Diario de Navarra, 10 de abril de 2010
Emilio Huerta, director del Centro para la Competitividad de Navarra / Institución Futuro
El modelo de financiación de la universidad pública española está obsoleto y resulta inadecuado para impulsar una universidad innovadora. El sistema actual basado en una subvención pública que cubre entre el 80 y 85 por ciento del coste de la enseñanza superior y una aportación mediante tasas y matriculas de los beneficiarios de la educación, los estudiantes, que aportan el resto, es ineficaz y socialmente injusto.

El coste medio de la enseñanza superior en España se sitúa en el entorno de los 4.700 euros por estudiante y éste paga una matrícula de 900 euros por curso académico. En estas condiciones cada alumno, con independencia de su nivel de aprovechamiento académico, del status socioeconómico de su familia y del rendimiento futuro de su formación, recibe un subsidio anual de 3.800 euros. Esta forma de financiar la educación superior es regresiva e ineficiente.

Diversos estudios sitúan la rentabilidad de un año en educación superior en un siete por ciento. Es decir, por cada año de formación universitaria recibida, las rentas futuras de quien obtuvo esa educación aumentarán un 7 por ciento. Por el contrario, la rentabilidad social, entendida como el valor para la sociedad de esa inversión educativa que mejora la calidad de nuestra ciudadanía, es del 3 por ciento. Esto significa que la educación universitaria beneficia sobre todo a las personas que la reciben, pues mejora su capacitación personal y profesional, lo que les llevará a percibir mayores salarios y a aumentar sus oportunidades de empleo. También se beneficia la sociedad al tener una ciudadanía más preparada, pero en menor medida.

Por otro lado, el actual sistema de financiación universitaria es ineficiente porque unos precios de acceso tan reducidos no fomentan un estudiante responsable que reconoce que el trabajo a desarrollar resulta exigente, es consciente de que realiza un esfuerzo financiero notable que tiene que recuperar con interés, esfuerzo y dedicación. Este modelo tampoco incentiva una institución comprometida con la mejora permanente para obtener el aprecio de un creciente número de estudiantes que resulten atraídos por el prestigio y la reputación de su oferta educativa. Si la financiación que se recibe no depende del valor de los títulos que ofrece y de su reconocimiento profesional por la sociedad, sino de un proceso de negociación política y asignación administrativa entre los poderes públicos, lo que hay que conseguir es negociar con contundencia con la administración. Además, si este ejercicio corresponde en exclusiva a los máximos responsables de la institución, el resto de los profesores no se implicarán.

Por ello es urgente cambiar el modelo de financiación de la universidad aunque genere resistencias notables. Cuando nos hemos acostumbrado a que el servicio parezca gratis (no lo es, se paga con nuestros impuestos) resulta incómodo pagar un precio superior. En Navarra debemos avanzar algunas iniciativas sobre esta cuestión. Primero, resultaría mucho más progresivo, que los estudiantes universitarios contribuyeran con una aportación superior al actual al coste de su formación académica. Ampliemos la utilización de la diferenciación de precios en primeras, segundas y sucesivas matrículas. Segundo, porque el acceso de los que se lo merecen por sus méritos no debe estar limitado por la capacidad económica de su familia, el nuevo sistema debería ir acompañado de un aumento sustancial y selectivo de las becas para los que las necesiten. Tercero, se debería reconocer una mayor diferencia en el precio de las matriculas de la formación más general (los grados) y aquella a la que se le reconoce un mayor valor profesional (los masters y postgrados). Cuarto, los fondos públicos recibidos por la universidad pública deberían ser predecibles y no sujetos a regateo político. Para ello sería necesario diseñar un contrato programa de carácter plurianual que dispusiese de una financiación básica orientada por las necesidades docentes y una financiación variable asociada al cumplimiento de un conjunto de objetivos diversos, de investigación, transferencia, emprendimiento, internacionalización etc. que la sociedad y la universidad considerasen relevantes para el desarrollo de nuestra comunidad.

En definitiva, el debate sobre cómo financiamos la enseñanza superior trasciende la discrepancia sobre si la universidad debe recibir más o menos recursos; la discusión se debe centrar en cómo generar los incentivos y definir el marco institucional preciso para que los estudiantes, los profesores y la sociedad comprometan sus conductas hacia la mejora de la educación universitaria y la búsqueda de la excelencia. Nos jugamos el futuro en ello.

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