Diario de Navarra, 6 de junio de 2014
Belén Goñi, directora general de Institución Futuro

El nuevo anteproyecto de ley para el Fomento y la Financiación Empresarial pretende limitar la cantidad que un ciudadano puede aportar a un proyecto de crowdfunding o micromecenazgo. En otras palabras, que si a usted le gusta un proyecto y quiere poner su dinero en él, el Estado le va a restringir la cantidad con la que quiere colaborar. Como ven, una medida absolutamente incongruente con el título de la ley y con el deseo de promover el emprendimiento, ya que este tipo de financiación se utiliza normalmente en las primeras fases de vida de una empresa.

Una cosa es que haya que regular el fenómeno del crowdfunding o crowd-investing para que sea muy transparente y para asegurar que todo el que pone su dinero conozca el riesgo que corre, pero otra muy distinta es que papá Estado se empeñe en sobreprotegernos y nos tenga que limitar el cuánto a tres mil euros. Además, ¿por qué tres mil? ¿De dónde sale esa cifra mágica?

Ésta es solo una nueva muestra del proceso de hiperregulación al que estamos sometidos los ciudadanos y empresas. La maraña de leyes de toda naturaleza que regulan nuestras actividades se hace cada vez más pesada y genera continuas contradicciones que sufrimos los ciudadanos de a pie. Un ejemplo: en 2012 se puso en marcha un sistema de creación de empresas que permitía acelerar el proceso para constituir una Sociedad Limitada en 48 horas. Un año después, con la llegada de la ley de emprendedores, esa posibilidad quedaba anulada sin llegar a establecerse ninguna alternativa por lo que hoy, para constituir una empresa, hay que volver a hacer los trámites clásicos, lo que supone unos 20 días en el mejor de los casos. Vuelvo a lo mismo, mucho predicar con el fomento del emprendimiento pero a la hora de la verdad…

En el año 2010 CEPYME analizó las cargas administrativas soportadas por las empresas españolas y estimó que éstas podían reducirse en 3.326 millones de euros anuales. ¡Casi nada! También la CEOE en 2012 publicó las cifras del número de leyes en vigor en España, unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales en torno a 67.000 eran de carácter autonómico. Su informe calculaba que en 2012 se imprimirían más de 1.2 millones de páginas en los boletines oficiales, y solo en ese año la ley del IRPF había sufrido 55 modificaciones legislativas. Y es que junto al Gobierno y legislador nacional tenemos los autonómicos y los de la UE, todos ellos muy activos. Por desgracia hay quienes creen que la función legislativa consiste solo en aprobar más y más normativa, cuántas más leyes, mejor, como si el buen hacer se midiera “al peso”.

Pero lo cierto es que el exceso de leyes lo que crea es inseguridad jurídica porque es imposible conocerlas todas y sortear sus lagunas y deficiencias. Hacer una ley es difícil y complejo, hay que tener en cuenta muchos parámetros para conseguir que sea redonda. En no pocas ocasiones el legislador desconoce la problemática concreta del usuario y de los implicados y redacta normas de difícil aplicación práctica o que generan problemas. En otras, las enmiendas introducidas en el proceso parlamentario convierten un texto legal coherente en una norma de menor calidad jurídica. Sin embargo, una vez aprobado en el Parlamento, el texto entra en vigor.

Por eso sería importante que todos aquellos que intervienen en las leyes tuvieran algún conocimiento jurídico. En el caso de los parlamentarios o diputados por ejemplo, parecería lógico proporcionarles una formación al comenzar la legislatura parlamentaria. Y también sería muy deseable que se dejaran ayudar por los letrados de la Cámara cuando fuera necesario. Resulta kafkiano que los parlamentarios pidan asesoramiento a los letrados y no le hagan ningún caso cuando éste no coincide con sus propósitos políticos., entonces ¿para que los tenemos?

Pero además de que sería estupendo que las leyes estuvieran muy bien hechas, también lo sería que fueran las justas y necesarias, y esto pasa por concienciar a los legisladores de que su obligación como tales es trabajar en la racionalización del cuerpo normativo y eso significa ‘limpiar”, derogar, eliminar… No se trata de regularlo todo hasta el más mínimo detalle para evitar al sinvergüenza de turno complicando la vida a todos los ciudadanos de bien, sino de tener una regulación razonable y de perseguir y “crujir” al incumplidor de la misma.

En definitiva, regulación, la justa y necesaria y para ello legisladores hábiles, bien asesorados y dedicados no solo a producir sino también a limpiar y racionalizar el cuerpo normativo.

 

 

 

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