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Acabamos de conocer que la Comunidad de Madrid busca reducir el número de parlamentarios de su Asamblea, de 136 a 91 diputados, aunque la oposición ya ha anunciado que bloqueará la iniciativa cuando llegue al pleno. El debate sobre si el tamaño de los parlamentos autonómicos es excesivo, en lo que a número de parlamentarios se refiere, no es nuevo ni implica menospreciar su importante labor. El parlamento de Castilla-La Mancha aprobó en 2014 la reducción de 53 a 33 parlamentarios, lo que convirtió a la región en la segunda en reducir diputados; la primera fue Cantabria, que pasó de 39 a 35 escaños.

Tampoco resulta novedosa la discusión sobre sus costes y de si una posible reducción del número de parlamentarios, sin perjuicio a la importante y necesaria labor de los parlamentos autonómicos, podría aliviar las arcas públicas. Esta cuestión cobró de nuevo importancia a raíz del referéndum llevado a cabo en Italia el 20 y 21 de septiembre de 2020, donde se aprobó reducir su número de diputados y senadores de 945 a 600 (un 36,5%). Según cálculos del propio Gobierno italiano, ese recorte va a suponer un ahorro de 1.000 millones de euros en diez años en ambas cámaras.

¿Pero en verdad resulta necesaria la reducción en Madrid o en el resto de comunidades autónomas? Para poder responder, nada mejor que estudiar las cifras. Estas nos indican que anualmente se emplean 385 millones de euros para costear todas las cámaras autonómicas. El Parlamento de Cataluña es el más caro de todas las regiones, con casi 63 millones de euros, seguido de Andalucía, País Vasco y Madrid (este último, con un presupuesto de más de 32 millones de euros). El Parlamento foral, con 14,5 millones presupuestados para 2022, se halla por debajo de la media nacional, que asciende a 22 millones de euros. Sin embargo, el cálculo del coste por habitante indica que desde 2019, el foral es el segundo Parlamento más caro de todas las CCAA. En fechas anteriores ocupaba el primer lugar, hasta que el de La Rioja aumentó significativamente su presupuesto para profesionalizar los cargos de sus 33 parlamentarios. Es decir, el paso del primer al segundo puesto no se debe a reducciones significativas del presupuesto del Parlamento navarro, sino al aumento del riojano.

A ese elevado coste per cápita contribuyó que en 2007 el pleno aprobara por unanimidad la reforma del Reglamento del Parlamento, por la cual se introdujo la posibilidad de que los representantes que así lo quisieran pudieran dedicarse en exclusiva al trabajo parlamentario y cobrar una retribución fija por ello. En esta X Legislatura en el Parlamento de Navarra hay 44 parlamentarios con dedicación absoluta, uno sin dedicación absoluta y tres a dietas (sin contar con el presidente del Parlamento y la presidenta del Gobierno). Se aprecia por lo tanto que la profesionalización ha llevado a que la mayoría de sus miembros opten por una dedicación absoluta, una cifra que ha ido en aumento con los años.

Con la citada tendencia en mente, cabría preguntarte si hay trabajo suficiente para los 50 parlamentarios forales. Según el análisis realizado por Institución Futuro, existe una gran diferencia en la cantidad de trabajo de unos y otros, medidas en actividad presencial, número de intervenciones, solicitudes de información y preguntas orales y escritas. Estas grandes divergencias hacen pensar que no existe suficiente trabajo para llenar la jornada de todos los parlamentarios, que recordemos en su gran mayoría es de dedicación absoluta.

Por si fuera poco, se dedica una parte muy importante de la actividad parlamentaria a temas que no coinciden con aquellos por los que los ciudadanos muestran preocupación. Cabría pensar que los diputados tienen claro qué les preocupa a los ciudadanos -dada la función representativa del pueblo navarro de la Cámara- y centrar gran parte de su actuación en esos temas. A pesar de los datos expuestos, la reducción de parlamentarios en Navarra no está en la agenda política. Me aventuro a pensar que se debe a que el 98% de las subvenciones a los grupos los destinaron a financiar a los partidos. En concreto, 2.709.592,48 euros en 2020. O porque tener acomodo durante una o varias legislaturas para 49 personas del partido sale a cuenta.

En Navarra reducir de 50 a 40 parlamentarios la Cámara foral es una decisión que depende de la mera voluntad de los partidos, puesto que la disminución hasta esa cifra no obliga a modificar la Lorafna (Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra). Como digo, es un tema de mera voluntad política. La crisis derivada de la pandemia y de los precios de la energía nos está afectando a los ciudadanos en muchos aspectos. ¿No es exigible que lo público sea más eficiente cuando, además, se comprueba que hay margen para ello sin que se vaya a resentir el servicio que presta?

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