Diario de Navarra, 25 de julio de 2009
Ana Yerro, Responsable de Comunicación de Institución Futuro
En medio de la crisis económica que estamos atravesando, son muchos los problemas que acucian al Ejecutivo español. El desempleo es, a todas luces, el asunto más grave por sus implicaciones sociales para los más de cuatro millones de parados. La polvareda levantada por el paro no debería distraernos de otra cuestión íntimamente ligada con la destrucción del empleo: la reforma del sistema de pensiones.

Varios motivos hacen peligrar la sostenibilidad del sistema. A corto plazo, resulta innegable que el vuelco de la coyuntura macroeconómica y la intensa destrucción de empleo están minando la salud financiera del sistema al reducir la base de cotizantes y el PIB. Sólo en el último año ha disminuido en casi un 7% el número de afiliados a la Seguridad Social en alta laboral, y las previsiones de desempleo tampoco auguran mejoras para el 2010. A medio plazo, no es descabellado pensar que, una vez superada la crisis, ésta deje tras de sí un reguero de bajos ritmos de crecimiento y creación de empleo, hecho que alargaría sus consecuencias negativas para la sostenibilidad de las pensiones en su configuración actual.

Y, a más largo plazo, el rápido envejecimiento de la población (las tasas de natalidad de nuestro país figuran entre las más bajas de Europa; las de esperanza de vida, entre las más altas del mundo) provoca graves dificultades para el mantenimiento del sistema. El envejecimiento se está produciendo todavía a pesar de que, de manera transitoria, se haya paliado por el gran flujo de inmigrantes en edad de trabajar.

Ahora bien, aun reconociendo todos estos problemas, hay que admitir que no todas las Comunidades Autónomas se encuentran en la misma situación. Uno de los principales indicadores para medir la sostenibilidad del sistema de pensiones radica en la relación entre el número de cotizantes y el número de pensionistas. Es obvio pensar que a más cotizantes, más posibilidad de que el sistema aguante. Pues bien, según los últimos datos presentados por la patronal del seguro Unespa, sólo cinco comunidades tienen una relación entre ambos indicadores que garantiza la renta de sus pensionistas.

Navarra es una de esas regiones, puesto que posee más de 2,1 cotizantes por pensión. De este modo, no sólo asegura que su sistema pueda seguir funcionando, sino que además ayuda a pagar a los jubilados de otras regiones de nuestro país. En la misma situación de Navarra se encuentran Madrid, Murcia, Baleares y Canarias, que se erigen en las mayores contribuyentes al superávit de la Seguridad Social, previsto en el 0,4% del PIB para este año. En el extremo opuesto se hallan Asturias, Galicia y Castilla y León, que, bien por el envejecimiento y la emigración de la juventud, o bien por un aumento de las jubilaciones debido al declive de ciertos sectores económicos, no pueden garantizar su propio sistema de pensiones.

El debate serio y de raíz sobre la reforma del Estado de Bienestar en España podría aplazarse aún algunos años, pero sería ilógico que nuestros gobernantes no plantearan formalmente qué soluciones pueden aportar a un problema que, mal que nos pese, nos afectará de pleno dentro de pocos años a todos los ciudadanos.

Con independencia de qué se decida, lo que los datos expuestos indican es que la tan a menudo aireada y denostada "insolidaridad" de Navarra respecto al resto de regiones españolas carece de fundamento. El principio de caja única de la Seguridad Social también afecta a nuestra comunidad, y ésta contribuye a su superávit. Es de justicia, pues, que a Navarra se le reconozca lo que este hecho implica de redistribución de la renta y de respaldo común territorial.

 

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