Este índice, publicado por vez primera en 2017, clasifica a todas las comunidades autónomas por su capacidad de competir fiscalmente para retener y atraer empresas y profesionales, generando por tanto actividad económica y empleo.
El índice, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad con el apoyo de la Unión de Contribuyentes y de la Tax Foundation estadounidense (que elabora un ranking similar para los cincuenta estados de su país), tiene en cuenta los tramos autonómicos de los grandes impuestos, los tributos cedidos a las comunidades, la especificidad canaria y la de los regímenes forales, así como los impuestos adicionales establecidos por cada comunidad autónoma.