Diario de Navarra, 25 de marzo de 2008
Julio Pomés, director del ‘think tank’ Institución Futuro
Es indudable que es más limpio que los políticos no cobren un exceso de tributos, para luego exhibir generosidad (con el dinero ajeno) al restituir lo injustamente recaudado. También resulta insultante la actitud de ‘propietarios del dinero público’ que adoptan algunos gobernantes, cuando lo adecuado sería que se sintieran administradores con una obligación inexcusable: la optimización de la rentabilidad del dinero de todos.
La estrafalaria campaña electoral que hemos padecido, con pujas de regalos oportunistas para capturar los votos de los más impresionables, avergüenza a cualquiera que se tome en serio la política. La promesa más esperpéntica ha sido la de devolver 400 euros a los contribuyentes. ¡Qué presuman de este falso obsequio ofende la inteligencia! Esa indemnización lo que demuestra es que habían abusado de su autoridad al imponer tributos desmedidos.

Es innegable que ha habido un exceso de recaudación, tanto en Navarra como en el resto de España, provocado, entre otros motivos, por una deflactación insuficiente de la tarifa del IRPF. Este exceso proviene de los dos puntos de aumento de la presión fiscal en los últimos cuatro años, lo que ha supuesto en el caso del Estado un ingreso extra de 6.000 millones. Si no hubiera comenzado una crisis lo equitativo sería que se devolviera a cada contribuyente la cantidad cobrada de más. Al margen de que la situación económica es complicada, conviene advertir que un reparto igualitario es injusto por ser muy diferentes las declaraciones de los contribuyentes: están los que debieran devolvérseles más de 400 euros y también otros, los más desafortunados, que no declararon por estar exentos y que no recibirían nada.
Zapatero no quiso tener en cuenta al hacer su promesa la disminución de ingresos fiscales que supone la crisis, ni tampoco que la previsión del crecimiento del PIB será, por lo menos, un punto inferior a sus previsiones. De ahí que lo prudente sería que hiciera un ejercicio de responsabilidad y explicara que la necesidad de una mayor austeridad obliga a postergar la devolución prometida. Sin duda el más agradecido de esa medida sería Solbes, quien sabe que la crisis afecta a España de un modo más grave que a la Unión Europea en varias variables: caída del sector inmobiliario, descomunal déficit de la balanza de pagos, descenso del consumo interno, aumento del desempleo, escaso atractivo para atraer inversiones extranjeras y especialmente la baja competitividad. Estas razones apoyan que sería económicamente suicida esa devolución.
Un segundo aspecto que merece la pena revisar la postura del Ejecutivo foral ante la electoralista promesa de Zapatero. Hay que dejar bien claro que al Gobierno de Navarra no le afecta este compromiso, ni legalmente, por ser nuestro régimen fiscal del IRPF independiente, ni políticamente, porque la promesa no la hizo Miguel Sanz. Es verdad que el Consejero de Hacienda, ante la crisis que se vislumbraba en el horizonte, no deflactó las tarifas en la medida del IPC como cautela para provisionar la probable merma de ingresos fiscales, pero eso no le obliga a devolver nada. Dicho esto conviene decir que si Zapatero decide que el Ministerio de Hacienda devuelva los 400 euros los navarros no podemos ser discriminados y percibir también, como una prestación más del Estado, ese retorno.
Por último añadir que hay una razón, más definitiva si cabe, para que el Gobierno de Navarra evite que la devolución corra a cargo de la Hacienda foral: la necesidad de que nuestra comunidad tenga sus cuentas sin déficit para que pueda adelantar la llegada del Tren de Alta Velocidad. Todos los navarros sabemos que ese proyecto es crucial para el futuro de Navarra y que no puede correr riesgo alguno por una promesa electoral ajena.

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