Expansión, 18 de marzo de 2006
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
Si ustedes desean saber hasta qué punto llega el populismo del Gobierno, les remito a la Ley de la Igualdad. Conviene recordar que para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres, hay que partir de que son distintas.
Es una pena que la ley no advierta lo enriquecedor que resulta apreciar en la diferencia de género una fuente de ventajas competitivas. Los igualitarismos impuestos por decreto siempre empobrecen, pues atenúan diferencias valiosas. Sólo desde las potencialidades que emergen de lo mejor y distinto que puede ofrecer cada persona podremos desarrollar una sociedad avanzada y libre.

Es un hecho indiscutible que hay profesiones donde la mujer es más hábil que el hombre, y viceversa. Esta diferencia proviene, en parte, de la genética y, en parte, de una cultura secular insoslayable. En la raíz de la diferencia está no sólo la gestación y la maternidad, sino también variables cognitivas tales como el adelanto de la maduración intelectual de las mujeres en la adolescencia.

El problema de la Ley de la Igualdad, en cuanto que pone cortapisas a la eficacia de la libertad de mercado, nos lleva a acelerar la pérdida de competitividad que padece España. Recordaré algunas cifras. El déficit comercial en 2005 fue de 77.812 millones de euros, un 28,3% mayor que en 2004. Nuestras importaciones crecieron en un año tres veces más que nuestras exportaciones.

La inflación general alcanzó en enero el 4,2%, cifra que eleva el diferencial de precios con la zona euro a 1,5 puntos. La consecuencia de estas cifras es que España ha pasado del puesto 31 en 2004 al 38 en 2005 en el ránking de competitividad del IMD World Competitiveness Center.

Forzar por ley, y bajo duras sanciones de hasta 90.000 euros, que las mujeres irrumpan en trabajos en los que los hombres tienen unas cualidades más propias es una barbaridad. Un directivo de una compañía papelera multinacional me decía que el 90% de su plantilla lo constituían hombres, por exigir una fortaleza física considerable, mientras que había mayor equilibrio en los puestos directivos, porque en su empresa no había techo de cristal para las mujeres.

Otro ejecutivo, también asustado, me confesaba que su nueva planta la establecería en un país centroeuropeo. Del mismo modo que en las competiciones deportivas se tiene en cuenta el sexo, también en el trabajo se debería dilucidar en qué actividades y situaciones hay que proteger a la mujer y en cuáles mejor no entrometerse.

Otro aspecto inaceptable es el intervencionismo en el gobierno de las compañías. Exigir qué porcentaje de mujeres debe haber en un consejo de administración es una intromisión que golpea la libertad económica. Si el PSOE cree en la propiedad privada y el mercado, debe permitir que la asamblea general de accionistas sea la que decida quién desea que gobierne la empresa, sin limitaciones de género.

Insulto a la mujer
Fijar porcentajes por sexo en el catálogo de puestos de una empresa es insultar a la mujer. En el fondo, implica decirle que ya no va a ser la competencia el referente exclusivo para su carrera profesional, sino la obligatoriedad de la cuota de mujeres exigida por la ley. Además, esa discriminación a favor de la condición femenina implica colgarles un sambenito: la sospecha de que su promoción laboral es debida a su sexo en lugar de a su profesionalidad.

La paridad electoral es otro disparate que quizá sea anticonstitucional, pues no creo que una ley electoral pueda obligar a una composición determinada por género. Si el señor Zapatero cree en la democracia y en la libertad, debería aprovechar su rodillo parlamentario para aprobar una ley electoral que ofrezca listas abiertas y que permita la composición de hombres y mujeres que los ciudadanos quieran. La política de nuestro Gobierno insiste en que debemos ser más competitivos, a la par que pone palos en la rueda, como el igualitarismo obligatorio.

Para muchas actividades de mano de obra intensiva, esa ley de cuotas va a provocar un gran daño, tanto por animar a deslocalizar industrias como por disuadir la inversión de empresas foráneas en nuestro país. Alguien debería estimar el coste de este populismo feminista, tan nefasto para el prestigio de las profesionales mujeres como para la competitividad española.

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