El criterio para seleccionar los regalos a conceder suele ser el de una justicia social mal interpretada. En vez de ayudar a los que de verdad lo necesitan y hacen por sí mismos lo que pueden para salir adelante, impera el oportunismo para tratar de impresionar a su granero de votos. Lo trágico de este trapicheo es que los grandes paganos de los nuevos subsidios serán los ciudadanos de la clase media, quienes verán aumentada su presión fiscal.
Entre estas personas se encuentran profesionales, comerciantes, pequeños empresarios, personas que, en general, han arriesgado su dinero o han invertido su talento durante años, sin retribución alguna, para dominar una especialidad o ganar unas oposiciones. Estos ciudadanos, artífices significados del progreso del país, suelen ser materialmente esquilmados hasta el límite que supone que el beneficio marginal ya no compense el esfuerzo adicional.
Otro agravio, difícil de admitir, es que la solidaridad obligatoria que se le impone a la clase media sea para proporcionar ayudas en bienes a los que muchos de estos contribuyentes no tienen acceso. Pondré un par de ejemplos. Las guarderías públicas acogen sin problemas a todos los niños de familias de renta baja a un coste simbólico, mientras que, en ocasiones, los que están sufragando ese beneficio con sus impuestos ni tienen renta suficiente para pagarse un centro privado ni alcanzan el baremo que exige el establecimiento público.
Inmigrantes y vivienda
Otro ejemplo son las Viviendas de Protección Oficial (VPO), que son concedidas a los inmigrantes que llevan poco tiempo en España. Son personas que merecen todo el respeto, pero a las que no se les puede dar un beneficio al que no han contribuido. En todo caso, la Administración debiera facilitarles viviendas por unos alquileres módicos.
Pero lo que no tiene lógica es que los jóvenes españoles que están al principio de su vida laboral, y que por tanto poseen salarios todavía modestos, pero no tan bajos como los de los inmigrantes, ni puedan acceder a una VPO ni tengan recursos para una vivienda libre. Es injusto que exista con frecuencia una dicotomía entre el ‘gratis total’ (o una importante bonificación) en beneficios sociales que disfrutan las rentas bajas, y el expolio fiscal que sufren las clases medias. ¿No se podrían repartir las ayudas de un modo escalonado?
También es exasperante que esa presión tributaria sea despilfarrada por los políticos del gobierno en propagandas innecesarias o en grandes fastos y fiestas de los que no queda nada después del ruido de la traca. Otras manifestaciones de dilapidación del dinero de todos son los lujos de nuestros políticos, comenzando por las ostentosas manifestaciones de poder como los coches oficiales, los viajes suplerfluos y los gastos de representación, más agraviantes si cabe en las Comunidades Autónomas con menores PIB per cápita.
Conviene recordar que estas prácticas no están implantadas en países más serios que el nuestro y con democracias más consolidadas. Sin embargo, los ciudadanos estaríamos encantados con que la actividad política fuera evaluada, tal como está haciendo Sarkozy en Francia, y que se premiara a los ministros eficientes con un fuerte incentivo en su salario y a los torpes con una penalización.
Por último, la parte de los impuestos que más duele a una clase media ilustrada es la que va destinada al aumento del gasto público, como esos 25.000 funcionarios que Zapatero ha creado desde 2004, muchos de ellos asignados a ministerios sin apenas competencias. Los 7.000 millones de euros que cuesta este personal suponen una partida estructural que no puede reducirse en épocas de crisis económica, como la que España empieza a sufrir
Sin duda, este injustificable gasto, sumado al hecho de que no se hayan tomado medidas eficaces para lograr que España mejore su competitividad, componen los dos sonoros suspensos que merece Solbes. Quizás tras estos errores está su incapacidad para tomar decisiones contra corriente, algo que pudo costarle un disgusto en el escándalo de corrupción que hubo en Eurostat, cuando era Comisario europeo, y que en España se ha traducido en no haber sabido imponerse a los dictados de La Moncloa.