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Hemos pasado de un modelo de propiedad, con ahorro privado y financiación bancaria, a otro más parecido al de la UE, con mayor peso del alquiler.

 

Hace unas semanas el Gobierno de España presentó el documento “Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo. España 2050”, un ejercicio de prospectiva estratégica para plasmar que país imaginamos en treinta años. El texto recoge un asunto de gran relevancia: la necesidad de la población, y en especial de los jóvenes, de acceso a la vivienda.

Pero esta necesidad se ha visto modificada en los últimos años. Ese cambio de tendencia ha venido aparejado con cambios en el modelo habitacional en España. Hemos pasado de un modelo de propiedad, con ahorro privado y financiación bancaria, a otro más parecido al de la UE, con mayor peso del alquiler, más vivienda asequible y social y mayor financiación institucional y pública. Muchos jóvenes ya no tienen como prioridad la compra de un piso. Prevalece el uso sobre la propiedad, la flexibilidad, el alquiler, el co-living… además de nuevos modelos demográficos, donde las familias son cada vez más reducidas. Nuevas fórmulas para nuevos tiempos.

Sin embargo, el mercado no parece remar en la misma dirección. Tras unas secuelas moderadas tras la covid, el sector de la vivienda en España requiere aumentar el porcentaje de viviendas de alquiler -en la actualidad, cifrado en el 24%, frente al 34% de media de la UE-. La construcción se ha frenado y, frente al boom inmobiliario de la primera década del siglo XXI, ahora se construye mucho menos. En 2006 se construyeron en Navarra 10.640 viviendas, el 39% de las mismas protegidas. En 2020, tan solo 2.679, con un 36% protegida.

En España solo el 2% de la vivienda de alquiler es pública frente al 15% de la UE. La dotación de los Presupuestos Generales del Estado destinada a vivienda fue en 2019 de 650 millones de euros y supuso tan solo el 0,05% del PIB, mientras que en la UE la cifra fue del 1,93% y en países como Reino Unido casi alcanzó 4,5%. La dotación presupuestaria española ya refleja de manera clara la importancia, o mejor dicho falta de ella, que se le da a esta materia. Para corregir estos desfases, sería deseable que muchas de las futuras viviendas de alquiler fueran públicas.

Un buen ejemplo de adaptabilidad en esta área lo encontramos en el Ayuntamiento de Pamplona, que modificará la normativa urbanística local para permitir construir más viviendas “pequeñas” -de dos dormitorios- para adecuarse a las nuevas necesidades sociales.

Sin un apoyo decidido del Gobierno -con normas equilibradas y razonables que garanticen la seguridad jurídica necesaria y la estabilidad a medio y largo plazo- y una colaboración estrecha público-privada para hacer frente a los retos socioeconómicos y demográficos a los que nos enfrentamos difícilmente se podrán ofertar viviendas asequibles. Tampoco será posible alcanzar los 2,5 millones de viviendas necesarias en los próximo 15 ó 20 años si las Administraciones no movilizan suelo y agilizan los trámites. ¿Por qué la Administración, dueña de muchos terrenos, no cede algunos por una determinada cantidad de años, digamos 75, de modo que a la iniciativa privada se plantee el construir y gestionar el alquiler durante todos esos años sin tener que invertir en la comprar del suelo para obtener una rentabilidad aceptable? Si no se proponen ideas innovadoras, difícilmente se solucionará el problema. Hay que construir vivienda protegida a precios asequibles y tal y como reafirmaba la OCDE en un reciente estudio, en España es necesaria más inversión pública en este sector

La urgencia de contar con una oferta amplia de vivienda de alquiler tiene muchas motivaciones. El desarrollo de proyectos económicos en las ciudades y la atracción y retención de talento es una de ellas.

Permítanme otra comparación. En ciudades como Barcelona o Madrid existen 103 y 77 viviendas de alquiler ofertadas por cada 100.000 habitantes, según el portal Idealista. Bilbao posee 37 por cada 100.000 habitantes y Pamplona, unas exiguas 10.

El acceso de los jóvenes a empleo y vivienda ha de ser una prioridad. Las necesidades residenciales de la población no estarán del todo satisfechas si no van a acompañadas de una mejora económica considerable que les permita el acceso a empleos de calidad. Queda mucho trabajo que hacer.

Concha Osácar Garaicoechea Socia fundadora y miembro del Consejo de Administración de Azora, y miembro del think tank Institución Futuro

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