Los equipos de gobierno autonómicos formados por más de un partido son lo habitual en España desde las elecciones del 26 de mayo en 13 comunidades y las de diciembre en Andalucía. El Ejecutivo andaluz formado en enero por PP y Ciudadanos fue el anticipo de una tendencia dictada por la fragmentación política y la falta de mayorías absolutas, que llevó a formar gobiernos con hasta cuatro partidos. Y hay una consecuencia: el número de consejerías se ha incrementado de forma notable respecto a la anterior legislatura.

Precisamente, esto no ocurrió en Andalucía, donde los departamentos se han reducido de los 13 de Susana Díaz a los 11 de Juanma Moreno. Pero es un caso único. En otras 10 comunidades se ha incrementado el número de consejerías y en tres es el mismo. En total, se ha pasado de 129 departamentos autonómicos a 146 en estas 14 regiones.

El ranking lo lideran Navarra y la Comunidad de Madrid, que han pasado de 9 a 13. En la primera, el reparto de poder entre el PSOE, Geroa Bai y Podemos se saldó con la creación de cuatro nuevos departamentos, pese a que en el documento de preacuerdo se hablaba de «evaluar el dimensionamiento de la administración» y «mejorar la eficacia reduciendo costes».

Este tripartito -con el apoyo externo de IU- fue necesario para impedir que gobernara el vencedor de las elecciones, Navarra Suma (coalición de UPN, PP y Cs), y además se necesitó la abstención de Bildu en la investidura. La presidenta socialista, María Chivite, que gobierna para 647.554 habitantes, tiene las mismas consejerías que Madrid o Cataluña, regiones con 6,6 y 7,6 millones de habitantes, respectivamente.

Entre los 13 departamentos de su Gobierno figuran uno de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, y otro de Relaciones Ciudadanas. Los dos están en manos de Geroa Bai.

Por detrás de Madrid y Navarra aparecen la Comunidad Valenciana, Asturias y Extremadura, con dos consejerías más. En las dos últimas el incremento no responde a los pactos, ya que el PSOE ha formado en ellas gobiernos monocolor. En el caso extremeño, el presidente Guillermo Fernández Vara, con mayoría absoluta, contaba sólo con siete consejerías al inicio de la anterior legilatura. Durante la misma creó dos y ahora suma otras dos.

En Valencia, en cambio, sí que ha habido cambios importantes con la renovación del tripartito entre el PSOE, Compromís y Podemos. Se ha engrosado el número de consejerías y además se creó una segunda vicepresidencia, que fue una reclamación del partido morado. Entre las consejerías que tiene actualmente el Gobierno valenciano figuran una de Economía Sostenible (Compromís), otra de Emergencia Climática y Transición Ecológica (Compromís) y una más de Vivienda y Arquitectura Bioclimática (Podemos).

En Aragón, Islas Baleares, Cantabria y Castilla y León los ejecutivos han incluido a un nuevo consejero. En La Rioja, la entrada en el Gobierno de Raquel Romero, la única diputada de Podemos, enfrentada a la dirección de su partido en la comunidad -anoche dimitió en bloque-, ha supuesto también la creación de una nueva consejería.

El presidente manchego, el socialista Emiliano García-Page, creó ya en 2017 una segunda vicepresidencia y otra consejería, ambas para miembros de Podemos, con quien tenía un acuerdo. Ahora, tras obtener mayoría absoluta en mayo, mantiene el mismo número de personas en su equipo.

En Murcia, la dimisión del popular Pedro Antonio Sánchez como presidente autonómico y su relevo por Fernando López Miras trajo consigo en 2018 la creación de una nueva consejería, llegando a las 10 que hoy vuelven a formar el Gobierno PP-Cs.

Canarias, a pesar de que ha formado un Ejecutivo con cuatro partidos encabezado por el PSOE, tampoco ha variado el total de consejerías y se mantiene en las 10 que ya existían con Coalición Canaria.

El coste económico de todo este aparato gubernamental autonómico es variable, pero, por ejemplo, la Institución Futuro estima en tres millones de euros el coste en sueldos de la creación de las cuatro nuevas consejerías en Navarra. Sumando los nuevos altos cargos, habría que añadir algo más de dos millones al final de la legislatura.

«Este tema es sólo la punta del iceberg de la reforma de la Administración. Contratar a más gente no significa que el servicio vaya a ser mejor», considera Ana Yerro, directora de la Institución Futuro, que entiende que la eficiencia debe ser un objetivo de la Administración Pública. Calcular el coste de esta tendencia a engrosar la cúpula administrativa es complejo, ya que cada consejería puede tener una estructura organizativa distinta y al tiempo que se crean departamentos nuevos surgen otros cargos asociados.

En relación con la población, el caso de Navarra es el más extremo. Las comunidades que más consejerías tienen tienden a ser las más pobladas (Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía), aunque hay casos de más austeridad (Castilla-La Mancha) y de menos (Baleares).

A nivel nacional, Pedro Sánchez tiene 17 ministros y Mariano Rajoy tenía 13 en su último Gobierno. El mismo número de consejeros de María Chivite, teniendo el Estado competencias exclusivas de Defensa, Asuntos Exteriores, Justicia y muchas otras.

En las consejerías se está produciendo también la batalla ideológica del lenguaje. En Murcia, la que fuera la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ahora se llama de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, indignación de Vox mediante.

En Madrid, de Políticas Sociales y Familia se ha pasado a Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, y en Canarias ha nacido el área de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.


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