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Mientras el número de contagios y fallecidos por el COVID-19 sigue aumentando en España y los sanitarios trabajan en una labor titánica, muchas empresas están pasando por momentos críticos. Aunque a priori temporal, el cierre de servicios no esenciales va a notarse en el crecimiento económico de España. Hay quienes ya predicen que el 2020 presentará un crecimiento económico nulo y que la destrucción de empleo será, como mínimo, de 300.000 puestos de trabajo.

Lo fundamental es dar respuesta al problema sanitario cuanto antes para que el número de fallecimientos sea el menor posible. Para ello se debe actuar con liderazgo, transparencia, coordinados y de forma contundente. Aunque parezca que va en contra de la economía, un confinamiento TOTAL de toda la población durante 2 ó 3 semanas será, a la larga, la mejor solución en la respuesta al coronavirus y en la vuelta cuanto antes a la senda del crecimiento económico. La alternativa de no hacerlo así nos llevará a que el problema se alargue, el número de fallecidos sea mayor y la recuperación económica llegue cuando ya muchas empresas hayan cerrado.

Mucho se está hablando de las compañías, pero tampoco podemos olvidar a las familias. Muchas de ellas están sufriendo en primera persona la pérdida de empleo y viendo cómo el problema de liquidez es cada vez más acuciante. Lo mismo ocurre con las empresas: la que no factura, y sin embargo atiende sus compromisos de pagos, se ve abocada a la larga a no poder cumplir entre otros, con los trabajadores, acreedores de servicios, proveedores e incluso con sus obligaciones tributarias. 

Por ello las principales medidas de ayuda económica deben ir encaminadas a mejorar la liquidez difiriendo pagos a las administraciones. Y aquí la Administración debiera ya posponer el cobro de los impuestos del primer trimestre, llevándolos de abril al menos hasta junio. Este aplazamiento debiera ser sin intereses y sin garantías. A futuro ya se verán otras necesidades.

Otra medida necesaria para  mejorar la liquidez de las empresas debe ser la concesión de avales y préstamos. En este sentido, el Gobierno de Navarra ya ha aprobado algunas medida al ampliar las líneas de avales de sociedades públicas con un importe máximo de 40 millones de euros, lo que supone un incremento de 10 millones de euros respecto a lo que tenía autorizado. Asimismo, se ha fijado en 30 millones de euros el importe máximo a conceder por las entidades públicas en cuanto a préstamos (15 millones de euros más que el anterior umbral). Si añadimos la creación de un fondo de hasta 100 millones de euros ampliable para paliar los efectos de la crisis, entendemos que estamos en el buen camino.

Si en algo están de acuerdo los expertos es que la incertidumbre nunca es buena consejera. Y menos en estos momentos, que exigen mucha flexibilidad y rapidez de actuación para poder decidir conforme evolucionen los acontecimientos. Así pues, dependiendo de cómo evolucione la pandemia habrá que pensar en prorrogar los plazos para la reinversión en los casos de compromisos como en la reserva especial, reinversión en  vivienda (tal y como ya se hizo en ocasiones anteriores). Además, serán clave las deducciones para mantener el empleo -que como decíamos se verá resentido aunque ojalá sea solo de manera temporal-, para la I+D, para las inversiones que tengan que hacer las empresas o para poder facilitar el teletrabajo, entre otras.

Otro aspecto importante es que la Administración ha de aplicar todas estas normas, sobre todo laborales, administrativas, etc., poniéndose en los zapatos de las empresas y sus trabajadores. Ante las medidas aprobadas están surgiendo numerosas dudas al respecto, por lo que se agradecería que la interpretación de las mismas fuera extensiva y laxa y se agilizara lo máximo posible. Los Ertes pueden salvar a muchas empresas y, al mismo tiempo, proteger a sus trabajadores.

Capítulo aparte será cómo se van a costear todas las medidas adoptadas por parte del Gobierno de Navarra. Lo más contraproducente sería una subida de impuestos o la creación de un nuevo impuesto ad hoc, como se ha llegado a oír. Lo que resultaría efectivo de cara a la liquidez sería todo lo contrario: una rebaja de tipos en sociedades e IRPF, aunque fuera coyuntural. Más aún cuando la Comunidad Foral se halla en desventaja frente a otras regiones en lo que a competitividad fiscal se refiere.

Leí en uno de los muchos artículos que se están publicando sobre este tema que el objetivo ahora es dormir a la economía para revivirla en cuanto sea posible. Para que el paciente no se nos quede en la camilla, se necesita actuar con anticipación, de manera coordinada, con medidas acertadas, con liderazgo y transparencia absoluta. Solo así conseguiremos minimizar el impacto económico de la crisis. El otro impacto, el sanitario y social, también.

José María Aracama Yoldi. Presidente del think tank Institución Futuro.

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