Expansión, 23 de julio de 2005
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
En Suecia, la necesidad de disminuir el gasto público y el rechazo popular del monopolio estatal han obligado a que el Gran Hermano (el Estado) pierda poder en favor de la libertad ciudadana.
En Suecia, la necesidad de disminuir el gasto público y el rechazo popular del monopolio estatal han obligado a que el Gran Hermano (el Estado) pierda poder en favor de la libertad ciudadana.
Es un hecho ignorado que el modelo actual de bienestar de Suecia ha cambiado completamente en los últimos catorce años. El think tank sueco Timbro ha publicado hace unas semanas el documento Suecia tras el modelo sueco, que debería ser de lectura obligada para nuestros gobernantes. El sugerente informe justifica el abandono del sistema de protección social que ha caracterizado al país nórdico y puede ayudar a que España, Francia, Italia y Alemania escarmienten en cabeza ajena.
La emergencia del Estado de Bienestar sueco, aunque comenzó en 1930, tiene sus raíces en la segunda mitad del siglo XVI, cuando el poder de la monarquía y el de la Iglesia nacional estaban unidos. La consecuencia de esa integración fue un Estado todopoderoso y centralista que impidió la aparición de una verdadera sociedad civil en los siglos posteriores. La mentalidad sueca era proclive a una protección social universal y uniforme; también a la entrega de estos servicios en régimen de monopolio al Estado.
Este sistema, favorecido por una prosperidad económica impresionante, llega a su apogeo en los años setenta bajo el gobierno de Olof Palme. Los suecos, merced a una planificación completa y detallada, estaban asignados a un determinado hospital, escuela, asilo, etcétera. El Gran Hermano pensaba por cada sueco y le concedía todo lo que juzgaba necesario para la calidad de vida patrón. A cambio le secuestraba la libertad para muchas elecciones fundamentales y le esquilmaba a impuestos. Obviamente, sin apenas renta neta disponible, si no le gustaba el servicio único, era arduo escapar del sistema y acudir a las escasísima oferta privada disponible entonces.
La crisis del Estado de Bienestar estalla en Suecia en el comienzo de los noventa por múltiples causas. En el año 1989 el crecimiento del gasto público por la asistencia social alcanza el 56,2% de los ingresos del Estado; de 1990 a 1994 se pierden medio millón de empleos (el 10% de la fuerza laboral), alcanzándose un desempleo del 12,6%. La protección del desempleo es tan alta que se desincentiva la búsqueda de trabajo.
Esta situación provoca una crisis fiscal sin precedentes que obliga al recorte de muchas prestaciones. La inviabilidad económica del bienestar sueco, la globalización, la llegada de inmigrantes a un país étnicamente uniforme y, sobre todo, la observación de que ciudadanos de otros países tienen sistemas que exigen menos impuestos y donde se puede elegir, provocó un cambio de políticas desde 1991. Los suecos y su gobierno descubren que el tener todos los riesgos cubiertos no es lo más importante. El ansia de dirigir la propia existencia implica la libertad para tomar decisiones en la escuela que deseo para mis hijos, el tipo de hospital que quiero, el mayor control sobre el plan de mi pensión o el modelo de cuidados que deseo para mi vejez.
Hoy, el sistema paternalista e ineficiente del pasado se está abriendo para transformarse en un Estado que promueve oportunidades para diversificar la oferta de los servicios sociales. Ahora hay posibilidad de elección entre escuelas independientes pertenecientes a fundaciones privadas y centros estatales mediante un cheque escolar, vía por la que el Estado asegura una verdadera e igualitaria libertad de elección. También se puede escoger el hospital donde tratarse y demás prestaciones. Aunque el Estado sigue jugando un papel importante, ya no ostenta el monopolio que tuvo hasta 1991.
Desde esa fecha, los gobiernos del país escandinavo han favorecido la entrada de numerosas organizaciones de la sociedad civil, o privadas, en la prestación de servicios, conscientes de que necesitaban su colaboración para paliar la enorme insatisfacción ciudadana. Suecia ha pasado del Estado de Bienestar a la Sociedad de Bienestar, propiciando una sólida base de igualdad y seguridad combinada con una genuina libertad de elección.
Es un hecho ignorado que el modelo actual de bienestar de Suecia ha cambiado completamente en los últimos catorce años. El think tank sueco Timbro ha publicado hace unas semanas el documento Suecia tras el modelo sueco, que debería ser de lectura obligada para nuestros gobernantes. El sugerente informe justifica el abandono del sistema de protección social que ha caracterizado al país nórdico y puede ayudar a que España, Francia, Italia y Alemania escarmienten en cabeza ajena.
