Mucho se ha escrito sobre la crisis económica derivada del covid-19 y de los nefastos indicadores que así la confirman. En Navarra, la caída del PIB en el segundo trimestre del año fue del 18,8% respecto al mismo periodo del año anterior, y hemos pasado a tener 40.000 personas desempleadas. La crisis también ha hecho mella en las cuentas públicas: el Gobierno de Navarra calcula obtener 820 millones de euros menos de recaudación fiscal en 2020 y 218 millones menos para 2021 de los que se planificaron inicialmente. Precisamente para paliar las consecuencias de esta crisis, y para avanzar hacia un nuevo modelo económico y social se aprobó a principios del mes de agosto el Plan Reactivar Navarra. Una vez analizado, en Institución Futuro albergamos serias dudas de que el plan vaya a cumplir su objetivo, tal y como está, aunque podría ser útil si se trabaja sobre él para mejorarlo. ¿Por qué?

El plan posee aspectos positivos. Para empezar, su ambición de lograr un cambio en el modelo de crecimiento y de desarrollo social de Navarra o el que en todo momento se alinee con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, el pacto Verde, el Next Generation EU y los anunciados planes de reforma de España ante la próxima Agenda Semestral de Europa, así como con los dos planes estratégicos que actualmente tiene vigente el Gobierno de Navarra: la S3 y la Agenda 2030 en Navarra.

Es digno de elogio también su diagnóstico de partida, al basarse en el Regional Competitiveness Index 20019, que analiza la competitividad regional de 268 regiones europeas. Además, es francamente positivo el hecho de que se haya realizado un proceso de participación ciudadana, así como el que haya incorporado las propuestas que al respecto se pactaron en la Comisión Especial del Parlamento de Navarra, lo que puede resultar en un buen punto de partida para lograr el imprescindible consenso político para poner en marcha el plan.

Pero existen aspectos claramente mejorables. Para empezar, el que no sea un plan de acción propiamente dicho, sino más bien un plan estratégico -por su ambición y por su horizonte temporal- que compendia una serie de actuaciones a realizar, sin priorizarlas, sin calendarizarlas, sin asignar responsables y sin determinar presupuestos detallados.

De las siete prioridades que establece el documento, solo tres se refieren a la mejora de la competitividad de la economía de Navarra: transformación de la economía, aceleración de la transición ecológica y acción exterior. Las otras cuatro prioridades son de índole político-social: promover la cohesión social, vertebrar el territorio, profundizar en el marco de convivencia y reafirmar el liderazgo de lo público. Siendo como son algunos de ellos objetivos loables, deberían estar subordinados al objetivo principal del plan, el de lograr un crecimiento económico sostenible que evite consecuencias catastróficas para ciudadanos y empresas. Esa falta de priorización de objetivos se traduce en que las 190 actuaciones incluidas sean de todo tipo, cuando a nuestro parecer deberían ser menos y más elaboradas. Sorprende, por ejemplo, que se incluyan medidas sobre fomento del euskera dentro de un Plan para frenar la crisis económica y social del covid-19.

Además, no se diferencian medidas a corto y actuaciones a largo plazo, como tampoco se cuantifican los presupuestos asignados a los distintos objetivos y actuaciones. Decir que se contará con 989,41 millones de euros de fondos propios a cargo de los Presupuestos Generales de Navarra para el periodo 2021-2023 es no decir nada. Habrá que esperar a que el Gobierno pormenorice prioridades, calendarios, indicadores y recursos para cada una de las 190 medidas adoptadas.

Institución Futuro publicó en junio de este mismo año un documento centrado en las reformas estructurales que a nuestro juicio se deberían poner en marcha en Navarra para incrementar la capacidad de crecimiento de su economía y conseguir una recuperación sostenida en el medio y largo plazo que redunde en el bienestar de todos los ciudadanos. Estas reformas incluían propuestas sobre el dinamismo empresarial, la formación o la fiscalidad, y recomendaba que Navarra contara con una oficina de redacción de proyectos europeos para lograr el acceso a los fondos disponibles de la UE, necesarios para financiar las grandes reformas.

Sin embargo, el Plan del Gobierno de Navarra no menciona algunas de nuestras propuestas más importantes. Y si lo hace, va en dirección opuesta a nuestras consideraciones. Así ocurre con nuestra propuesta de una reforma del sistema fiscal para que sea equilibrado y competitivo -incrementando la recaudación sin crear nuevos impuestos ni subir los existentes, sino ensanchando las bases imponibles- o la mejora de la calidad y la eficiencia del gasto público. El Plan Reactivar Navarra plantea una reforma fiscal “que incluya nuevas figuras impositivas” y habla de “reactivar la contratación pública” sin plantearse el ajustar a priori los recursos actuales. En cualquier Plan resulta imprescindible poder evaluar si las medidas resultan útiles. A este respecto, el Plan incluye un cuadro de mando, pero que no será de ninguna utilidad al consistir en una mera relación de indicadores sin cuantificar el punto de partida ni el objetivo que se quiere alcanzar.

En definitiva, no se trata de un plan de acción propiamente dicho, y eso es precisamente lo que Navarra necesita en estos momentos con urgencia. Aunque tiene aspectos positivos, en la práctica la elevada cantidad de medidas propuestas y la falta de prioridades y presupuestos detallados hace difícil que el Plan pueda asegurar que se vayan a paliar las consecuencias de la crisis provocada por el covid-19. Aún estamos a tiempo de rectificar y mejorarlo.

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