La economía española tiene una serie de problemas estructurales que no son nuevos, pero que requieren de reformas en profundidad para poder solventarlos. Estoy pensando en áreas como la fiscalidad, la educación, las pensiones, la Administración pública… Estos temas son clave si queremos mantener la competitividad de nuestra economía en un contexto de desaceleración e inestabilidad geopolítica y comercial a nivel europeo e internacional.

Se debiera pensar a largo plazo, con visión estratégica, buscando formas de revitalizar la economía -única vía para que descienda el desempleo- y lograr que las cuentas públicas cuadren sin endeudar más a todos los españoles.

Pues bien, el recién nombrado Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos ya ha anunciado algunas medidas “estrella” de su pacto de gobierno que afectan a las empresas. Esas recetas son, a nuestro pesar, contrarias a lo que debería hacerse y mucho me temo que llevarán a la economía española a un punto insostenible. Además, estas medidas afectarán de pleno a Navarra.

El acuerdo más sonado ha sido el aumento del salario mínimo a 950 euros -no los 1.000 anunciados previamente- con el compromiso de que éste alcance el 60 % del salario medio a final de la legislatura. Con el beneplácito de patronal y sindicatos, este incremento del 5,5% abre el debate sobre si es perjudicial para el empleo o no. BBVA Research ha calculado que el aumento del SMI del año pasado del 22,3% impidió la creación de 45.000 puestos de trabajo, además de llevar a la economía sumergida a trabajadores de sectores como el agrícola o del hogar. Lo que está claro es que el aumento de los costes laborales los asumen las empresas, y las pymes son las que más los sufren.

Otro aspecto que también está siendo polémico es la más que previsible derogación de la reforma laboral del 2012. Todo lo que implique restar flexibilidad al mercado laboral o no adaptar el marco laboral a las necesidades empresariales pondrá en peligro la creación de puestos de trabajo y dificultará la labor de la empresa, por no mencionar la inestabilidad jurídica que esta medida conlleva para la planificación de su actividad.

El aumento fiscal a las empresas también está resultando muy popular. Pero pocos conocen que las compañías españolas están pagando impuestos algo más bajos que la media europea, pero con gastos de Seguridad Social más elevados. Es decir, que de facto contribuyen a la economía más que la media europea y elevar todavía más su presión fiscal les restaría competitividad. Además, plantear nuevos tributos bajo el paraguas de que paguen más los ricos, cuando en España solo hay 90.000 personas con ingresos superiores a los 130.000 euros, tampoco parece tener mucho recorrido recaudatorio.

Las acciones mencionadas son todo lo contrario a lo que debiera hacerse si se quiere combatir de verdad el elevado paro español. El tema de cómo se van a cuadrar las cuentas públicas también preocupa, y mucho, pero eso lo dejo para otro artículo. Por ahora no puedo sino lamentar no solo que las reformas estructurales no parezcan ser una prioridad, sino que las medidas adoptadas, que como digo también van a impactar en la economía navarra, vayan a frenar la generación y la sostenibilidad del empleo, la creación y el crecimiento de las empresas y la atracción de inversión extrajera.

Si a esto añadimos, siendo realistas, y sin entrar en detalles, la previsible inestabilidad de este gobierno de coalición -con nacionalistas, independentistas, populistas y con Bildu-, no parece ésta una situación ideal para acometer en los próximos años una gestión eficaz y estable, con previsiones mundiales no precisamente positivas.

Tras la confección sorpresiva de este Gobierno tan dispar, con el único interés de alcanzar el poder a cualquier precio, nos parece crucial recomendar a ciertos políticos que actúen mirando más a los intereses de España, antes que a los personales y de partido.

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