Diario de Navarra, 24 de diciembre de 2015
Miguel Canalejo, miembro del Consejo de Gobierno del think tank Institución Futuro

Seguro que muchos de quienes están leyendo estas líneas recuerdan una Navarra diferente a la actual. Una Navarra eminentemente agrícola y poco o nada industrializada, con unos recursos naturales desaprovechados y con puestos de trabajo poco cualificados. Quizá también recuerden cómo nuestra Comunidad Foral consiguió dar un paso de gigante en los años 60 del siglo pasado a través del Programa de Promoción Industrial, impulsado por Félix Huarte y Miguel Javier Urmeneta.

Se logró una transformación económica y social sin precedentes. En diez años se crearon y ampliaron 200 empresas que generaron en torno a 20.000 nuevos puestos de trabajo. El nivel de progreso y bienestar que disfrutamos hoy en día se lo debemos en buena medida, a las decisiones tomadas entonces.

Un elemento fundamental del Programa fueron los incentivos fiscales que se ofrecieron a las empresas que se instalaron en Navarra. Gracias a nuestro autogobierno, pudimos ofrecerles subvenciones y exenciones fiscales más ventajosas que en otras regiones españolas. Y es que no conozco a ningún empresario, nacional o extranjero, al que los impuestos no le resulten determinantes a la hora de ampliar su negocio o invertir en uno nuevo.

Hoy, como entonces, el paro es nuestro principal problema. Por eso, hoy como entonces, las políticas públicas deberían estar encaminadas a crear unas condiciones de entorno económico que ayuden a nuestras empresas a ser más competitivas. Porque solo si son competitivas, en un mercado globalizado, podrán reinvertir sus beneficios, crear empleo y resolver nuestro problema. Por eso me preocupa que ahora pretendamos utilizar nuestro autogobierno para subir los impuestos a las empresas y a los empresarios.

Me temo que el resultado esta vez será el contrario del que se pretende: una menor recaudación fiscal y una menor creación de empleo en Navarra que la que tendrá lugar en el resto de España. Y es que el sistema fiscal español es ya de por sí muy competitivo frente al de otros países. Estamos en el puesto 29 de los 34 países de la OCDE según los índices de la Tax Foundation, y es una condición competitiva desfavorable que tendrán que corregir los que nos gobiernen en el futuro. Si la fiscalidad en Navarra para las empresas y los empresarios es la peor de España, estaremos haciendo justo lo contrario de lo necesario.

Entiendo perfectamente que el Gobierno de Navarra quiera disponer de más fondos para atender a las personas que viven en situación próxima a la pobreza y mejorar así, por imperativo ético, la cohesión social. Nadie puede estar en contra de un objetivo tan loable. Seguro que es compartido por todos los ciudadanos, que hacen esfuerzos todos los días en esa dirección. Pero no debemos olvidar, como argumenta el economista José García Montalvo en un reciente artículo, que el 90% del aumento de la desigualdad en nuestro país es consecuencia del aumento del paro o, lo que es lo mismo, que son principalmente parados los que figuran en las estadísticas como pobres. Así pues, la creación de empleo es la solución más determinante en la erradicación de la pobreza que queremos conseguir.

Si queremos ayudar a las empresas a crear empleo y, al mismo tiempo, ayudar a los parados, es fundamental impulsar la formación dual, considerar las necesidades de las empresas en el diseño de los planes de estudio e invertir en la formación continua del profesorado ante los nuevos requerimientos tecnológicos y profesionales que demandan las empresas.

Por último, si a corto plazo es necesario disponer de más fondos, siempre resulta más virtuoso reducir el coste de la Administración Pública que aumentar todavía más la fiscalidad de las empresas, detrayéndoles fondos que deberían destinar a lograr ser más competitivas, fondos para la I+D, fondos para la formación de sus empleados, para la internacionalización… en definitiva, fondos que necesitarán para seguir siendo competitivas en el mundo que viene.

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