Actualmente nos enfrentamos a un endeudamiento público y privado enorme que hay que refinanciar y pagar a un coste aceptable y nos encontramos con una caída de la demanda interna, el consumo y la inversión que ha generado que cerca de cinco millones de trabajadores estén desempleados. ¿Qué hacer? Tan necesario resulta el estímulo al crecimiento como el ajuste de la deuda. La situación presupuestaria es grave porque la deuda acumulada es muy importante, el déficit ha alcanzado el límite para los que nos han estado prestando el dinero que dudan de nuestra capacidad para devolverlo y nos piden más garantías e intereses más elevados. Hemos llegado a la situación actual, en parte, porque en la cultura del país está muy extendida la idea de que lo público no es de nadie. Por eso todo el mundo está encantado de que su ayuntamiento construya un nuevo complejo deportivo, el gobierno foral ponga en marcha una nueva autovía sin peaje y la administración central invierta en el tren de alta velocidad y lo lleve a la capital de su comunidad. Y ello es así porque sólo nos fijamos en el beneficio que se deriva de esas decisiones y no anticipamos el coste que hay que pagar. No nos preocupa de donde saldrá el dinero para financiar estas inversiones ni tampoco cual es su coste de oportunidad, las otras cosas que podíamos haber conseguido en su lugar. Los políticos tienden a alimentar interesadamente esa ficción, escondiendo el coste de sus decisiones. Así, se aprueba la puesta en marcha de la Universidad Pública en Tudela, por intereses electorales y luego se reduce en cuatro millones la subvención a la UPNA porque su coste es elevado.
Por ello cuando estamos revisando el presupuesto, hay dos actividades que conviene hacer de forma simultánea. La primera se refiere a ajustar los gastos a los ingresos buscando un equilibrio más sostenible, la segunda exige recomponer el gasto público y fijar prioridades. En ambos casos hay que tener en cuenta que la productividad es la clave para orientar las decisiones públicas que tienen como objetivo mejorar la eficiencia. Así los programas públicos cuyo coste beneficio resulte positivo, se deberían mantener. Los que refuercen la productividad de la economía también. Además se deben hacer explícitos los criterios de equidad que se consideran fundamentales para seguir manteniendo las cotas de bienestar alcanzadas. Hay demasiados programas que se han puesto en marcha atendiendo a la presión de colectivos diversos y cuyo impacto sobre la distribución de la renta y las oportunidades es más que dudoso. La superación de la crisis económica va a exigirnos un esfuerzo colectivo prolongado y firme, esperemos que las enseñanzas obtenidas nos sean útiles para evitar en el futuro los mismos errores.