Expansión, 28 de julio de 2007
Julio Pomés, Director de Institución Futuro
Hoy quiero dejarles un buen sabor de boca para que comiencen sus vacaciones estivales con optimismo. Me centraré en uno de los mayores quebrantos que tiene nuestra nación: el caos autonómico que está fracturando España.
Una percepción unánime de los que todavía nos sentimos españoles es la conveniencia de armonizar el ejercicio de competencias de las Comunidades Autónomas (CCAA) de un lado, y de frenar el nacionalismo desintegrador de otro. La inmensa mayoría de los ciudadanos, y de modo especial los empresarios, están hartos de las trabas jurídicas y de los nuevos costes económicos que suponen la jungla legislativa autonómica y la consecuente ruptura de la unidad de mercado.
Para que España disponga de una legislación coherente en todo el territorio nacional y que la nación española no se decomponga en Reinos de Taifa, hay que dar marcha atrás en algunas de las competencias que se han cedido por presiones de pactos legislativos sin haberse estudiado a fondo las consecuencias. Aunque existen algunas singularidades históricas que enriquecen la variedad nacional y no disgregan la nación (Navarra es el mejor ejemplo), hay otras, recién inventadas, que no sólo no aportan nada a las comunidad autónomas respectivas, sino que restan fortaleza al conjunto de España para competir en la esfera internacional. Las dos grandes áreas en las que hay que revisar el reparto de atribuciones entre el Estado central y las CCAA son la economía y la educación.
Economía nacional única
España es un país pequeño para competir con los grandes colosos mundiales. Ni tenemos la tecnología de Alemania ni tampoco la barata fuerza laboral de Polonia. La consecuencia es una baja competitividad que provoca que nuestro déficit alcance su record histórico: un 10,2% del PIB. Si sobre esta limitación añadimos el perjuicio de fraccionar nuestro reducido tamaño por dividirnos entre diecisiete CCAA, el desastre está servido. Es incomprensible que los catalanes y los vascos no adviertan que a los grandes inversores o a las multinacionales les atrae poco establecerse en estas regiones por la complejidad de ajustarse a tanta singularidad nacional. Disponer de una legislación sencilla, clara, sin barreras de entrada o de salida, es una de las razones por las que la Comunidad de Madrid aumenta cada vez más su ventaja.
Educación española
El aumento de los votos nacionalistas en el País Vasco tiene mucho que ver con que hayan comenzado a votar los alumnos que han estudiado en las ikastolas que se crearon hace veinte años. También influyen la currícula que han impuesto los gobiernos vasco y catalán, donde el significado de España no responde al de la identidad nacional que contempla el sistema educativo del resto de países de la UE.
Es innegable que los nacionalistas ven en la educación el modo de adoctrinar a las nuevas generaciones. Su tarea ha tenido éxito por introducir su sensibilidad política muy despacio y con una carga emotiva muy entusiasta para los niños y jóvenes. Hay que descubrirse ante su clarividente visión a largo plazo, que contrasta con el tratamiento miope que han mantenido los grandes partidos. Así como las cesiones económicas pueden ser reversibles, las educativas tienen un difícil retorno y no debieran haber entrado nunca en las negociaciones postelectorales. La obligatoriedad de que el idioma en que se estudia sea el autonómico ayuda a conseguir el sentimiento nacionalista y, o se detiene pronto, o se romperá el país.
Pautas para el arreglo
Para que España recupere el sentido de nación que ha tenido en toda su historia es imprescindible que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo. Dado que los estatutos son la fuente de las disfuncionalidades, se debería aprovechar la necesidad de elaborar una nueva Constitución para establecer un nuevo régimen autonómico que, además de mantener las actuales atribuciones exclusivas del Estado, salvaguarde como competencias no transferibles la economía y la educación. Obviamente, los nuevo estatutos que habría que elaborar con la nueva Constitución guardarían una mayor coherencia entre sí y también con la concepción de un Estado moderno. No me asusta el concepto de federación, si se protegen los elementos básicos que aseguran el mantenimiento de la identidad nacional y el funcionamiento económico y social como miembro de la UE.
Este gran pacto nacional no parece que sea factible con el mayor responsable del desbarajuste autonómico en la Moncloa. Sin duda, es más fácil que pudiera lograrse desde un Partido Popular en el gobierno y un PSOE liderado por el creciente sector crítico, que, aunque soterrado hoy, será muy beligerante en cuanto Zapatero tenga un grave percance electoral.
Para que España disponga de una legislación coherente en todo el territorio nacional y que la nación española no se decomponga en Reinos de Taifa, hay que dar marcha atrás en algunas de las competencias que se han cedido por presiones de pactos legislativos sin haberse estudiado a fondo las consecuencias. Aunque existen algunas singularidades históricas que enriquecen la variedad nacional y no disgregan la nación (Navarra es el mejor ejemplo), hay otras, recién inventadas, que no sólo no aportan nada a las comunidad autónomas respectivas, sino que restan fortaleza al conjunto de España para competir en la esfera internacional. Las dos grandes áreas en las que hay que revisar el reparto de atribuciones entre el Estado central y las CCAA son la economía y la educación.
Economía nacional única
España es un país pequeño para competir con los grandes colosos mundiales. Ni tenemos la tecnología de Alemania ni tampoco la barata fuerza laboral de Polonia. La consecuencia es una baja competitividad que provoca que nuestro déficit alcance su record histórico: un 10,2% del PIB. Si sobre esta limitación añadimos el perjuicio de fraccionar nuestro reducido tamaño por dividirnos entre diecisiete CCAA, el desastre está servido. