Acceso al artículo íntegroHemos conseguido desincentivar la venida de empresas a la región y que otras compañías y también particulares se marchen a otras regiones.
Debemos recordar que Navarra posee autonomía fiscal y que, durante décadas, ha servido a nuestra región para crecer económicamente ayudando al desarrollo empresarial y social que se requería en cada momento. Hoy nos acordamos de cómo con ayudas fiscales y distintos apoyos se pasó en los años 60 de una economía agrícola a una industrial. Pero de un tiempo a esta parte la autonomía fiscal se está empleado para todo lo contrario: no para favorecer la creación de empleo y el desarrollo. Hemos conseguido desincentivar la venida de empresas a la región y que otras compañías y también particulares se marchen a regiones donde la tributación es más ventajosa. En estos momentos el tema fiscal vuelve a sonar con fuerza en la Comunidad foral. Se ha presentado el proyecto de Ley Foral de Medidas Tributarias para 2022 que incluye ciertas mejoras en el IRPF para rentas de hasta 30.000 euros anuales. En lo que al Impuesto sobre Sociedades se refiere, el Gobierno ha tenido en cuenta de manera parcial el informe que el comité de expertos en materia fiscal presentó en octubre. Se plantea eliminar la deducción por creación de empleo y, a cambio, reforzar las políticas activas de empleo, que aún están por concretar.
Precisamente, Institución Futuro ha estudiado el informe del comité de expertos, un órgano consultivo constituido por el Gobierno de Navarra en mayo de este mismo año y que, como decía, a principios de octubre presentó su primer informe. Éste no era sino un encargo realizado por el Gobierno para el estudio de determinados incentivos fiscales en el impuesto sobre sociedades.
Sorprendió que el encargo, realizado en primavera, solicitara el estudio de determinados incentivos, en vez de analizar el impuesto en su conjunto. Más aún teniendo en cuenta que la función del comité de expertos, compuesto por personas de prestigio en sus diferentes ámbitos profesionales, es la de “analizar y estudiar en profundidad el sistema fiscal de la Comunidad foral, con el objetivo de fortalecerlo para hacerlo más eficiente y modernizarlo para adaptarlo a los retos presentes”.
Así que ya antes de leer el informe se podía afirmar que el encargo del Gobierno al comité resultaba parcial e insuficiente. Los propios expertos fiscales incluían la consideración de que “una medida como la supresión de los incentivos fiscales requiere un estudio amplio y en profundidad de todo el Impuesto sobre Sociedades, y en particular de los tipos de gravamen y de la tributación mínima”.
También antes de tener el informe en nuestras manos echamos en falta a unos actores fundamentales, los principales protagonistas del impuesto sobre sociedades: las empresas. Éstas podrían arrojar luz sobre la utilidad o no de los incentivos fiscales analizados y, en términos globales, sobre el impacto de este tributo en las empresas, en su importancia para la generación de empleo directo e indirecto y en el establecimiento de un entorno atractivo para compañías, inversión y talento.
Una vez hecho público el documento observamos que, en términos generales, basaba sus propuestas en el análisis de la recaudación de cada uno de los incentivos fiscales. Pero como bien indica la comisión, “los tributos, además de tener como finalidad principal la obtención de ingresos, son instrumentos de política económica”. ¿Qué implicaciones tendría la eliminación de los incentivos fiscales mencionados en la recaudación de otros tributos –no solo sociedades-, la creación de empleo, el crecimiento de las empresas o su atracción y retención en la Comunidad foral? ¿Qué retorno directo e indirecto tienen las inversiones apoyadas con los incentivos fiscales para Navarra?
Resulta delicada la eliminación de ciertos incentivos fiscales, muchos de ellos presentes en las comunidades vecinas, sin haber estudiado previamente las implicaciones o consecuencias que tendrá dicha eliminación, o sin conocer en detalle el uso que se les está dando desde el punto de vista de política económica. Lamentablemente, esto es precisamente lo que ha planteado el Gobierno de Navarra. Vamos a ver si se consigue enmendar y no acelerarnos para aprobar la eliminación de las ayudas por creación de empleo en este curso 2022.
Según nuestro criterio, el análisis de la comisión debería proseguir en los próximos meses con un estudio económico en profundidad del Impuesto de Sociedades, con una estimación en términos de pérdida de competitividad que supondría la eliminación de incentivos en Navarra frente al mantenimiento en otros territorios, y con una propuesta de reforma integral del Impuesto sobre Sociedades que analice todos sus elementos (tipos, reducciones, deducciones, etc.). No solo desde la perspectiva de su recaudación sino también de su propia eficacia como instrumento de política económica y de atracción y generación de actividad, de inversión y de empleo.
De lo que no hay duda, y retomo mi idea inicial, es que la fiscalidad importa, y mucho. No es un tema menor, debería consensuarse para emplearse con inteligencia y responsabilidad. En este sentido la empresa privada, creadora de riqueza y empleo, no debe ser el enemigo a batir o exprimir fiscalmente en pro de una mayor recaudación. En el recién celebrado en Pamplona congreso nacional de la empresa familiar Marc Puig, presidente del Instituto de Empresa Familiar, no pudo estar más atinado en sus palabras de clausura. Indicó que una fiscalidad mal empleada “puede destruir las empresas para responder a urgencias coyunturales”. La política fiscal y presupuestaria no debería castigar a las compañías, con independencia de su tamaño, sino ayudarlas como principales motores económicos. No lo olvidemos.
José María Aracama Yoldi Presidente del think tank Institución Futuro