Diario de Navarra 25 de noviembre de 2009
Javier Troyas, presidente de Institución Futuro
El modelo económico imperante durante los últimos años contiene una serie de fallos graves puestos de relieve por la actual crisis económica. El excesivo peso de la construcción ha demostrado que la economía española, si quiere ser fuerte, no puede seguir apoyándose en el “ladrillo” tanto como lo ha venido haciendo. La contracción de la economía, la caída del consumo y el aumento del desempleo son algunas de las consecuencias más nefastas de un modelo que parece agotado.

Una vez diagnosticada la situación, tanto el Gobierno de España como los autonómicos están buscando un nuevo modelo que pueda servir para salir de la crisis, que tarde o temprano se superará, pero también para continuar creciendo en el tiempo. El Gobierno de la nación ha anunciado que el próximo viernes, 25 de noviembre, se aprobará la Ley para la Economía Sostenible (LES), de la que por ahora se conoce más bien poco. Su objetivo consiste en reducir el peso de la construcción en el PIB y, al mismo tiempo, en incentivar otras actividades más productivas e innovadoras.

Hay que admitir que el concepto de "economía sostenible", un tanto manido, vende mucho. ¿Quién no apoyaría un modelo respetuoso con aspectos sociales y medioambientales si además genera riqueza para el conjunto de la población? La sostenibilidad se ha convertido, pues, en una cuestión recurrente para la mayoría de nuestros líderes políticos: a su juicio, alumbrará un modelo económico menos perverso y mucho más justo.

Como era de esperar, el Gobierno central también se ha subido al carro de la sostenibilidad mediante la citada ley. Sin embargo, el anunciar a bombo y platillo tal reforma sin haber puesto sobre la mesa una propuesta global y rigurosa, con medidas visibles, provoca que, al menos a priori, el cambio prometido suene más a propaganda política que a un proyecto meditado y solvente.

Por su parte, el Gobierno de Navarra lleva más de un año trabajando en la definición y puesta en práctica de un modelo económico que, en vez de estar basado en el empleo, se sustente en la productividad. A este proyecto, el Plan Moderna, no se le ha puesto la etiqueta de "economía sostenible", pero muchas de las ideas surgidas de él son positivas. Su meta cuantificable es que Navarra figure entre las 20 regiones más ricas de Europa -en la actualidad ocupa el puesto 34 de 271. Además, se pretende potenciar factores tan decisivos como recursos humanos y talento, actividad emprendedora, mejora de la eficacia y productividad de la Administración Pública, etc.

El Plan Moderna, como es lógico, puede gustar más o menos, e incluso ser objeto de discrepancias sustanciales con el modelo defendido en sus conclusiones. Lo que no se le puede negar es su espíritu de mejora y, sobre todo, la sensación de que adopta un enfoque realista ante la situación en que nos encontramos. Otra prueba de su validez es que el Gobierno está trabajando en el Plan en conjunción con el PSN, la Confederación de Empresarios de Navarra, los sindicatos UGT y CCOO y las dos universidades de la Comunidad Foral, lo que implica un pacto social destacado.

Con independencia de los diferentes modelos económicos que se consideren pertinentes y oportunos para superar esta crisis, hay una serie de conceptos que, en mi opinión, deberían constituir la columna vertebral de todos ellos. El principal, que, como decía recientemente el catedrático de derecho del trabajo Federico Durán, un verdadero estado de bienestar no es aquel que subsidia el desempleo, sino el que genera puestos de trabajo. A ese respecto, conviene precisar que la mala fama del sector empresarial parece injusta, porque sin duda son los empresarios quienes crean riqueza y empleo para la sociedad.

En relación a los subsidios y el gasto social, creo que debería cambiar el principio básico. Cuando alguien recibe del Gobierno una ayuda social, hay que ser conscientes de que ésta no sale por arte de magia del erario público, sino que procede de los impuestos aportados por el resto de los ciudadanos. Reconocer este hecho no supone que deban eliminarse las ayudas al desempleo y otros gastos sociales, y menos aún con la actual tasa de paro. Pero resulta decisivo admitir que la estrategia de aumentar el gasto público no es sostenible en el largo plazo cuando, a causa de la crisis, los ingresos han disminuido.

Si Gobierno y sociedad civil no hacen suya esta serie de conceptos, mucho me temo que las reformas del modelo económico, sean de la índole y el color que sean y se apliquen de manera regional o nacional, carecerán del factor primordial del que depende su éxito: que todos seamos realistas respecto a los ingresos y los gastos a los que la Administración puede hacer frente y sepamos, por tanto, que, para bien o para mal, el gasto público derivado de cualquier clase de modelo económico lo acaba pagando toda la sociedad.

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