa como ejemplo de mal hacer, considero más inteligente acercarse a los responsables de la empresa para buscar una solución conjunta y poder recolocar o dar nuevo empleo a los trabajadores de Aoiz.

La ubicación de la planta de Aoiz ha condicionado su continuidad. Las palas de 20 metros de longitud que se fabricaban en los años 90 se han convertido en palas de casi 100 metros para los aerogeneradores actuales. La logística desde Aoiz complica el poder seguir apostando por dicha planta. Gamesa en Aoiz ha creado durante 20 años cientos de puestos de trabajo y ha contribuido muy positivamente a las arcas del Gobierno de Navarra en relación a las ayudas recibidas.

Si en estos momentos ya resulta complicado sacar a las empresas adelante, la ley sobre deslocalizaciones va a suponer un freno al crecimiento económico de nuestra comunidad, que cada vez resulta menos atractiva para los inversores. Aunque resulte una obviedad, recordemos que el gasto público se sustenta en buena medida por los impuestos de las compañías. Ese gasto público que permite el aumento de funcionarios antes mencionado. Y si no vienen empresas, desincentivadas además por la elevada presión fiscal de Navarra, me temo que seguiremos con ese leitmotive que denunciaba el economista Diego Barceló en un reciente artículo: “El empleo, público, y el paro, privado”.

José María Aracama Yoldi Presidente del think tank Institución Futuro

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