Diario de Navarra, 30 de Abril de 2016
Ana Yerro, directora general de Institución Futuro

Imagínese que se oferta un puesto de trabajo que le pudiera interesar. Usted cumple con los requisitos requeridos, tanto los referentes a capacidades técnicas profesionales como a las actitudinales. El salario puede que le encaje, o no del todo, pero la naturaleza y atractivo del puesto está por encima de ese factor económico. El perfil del empleo, dato importante, conlleva una gran responsabilidad y una muy considerable exposición pública y mediática, con sus consecuencias, positivas y negativas según se mire.

Pero el trabajo tiene pega. Además de no ser un contrato indefinido, en los diez años siguientes a su cese no podrá trabajar en su área de especialidad; más en concreto, tendrá prohibido ocuparse en “actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio de su cargo ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las administraciones públicas”. Es decir, tendrá muy complicado, por no decir imposible, colocarse en algún puesto que guarde relación con su pasada actividad. Además, no recibirá ninguna retribución de su antiguo empleador para intentar paliar la tremenda desventaja que va a tener cuando vuelva a buscar otro puesto trabajo.

Seguro que ya saben que esa supuesta oferta de trabajo no es otra que el acceso a los altos cargos del Gobierno. En la actualidad tienen limitada su actividad profesional durante dos años una vez abandonan su actividad en la Administración, y en ese tiempo reciben las llamadas cesantías: una prestación económica mensual equivalente a la doceava parte del 80% del total anual de la retribución que estuviera recibiendo en el momento del cese, que puede percibirse durante la mitad del tiempo que se ha estado en el cargo, con un máximo de dos años.

Pues bien, en estos momentos se está discutiendo en el Parlamento de Navarra el régimen de incompatibilidades de los ex altos cargos del Gobierno de Navarra. Y existen disensiones entre los socios de Gobierno. Podemos y Bildu piden que los cargos del Gobierno no cobren cesantías, por considerarlas un privilegio injustificado. Exigen, además, que la incompatibilidad se alargue de dos a diez años. A priori, la medida no parece estar clara desde el punto de vista jurídico, como manifestaba en estas mismas páginas el ex consejero de Presidencia Francisco Javier Morrás.

Esta propuesta, aparentemente tan cercana al ciudadano, partidario -con razón- de eliminar privilegios de los políticos y de acabar con el escándalo de las denominadas ‘puertas giratorias’, supone una limitación severa del perfil profesional de quienes van a acceder a cargos públicos de mucha responsabilidad. En esas condiciones, solo los funcionarios -con una plaza asegurada tras su cese-, quienes no necesiten trabajar para vivir o quienes tengan la garantía de que después de ese cargo pasarán a otro de índole política, tendrán el valor de aceptar ese tipo de puestos.

Lo que habría que replantearse es si las incompatibilidades, la cuantía y la duración de las cesantías tienen que ser iguales para todos los altos cargos. Es obvio que hay cargos que han gestionado de manera directa muchos expedientes y resoluciones que sí pueden suponer un problema de incompatibilidad en los años siguientes a su salida del Gobierno, pero muchos otros no. ¿Qué queremos entonces, que haya café para todos, o que se distinga entre aquellos puestos más “delicados” y los que, a pesar de haber sido altos cargos, podrían incorporarse al mercado privado sin riesgo de interferencia entre su anterior empleo en lo público y el nuevo en la esfera privada?

A menudo nos quejamos del “nivel” de nuestros políticos. Criticamos que desconocen las preocupaciones de los ciudadanos, que no manejan con fluidez los temas de los que hablan… Queremos, cómo no, políticos de calidad, bien preparados y formados, que estén de verdad al servicio del ciudadano, que velen por sus intereses. Formulamos esa legítima aspiración sin ser quizá del todo conscientes de lo que para ellos supone desarrollar su cometido en el ámbito de la Administración. Si queremos responsables públicos de calidad, la ciudadanía debe estar dispuesta a ofrecerles unas condiciones lo suficientemente atractivas para que los mejores, y solo mejores, quieran asumir el compromiso del servicio público desde las más altas instancias. De no actuar así, una Ley de incompatibilidades poco meditada, y tal vez demagógica, no hará sino empobrecer, desprestigiar y desacreditar a la clase política. Y, en consecuencia, los ciudadanos seremos los más perjudicados.

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