Diario de Navarra, 9 de marzo de 2015
Emilio Huerta, miembro de Institución Futuro

Recientemente se ha publicado en el B.O.E. la Norma 31/2014 por la que se modifica la Ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo. Este texto tiene varios objetivos; persigue el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno de las empresas, pretende generar confianza y trasparencia y aspira a la mejora del control y la responsabilidad de las compañías. 

El gobierno corporativo es importante porque define las reglas a través de las cuales se dirigen y controlan las organizaciones y ha puesto su atención, en los últimos años, en cómo resolver los conflictos que se generan entre el interés de las empresas y el de la sociedad. En este tiempo han crecido mucho las tensiones entre los objetivos de rentabilidad empresarial y el bienestar. Los drásticos ajustes de plantillas y cierres de empresas, la precarización de las condiciones laborales, reducciones de salarios, elevados niveles retributivos de algunos ejecutivos y la corrupción se achacan a prácticas seguidas por las compañías que abusan de su posición y poder e imponen sus intereses sin considerar las consecuencias de sus decisiones para la sociedad. La confianza de la sociedad en sus empresas está bajo mínimos.

La respuesta a través de actuaciones normativas de los poderes públicos para reducir este conflicto, ha sido limitada. Se ha movido entre la exigencia de auto regulación, mediante el fomento voluntario de buenas prácticas y actuaciones de responsabilidad social de las empresas, e intervenciones públicas más firmes, impulsando leyes de obligado cumplimiento que restringen la autonomía empresarial. Pero la preocupación alrededor del gobierno corporativo centrada sólo en los inversores y no en otros grupos de interesados, responde a una visión de la empresa en la que el capital financiero se considera el único recurso crítico a proteger.

Desde principios de los ochenta, las empresas, cuya preocupación central ha sido los costes, han crecido a través de inversiones en tecnología, ofreciendo productos estandarizados y gestionando sus procesos mediante una elevada división del trabajo. El poder en esta empresa está centralizado en el capital, los trabajadores tienen poca autonomía y capacidad de decisión y el papel de los sindicatos se orienta a discutir el reparto de las ganancias derivadas de la mejora de la eficiencia. Pero los nuevos tiempos exigen nuevas respuestas. En la era de la calidad, la empresa debe gestionarse de forma diferente.

Los procesos de la cadena de valor y orientados a los clientes, sustituyen a la coordinación vertical a través de la autoridad. Las empresas excelentes apuestan por la transparencia (encuestas, reuniones periódicas y sugerencias) y fomentan la participación sustantiva de los empleados (organización de grupos y equipos de trabajo con autonomía para decidir en su entorno productivo). Las mejores empresas entienden que el papel de las personas, resulta clave para explicar el éxito. La capacidad del capital humano es fundamental para ser competitivo.

El papel de los sindicatos en estos modelos innovadores ha quedado desdibujado por la heterogeneidad de respuestas organizativas en las empresas. Su voz ya no es la única que refleja los intereses de los trabajadores, se han abierto otros canales. La extensión de estos nuevos sistemas de gestión con mayor implicación de los empleados en la empresa española, ha sido muy modesta. La innovación centrada en la participación de los trabajadores ha quedado limitada a algunas multinacionales o nacionales grandes.

Mientras en otros países las empresas han evolucionado bajo los principios de la calidad total y la innovación, en España muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, han quedado fuera de esa dinámica, y sus sistemas de gobierno siguen anclados en los modelos tradicionales que resultan crecientemente obsoletos. Por eso, si queremos mejorar la competitividad empresarial, es urgente cambiar en profundidad el gobierno de la empresa. El capital humano tendrá un protagonismo distinto y mayor que el reconocido hasta ahora y la protección de los intereses de los trabajadores será un imperativo difícil de sortear para muchas organizaciones.

El gobierno de la empresa necesita no de cambios formales sino sustanciales si se quiere construir un proyecto empresarial más integrador y también más competitivo.


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