El informe publicado por Institución Futuro muestra los datos sobre la Encuesta de Condiciones de Vida 2019 publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, que arroja información sobre ingresos y situaciones de pobreza en España.
Uno de los datos más relevantes es el referente a los ingresos medios anuales por personal. Los más elevados se dieron en País Vasco (15.300 euros), Madrid (14.199) y Navarra (13.937). Por su parte, los ingresos medios anuales más bajos se registraron en Extremadura (8.796 euros), Murcia (8.956) y Andalucía (9.160). Aunque el informe del INE se refiere a 2019, los datos se toman del año anterior.
Además, desde la Institución afirman que «el INE incluye información referente a la tasa AROPE (tasa de riesgo de pobreza o exclusión social) y al riesgo de pobreza por CCAA». Se comprueba que en ambos casos la Comunidad foral poseía en 2019 los porcentajes más bajos, seguida de País Vasco y Baleares. En el otro extremo se encontraban Extremadura, Andalucía y Canarias, con las tasas más elevadas.
Por otro lado, se concluye que «en Navarra los datos son más que positivos a este respecto, aunque es previsible que con la crisis del Covid-19 estos varíen a peor en todas las Comunidades Autónomas». Asimismo, un informe publicado en julio de este mismo año por la European Anti Poverty Network «El paisaje del abandono. La pobreza severa en España», incluye información sobre las rentas mínimas de inserción (en Navarra, la llamada renta garantizada).
Se comprueba que la posición ventajosa de Navarra a este respecto, al existir en la Comunidad Foral una cobertura del 100%, es decir, que la renta garantizada cubre a todas las personas en situación de pobreza severa. Además, la cuantía mínima es en Navarra la segunda más elevada, y la máxima, la mayor de todas las CCAA.
«Las cifras de número de perceptores de la renta mínima en Navarra no han dejado de aumentar desde 2014, como ya apuntábamos en otro gráfico de la semana, como tampoco lo ha hecho su coste para las arcas públicas. También es de prever en este caso que las cifras de perceptores de renta garantizada y su coste continúen en aumento en los próximos años, debido a la pandemia y el impacto económico que ha tenido en las empresas y familias», explican desde Institución Futuro.
En ese mismo gráfico se recordaba la información publicada por la Cámara de Comptos referente a las unidades familiares perceptoras de Renta Garantizada que acceden a un trabajo y suspenden la prestación. Solo el 7,47% en 2017 y el 7,69% en 2018 de las unidades familiares que recibía la renta garantizada dejó de percibirla por haber accedido a un empleo (1.189 y 1.236 respectivamente).
La conclusión que desprende Institución Futuro sigue siendo la misma, reforzada todavía más si cabe por la crisis económica en la que nos encontramos a raíz de la pandemia del Covid-19. «Para lograr la inclusión de las personas en situación de pobreza severa, la obtención de un trabajo es clave. De no ponerse en marcha políticas de empleo eficientes, ligadas a un apoyo firme y decidido a las empresas, difícilmente se podrá acabar con las bolsas de pobreza existentes y futuras».