Expansión, 6 de noviembre de 2004
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
Da pánico que en ese afán del Gobierno de cambiarlo todo, el señor Zapatero distorsione algunas políticas sociales que protegían a los desfavorecidos para privilegiar a los afortunados.
Da pánico que en ese afán del Gobierno de cambiarlo todo, el señor Zapatero distorsione algunas políticas sociales que protegían a los desfavorecidos para privilegiar a los afortunados.

La chispa detonante de algunos peligrosos quiebros del Ejecutivo suele ser un pegadizo eslogan, sin fundamento científico alguno, que enciende el ánimo de ese resentimiento de clase que pensábamos que estaba superado, y que parece que el PSOE está resucitando. Uno de los peores frenos al progreso es la mezcla de la buena fe, la laboriosidad y la ignorancia.

Una materia fácil de sucumbir bajo el imperio de la demagogia es la política fiscal. Para ello, se mentirá afirmando con aire de seriedad que el PP tenía un régimen tributario que favorecía a los ricos y perjudicaba a los más miserables. A continuación, a cambiarlo todo, sin estudiar a fondo las consecuencias de unas reformas que probablemente sean improvisadas.

Castigar a los pobres…

Hoy en día nadie discute que la deducción del mínimo familiar en la base imponible del IRPF es una medida necesaria para que este impuesto sea justo y progresivo. En la base del actual tributo subyace algo tan obvio como que la obligación de pagar impuestos sólo se genera cuando se han cubierto las necesidades básicas de los contribuyentes y de sus hijos. Las cantidades destinadas a cubrir estos mínimos vitales no forman parte de la capacidad contributiva porque no son rentas de las que los individuos puedan disponer libremente. Éste es el sentido que tiene el mínimo exento personal y familiar, que no tiene nada que ver con beneficiar a unos o perjudicar a otros; se trata, simplemente, de no hacer tributar a nadie por la renta indispensable para cubrir sus necesidades vitales. A partir de ahí, aquellos que tienen una misma capacidad contributiva deben pagar idénticos impuestos y los que disponen de una renta superior están obligados a tributar en mayor proporción. Siendo esto algo tan incontestable, causan extrañeza algunas recientes informaciones que mencionan la posibilidad de suprimir las reducciones en la base del impuesto de la renta para establecer unas deducciones en la cuota por hijos. Puede que sea un globo sonda más de los que acostumbra a lanzar el actual Gobierno, en cuyo caso conviene desinflarlo cuanto antes. La ‘fiebre del cambio’ que padece el Ejecutivo es un síndrome ante el que hay que vacunarse aportando razones contundentes que eviten un posible disparate. Si aceptamos el principio fiscal de que el carácter progresivo de un impuesto se debe referir siempre a la capacidad económica verdadera, la supresión de las actuales reducciones en la base convertiría el impuesto en fuente de graves injusticias. Supondría, ante todo, que el deber que tienen los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos incluye esas cantidades destinadas a cubrir sus necesidades vitales. De donde resulta que dos contribuyentes que ganan la misma renta, pero tienen distintas cargas familiares, estarían obligados a pagar lo mismo, con lo que el impuesto forzaría a pagar igual a quien tiene menos renta disponible.

… Y subvencionar a los ricos

Las deducciones en cuota nunca pueden servir para remediar esta situación porque su función es otra totalmente distinta. Son beneficios fiscales, ayudas públicas para fomentar determinadas políticas, de empleo, de vivienda, de natalidad, de inversión del ahorro, etcétera. No tienen nada que ver con la necesidad de que se grave a cada ciudadano conforme a la riqueza de la que realmente dispone. En este sentido, pretender utilizar las deducciones en cuota en lugar de las reducciones en la base no hace el impuesto más justo; es sólo un artificio para tratar de tapar la discriminación que comporta la supresión de las reducciones en la base imponible.

Las actuales reducciones por hijos en la base no son un beneficio para nadie, ni para los ricos ni para los pobres, sino una medida para determinar la renta de la que cada uno dispone. A partir de esa realidad heredada y consolidada, el Gobierno puede considerar que el estímulo a la natalidad (la española es de las más bajas de Europa) es conveniente, pero respetando previamente que el mínimo de subsistencia se ha restado de la base. Si Hacienda quiere recaudar más impuestos de los más pudientes, que incremente el tipo de los tramos superiores de la tarifa, pero que no perjudique a los más desfavorecidos: las familias pobres que por tener una renta baja apenas pagan impuestos, y que por consiguiente no podrán deducirse nada en la cuota. Esta deducción por hijos constituye una subvención tácita a las familias ricas, quienes al pagar elevados impuestos son las que tienen capacidad de aplicarse los descuentos.

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