Según el último Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en el último quinquenio las Comunidades Autónomas (CC AA) han pasado de 690.370 funcionarios a 1.162.057. Este incremento del 40,6%, motivado en parte por las competencias transferidas, no ha sido compensado por el descenso de 336.051 funcionarios de la Administración general de Estado. Hay también un gran número de contratados laborales que realizan trabajos en empresas públicas, entidades que han crecido enormemente. El Informe del Círculo de Empresarios La cuestión autonómica y le reforma de los estatutos contabiliza esos contratados: su estudio asegura que, en sólo seis años, las CC AA aumentaron sus asalariados en un 90% y que, en los últimos 17 años, se han cuadruplicado.
El Instituto Nacional de Estadística indica que, sólo en el segundo semestre de 2004, el número de empleados públicos se elevó en un 2,25%, mientras que el dato referido a empresas públicas creció un 4,83% desde 2001, pese a las privatizaciones. Por último, el informe del Banco de España Empresa, privatización y eficiencia lanza estos mensajes: las empresas públicas son menos eficientes que las privadas, la titularidad pública afecta de forma negativa a la eficiencia empresarial y las privatizaciones han producido efectos positivos sobre la evolución de la productividad.
El bienestar del que disfrutamos exige cada vez mayores prestaciones sociales a los gobiernos. Con frecuencia se reclama la gratuidad completa, sin percibir que los nuevos servicios no nos salen gratis, sino que los pagamos de nuestros bolsillos mediante una subida de impuestos directos o indirectos. En ocasiones, cuando la gestión de la prestación no es eficaz y se dispensa en régimen de monopolio por el Estado, nos cuesta más que lo que exigiría el libre mercado. Lo importante de los servicios que demanda el ciudadano no es la titularidad de quien los presta, pública o privada, sino que tengan calidad.
Que me perdonen los sindicatos de los funcionarios, pero a menudo la gestión pública tiende a burocratizarse por la rigidez del sistema. Hay mucha leyenda negra acerca de los funcionarios públicos: he comprobado que la gran mayoría realiza un trabajo de calidad a pesar de sus reducidas retribuciones. Cuando el rendimiento es bajo, hay una parte de responsabilidad que se debe atribuir a unos estatutos obsoletos que no contemplan procedimientos para motivar a los servidores públicos a trabajar más y mejor. No estimula al trabajo el obtener idéntica retribución al margen del resultado alcanzado. El mal ejemplo del caradura que incumple su compromiso laboral, desalienta a trabajar mucho y bien. Lo peor es la práctica imposibilidad de despedir al funcionario defraudador, acción que, pagando, sí es viable en la actividad privada. Es una lástima que la ilusión con que se empieza en un puesto conseguido tras unas duras oposiciones se transforme en frustración al no percibir reconocimiento diferencial alguno a la labor realizada.
Motivar a los funcionarios
Un Estado moderno debería actuar como las empresas de excelencia y establecer incentivos salariales o premios en especie (por ejemplo viajes o estancias hoteleras). El requisito previo a otorgar esos galardones es una evaluación rigurosa del desempeño. Esto no es una novedad: Alemania contempla en su nuevo reglamento del funcionariado, que deberá entrar en vigor dentro de dos años, que sus funcionarios cobrarán según su eficiencia. Esta reforma, que cuenta con el apoyo del sindicato de Servicios VERDI, pretende flexibilizar y hacer más competitivo el trabajo público germano. Francia estudia conceder stock options a los funcionarios de France Telecom. También se está estudiando adjudicar estos beneficios a los empleados de las empresas públicas galas Electricité de France y Gaz de France.
Urge hacer en España una profunda revisión de la función pública, comenzando por establecer qué servicios debe aportar el Estado y cuáles debe cofinanciar. El clientelismo de nuestros políticos, especialmente de los autonómicos, es un riesgo para nuestro futuro y, sobre todo, para el de nuestros hijos. Hace falta una mayor flexibilidad del estatuto funcionarial para hacerlo más productivo. Antes de sacar nuevas oposiciones, se debe procurar hacer más eficientes a los actuales servidores públicos y facilitar su movilidad entre todas las administraciones. Si no se toman medidas, podemos vernos forzados a imitar la política del Reino Unido, donde el Informe Gershom ha servido para que el ministro de Hacienda, Gordon Brown, decidiera despedir 104.000 funcionarios como parte de una política de aumento de productividad. Por último, la jornada laboral de 35 horas semanales de muchos funcionarios es una injusticia con el resto de trabajadores, quienes además de dedicar más horas, no tienen el empleo asegurado de por vida.