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Presentación de la presión fiscal normativa en España.

El propósito del Índice de Competitividad Fiscal (ICF) es evaluar el diseño de los distintos sistemas tributarios de la OCDE, con ánimo de extraer lecciones valiosas para la política fiscal española de los años venideros. El informe, elaborado en colaboración con la Tax Foundation de Estados Unidos, subraya las carencias de nuestro modelo de impuestos, que se traducen en un menor atractivo fiscal y resultan en peores datos de crecimiento e inversión.

Ante el contexto de desaceleración que se viene observando durante el último año, el cambio de política fiscal se antoja más necesario que nunca. La reforma más urgente es la del Impuesto sobre Sociedades, que acumula doscientas modificaciones durante la última década. El tipo general del gravamen (25%) supera los promedios observados en la OCDE (23,6%), en la UE-28 (22,5%) y en el conjunto de las economías del mundo (21,4%). En paralelo, la gestión del gravamen sobre los beneficios empresariales es farragosa e introduce numerosos costes de cumplimiento. Durante la última década se han producido doscientas revisiones de las reglas del Impuesto sobre Sociedades, doce de ellas de gran impacto, como, por ejemplo, los continuos cambios en el sistema de pagos fraccionados. Considerando todos estos factores, la nota que recibe España en la evaluación del Impuesto sobre Sociedades se queda en apenas 53,9 puntos sobre 100, lo que nos relega al vigésimo segundo puesto del ranking.

España tampoco destaca para bien en el análisis del resto de tributos de referencia. Los impuestos directos e indirectos aparecen en el puesto 14 del listado, lejos de las posiciones de cabecera, mientras que los impuestos sobre la propiedad nos relegan al número 32 del ranking, debido a la aplicación del Impuesto de Patrimonio, la persistencia del Impuesto de Sucesiones y las reglas que determinan el pago de tributos como el IBI o la plusvalía municipal. Por último, figuramos en el puesto 19 de la categoría que mide el tratamiento de las rentas internacionales, algo especialmente delicado en un contexto de globalización empresarial.

La introducción de nuevas figuras fiscales (tasa financiera, impuesto al diésel, etc.) aumentaría la complejidad del sistema tributario y crearía nuevos obstáculos para la actividad empresarial, lastrando el atractivo fiscal de España. Nuestro país retrocedería cinco puestos en el Índice de Competitividad Fiscal en el caso de que saliesen adelante dichas medidas.

Por último, aunque en el estudio va al principio, se añade una Presentación del Instituto de Estudios Económicos sobre la presión fiscal normativa, la cual ha sido calculada a partir del Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation. Según este nuevo indicador, la presión fiscal normativa en España es superior a la media europea en el orden de un 8,1%.

El Índice de Competitividad Fiscal es un informe de la Tax Foundation de Estados Unidos, divulgado en España en colaboración con el Instituto de Estudios Económicos. Los autores del trabajo original son Elke Asen y Daniel Bunn, economistas de la Tax Foundation especializados en asuntos fiscales. La adaptación a España corre a cargo de Diego Sánchez de la Cruz, investigador asociado al Instituto Estudios Económicos.

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