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Familias y patronales temen que se implante un ‘modelo único’ de educación

El Congreso debate la LOMLOE, una ley que elimina el concepto de ‘demanda social’ al elegir ir a un centro concertado

En octubre de 2013 una frase se repitió hasta la saciedad en los pasillos del Congreso y del Senado. También en las salas de los sindicatos y en claustros académicos: “La LOMCE nace muerta”. Partidos de izquierda, con Alfredo Pérez-Rubalcaba como portavoz, docentes y federaciones de padres de la red pública clamaron contra la conocida como Ley Wert. Tuvieron razón sólo en parte, pues el grueso de la normativa vio la luz. Hoy, siete años después, el movimiento es a la inversa. La oposición al Gobierno de Sánchez, Federaciones de Apymas, y las patronales de la concertada se han lanzado a parar la LOMLOE, la conocida como Ley Celaá. Y Navarra es uno de los epicentros del debate. Con el segundo nivel más alto de España en alumnos en centros concertados (sólo superado por País Vasco), la nueva normativa de educación que se debatirá mañana en Madrid ha movilizado ya a familias y centros de la Comunidad foral. Miles de familias están recibiendo estos días información sobre las acciones de protesta que se están planificando.

La que podría ser la octava ley educativa en democracia llega inmersa en polémica. Una vez más. Y las enmiendas pactadas entre PSOE y los partidos nacionalistas han echado más leña al fuego. Si en varias comunidades autónomas el acento se ha puesto en la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, las consecuencias sobre la concertada son las que más afectan en Navarra.

La tramitación exprés que se está dando a la LOMLOE despierta el recelo de federaciones de padres y patronales, que advierten de un recorte de libertades sociales en la normativa. Empezando por la elección de centro al iniciar la etapa escolar. La Ley Celaá elimina en su cuerpo normativo el concepto de ‘demanda social’. Es decir, el que posibilita abrir nuevos centros y aumentar plazas en los concertados cuando hay familias que lo solicitan. La LOMLOE también establece que estos centros no podrán percibir cuotas de las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones. Además, se habla de un incremento progresivo de puestos escolares en la red pública y de poner trabas a la cesión de suelo público a centros de iniciativa privada.

Y hay otros dos puntos de la Ley Celaá que chocan frontalmente contra centros navarros concertados. Uno, la decisión de escolarizar en centros ordinarios al alumnado con discapacidad. Da para ello un plazo de 10 años para adecuar los centros. El segundo, eliminar los conciertos a la educación diferenciada, la que separa a chicos y chicas en las aulas. En la Comunidad foral hay dos; Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga. Entre los dos suman 4.500 alumnos y 350 trabajadores.

39.000 alumnos y un ahorro

En Navarra, con un peso que ronda el 34% del total del alumnado en etapas no universitarias, la red concertada escolariza a más de 39.000 alumnos y da trabajo a unos 3.400 profesionales. Un reciente estudio de Institución Futuro cifró en 97 millones de euros anuales el sobrecoste que tendría para las arcas forales trasvasar al total del alumnado de la concertada a la pública. Para ello parte de cifras recogidas en los informes del Consejo Escolar de Navarra que evidencian que el coste por alumno de la educación concertada es sustancialmente menor que el de la red pública (3.500 euros por curso frente a 5.950€.

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