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Se controla la ejecución presupuestaria formal, pero falta una evaluación que examine la idoneidad de los instrumentos utilizados y su rentabilidad social.

Todos los días se enuncian planes que van a cambiar el funcionamiento de nuestra economía y ofrecen expectativas de avanzar hacia una sociedad más próspera. Nos anuncian grandes transformaciones: la energética, la digital, la del talento, la social y medioambiental. Pero los ciudadanos observamos perplejos cómo más ordenadores no mejoran la productividad ni los salarios, más competencias digitales no mejoran la educación, más consultas médicas virtuales empeoran la atención, confianza y calidad de nuestro sistema de salud y más digitalización no reduce la carga burocrática ni los formularios que la administración pública exige, ni mejora la calidad de los servicios públicos.

Ante cualquier problema se publicita un nuevo plan que resulta ser un conjunto de buenos propósitos, una matriz de amenazas y oportunidades sin demasiado orden, un conjunto de medidas sin priorizar, ni presupuestar, sin evaluar sus costes ni beneficios. Con la llegada de fondos del Next Generation a Navarra vamos a disponer de una importante cantidad de dinero público para facilitar la transición energética, invertir en nuevas tecnologías y resolver algunos de los déficits de nuestra economía y administración. Pero hay que actuar con rigor. La evidencia de la gestión pública indica que los planes que impulsan muchas instituciones fracasan en la mayoría de los casos, en la etapa de su implementación. La ejecución es clave para desarrollar iniciativas transformadoras. Por eso hay que situar en el centro del debate no sólo qué se quiere hacer desde la administración si no sobre todo, cómo se va a hacer. Y aquí no hay razones para el optimismo. Vemos como muchas intervenciones se siguen realizando desde una organización burocrática, poco flexible, amparada en una jungla de normas y procedimientos y poco orientada a satisfacer las expectativas de los ciudadanos.

La administración trabaja siguiendo reglas y procedimientos farragosos, construidos desde la desconfianza, sin especificar los objetivos que se pretenden alcanzar, sin medir resultados y sin rendir cuentas de su eficacia social. Se mantiene una estructura organizativa con compartimentos estancos, pequeños reinos de taifas donde cada departamento lucha por conseguir más presupuesto, más poder e influencia política y nadie pone orden y fija responsabilidades y prioridades. La inercia y la búsqueda de más visibilidad política y mediática orientan la acción política.

Existe, no hay duda, un control administrativo desde la intervención: dietas, facturas, gastos asociados a los conceptos contables, pero ¿existe un control sobre el cumplimiento de los objetivos? Una visita a la web de Gobierno Abierto y a su apartado de “seguimiento de planes y programas aprobados” resulta decepcionante. Uno tras otro se enumeran los planes de este gobierno y otros anteriores pero el apartado “Acciones desarrolladas” está mayoritariamente en blanco y el de “Resultados” o “Cumplimiento de objetivos” sencillamente no existe. Todos esos planes se han llevado a cabo pero sus posibles efectos son desconocidos. ¿En qué consiste el seguimiento? ¿En la comprobación de facturas? ¿En contar el número de personas que asistieron a una conferencia?

Nos encontramos con unos sistemas de decisión donde prima la ausencia de responsabilidades individuales y de grupo. Se siguen las instrucciones y nadie, ni empleados públicos ni responsables políticos, se responsabiliza de los resultados ante los ciudadanos. Eso sí, se controla la ejecución presupuestaria formal y se toman como dadas, las iniciativas existentes pero falta una evaluación que examine la idoneidad de los instrumentos utilizados y su rentabilidad social. Además, no existen evaluaciones externas rápidas y flexibles, realizadas por agencias independientes donde se haga crítica de las intervenciones realizadas y se discuta su impacto en el bienestar.

Sobre el capital humano tampoco el panorama resulta alentador. Nos encontramos con empleados públicos bien formados, seleccionados de forma exigente pero que trabajan en un marco institucional poco motivador. Empleados competentes encerrados en un sistema donde es mejor no actuar y no innovar, quedarse quieto y no resolver las cuestiones que interesan a los ciudadanos si eso conlleva asumir el riesgo de buscar caminos nuevos y ofrecer soluciones distintas que cuestionen las reglas establecidas.

Este escenario es sin duda, muy mejorable. Estamos ante una forma de ejecutar las estrategias públicas poco alineadas con la eficiencia y eficacia del gasto. Con estas instituciones, lo más probable es esperar no sólo un aumento del gasto que incremente los déficits económicos futuros sino también, que se produzca un déficit de resultados. Por eso resulta urgente cambiar esta dinámica. Estamos a tiempo de introducir mecanismos y sistemas ágiles de rendición de cuentas ante los ciudadanos. Se debe potenciar la evaluación de los programas públicos y mejorar su trasparencia y ejecución y como recomienda la CNM y Competencia, para recibir ayudas públicas hay que pro-mover la concurrencia entre empresas, especialmente grandes y pymes, y utilizar mecanismos competitivos para su adjudicación. En suma, hay que reformar con urgencia las estructuras de intervención pública. Es urgente generar reglas que estimulen la trasparencia, la evaluación y la rendición de cuentas, si no queremos correr el riesgo de que muchas políticas económicas que se puedan desplegar con los fondos europeos fallen e incumplan las expectativas de prosperidad para los ciudadanos.

Emilio Huerta, Catedrático UPNA y exmiembro de Institución Futuro

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