La emergencia del Estado de Bienestar sueco, aunque comenzó en 1930, tiene sus raíces en la segunda mitad del siglo XVI, cuando el poder de la monarquía y el de la Iglesia nacional estaban unidos. La consecuencia de esa integración fue un Estado todopoderoso y centralista que impidió la aparición de una verdadera sociedad civil en los siglos posteriores. La mentalidad sueca era proclive a una protección social universal y uniforme; también a la entrega de estos servicios en régimen de monopolio al Estado.
Este sistema, favorecido por una prosperidad económica impresionante, llega a su apogeo en los años setenta bajo el gobierno de Olof Palme. Los suecos, merced a una planificación completa y detallada, estaban asignados a un determinado hospital, escuela, asilo, etcétera. El Gran Hermano pensaba por cada sueco y le concedía todo lo que juzgaba necesario para la calidad de vida patrón. A cambio le secuestraba la libertad para muchas elecciones fundamentales y le esquilmaba a impuestos. Obviamente, sin apenas renta neta disponible, si no le gustaba el servicio único, era arduo escapar del sistema y acudir a las escasísima oferta privada disponible entonces.
La crisis del Estado de Bienestar estalla en Suecia en el comienzo de los noventa por múltiples causas. En el año 1989 el crecimiento del gasto público por la asistencia social alcanza el 56,2% de los ingresos del Estado; de 1990 a 1994 se pierden medio millón de empleos (el 10% de la fuerza laboral), alcanzándose un desempleo del 12,6%. La protección del desempleo es tan alta que se desincentiva la búsqueda de trabajo.
Esta situación provoca una crisis fiscal sin precedentes que obliga al recorte de muchas prestaciones. La inviabilidad económica del bienestar sueco, la globalización, la llegada de inmigrantes a un país étnicamente uniforme y, sobre todo, la observación de que ciudadanos de otros países tienen sistemas que exigen menos impuestos y donde se puede elegir, provocó un cambio de políticas desde 1991. Los suecos y su gobierno descubren que el tener todos los riesgos cubiertos no es lo más importante. El ansia de dirigir la propia existencia implica la libertad para tomar decisiones en la escuela que deseo para mis hijos, el tipo de hospital que quiero, el mayor control sobre el plan de mi pensión o el modelo de cuidados que deseo para mi vejez.
Hoy, el sistema paternalista e ineficiente del pasado se está abriendo para transformarse en un Estado que promueve oportunidades para diversificar la oferta de los servicios sociales. Ahora hay posibilidad de elección entre escuelas independientes pertenecientes a fundaciones privadas y centros estatales mediante un cheque escolar, vía por la que el Estado asegura una verdadera e igualitaria libertad de elección. También se puede escoger el hospital donde tratarse y demás prestaciones. Aunque el Estado sigue jugando un papel importante, ya no ostenta el monopolio que tuvo hasta 1991.
Desde esa fecha, los gobiernos del país escandinavo han favorecido la entrada de numerosas organizaciones de la sociedad civil, o privadas, en la prestación de servicios, conscientes de que necesitaban su colaboración para paliar la enorme insatisfacción ciudadana. Suecia ha pasado del Estado de Bienestar a la Sociedad de Bienestar, propiciando una sólida base de igualdad y seguridad combinada con una genuina libertad de elección.
Mentalidades obsoletas
En España, el Estado se apropia indebidamente el encargo de todo lo que tiene carácter público, sin tener en cuenta que lo público pertenece a la sociedad y que, salvo contadas excepciones, el entrometimiento del Estado atenta contra la libertad. Aquí quedan todavía mentalidades obsoletas que no han superado una posición dicotómica e irreconciliable entre lo público y lo privado. Lo importante no es quién da el servicio, sino el que todos gocemos de la mejor calidad de asistencia al menor coste. Público y privado no deben ser opciones enfrentadas sino complementarias.
Es más, en muchas ocasiones, la mejor solución se consigue cuando hay una colaboración constructiva entre lo público y lo privado. La ceguera de algunos políticos de duplicar sin necesidad las iniciativas privadas de servicios con una red pública es un dispendio intolerable. ¿No es mejor llegar a un acuerdo que despilfarrar en capacidad ociosa? Suecia, país donde la necesidad de la eficacia ha vencido al Estado intervencionista, constituye un ejemplo a imitar.