Que la sociedad pueda exponer sus dudas, quejas y propuestas de mejora figura en el guión de las democracias más sanas. Por supuesto, nuestros representantes políticos son quienes tienen la última palabra decisoria, pero es imprescindible que todo sistema democrático fuerte ponga a disposición de los ciudadanos el mayor número posible de herramientas para que el diálogo bidireccional entre Administración y sociedad civil sea fluido. Esa interacción no equivale, ni mucho menos, a transigir con las presiones populistas. El papel de las autoridades implica tener el poder de decisión y, con carácter previo, disponer de la visión a largo plazo, necesaria y aun imprescindible para dirigir un país de manera adecuada.
Por ello, mi apreciación del movimiento de los indignados, del llamado 15-M, es, en conjunto, esperanzadora. El deseo de la sociedad civil de expresar la necesidad de ser escuchada resulta más que loable. ¿Que los indignados no han planteado soluciones? ¿Que no han ofrecido un programa político concreto? Ni era necesario, ni ésa era su función. Dicho movimiento cívico, de carácter no revolucionario sino de denuncia, representó un toque de atención muy claro, un revulsivo, para la clase política. Asimismo, pongamos cada cosa en su sitio, la legitimidad de su ideario y de la mayoría de sus consignas no justifica algunas de sus derivas: el tinte radical e incluso violento que el movimiento ha adquirido en ocasiones y el intento de politización interesada al que se ha visto sometido. Pero de lo acontecido el año pasado deberíamos ser capaces de obtener las lecciones positivas: la principal, la capacidad de este movimiento para movilizar a mucha gente, de carácter y procedencia diversa.
Insisto, en principio la desconfianza ciudadana no ha de entenderse como una señal negativa, sino más bien como todo lo contrario: un gesto de madurez propio de unos ciudadanos exigentes y críticos, practicantes de actitudes nada crédulas. Lo preocupante de verdad sería la carencia de interés ciudadano por mejorar y exigir a los responsables institucionales un mejor funcionamiento de la cosa pública.
Por ello, bienvenidos sean todos los cauces, cuantos más mejor, que se abran para trasladar el bienestar o malestar de los ciudadanos a nuestros mandatarios. En el caso de Navarra, resultan dignos de mención los recientes pasos dados por el Gobierno de Navarra con el anteproyecto de la Ley de Transparencia y las diversas herramientas enfocadas al "Gobierno Abierto". Eso sí, en el caso de que un Gobierno establezca canales de comunicación con la sociedad civil, ha de estar dispuesto a escuchar de manera honesta y, si lo estima conveniente, poner en práctica sus sugerencias. De no actuar así, corre el riesgo de aumentar el malestar colectivo. La duda sobreviene cuando se pone en tela de juicio la motivación de ciertas actuaciones: ¿se realizan con convencimiento profundo y sincero o sólo por una mera cuestión de imagen y electoralismo?
Además de saber tender puentes con la sociedad, a los políticos se les presupone conocimiento para poder gestionar los asuntos públicos, vocación de servicio y, por descontado, una ética intachable. Si en todos los casos se conjugaran estas características, pronto dejaríamos de oír la frase citada al comienzo de este artículo: “A la política le está pasando algo grave.” Con esos requisitos, los ciudadanos se mostrarían más optimistas y confiados en sus dirigentes y, en consecuencia, también en el futuro.
En definitiva, nuestros políticos pueden y deben aprender del movimiento de los indignados, de sus elementos positivos y negativos. Tener en cuenta ese descontento ciudadano a la hora de diseñar y aplicar las políticas públicas que van a guiar a España y a Navarra en los próximos años supone una actitud inteligente y provechosa para los Ejecutivos y la oposición.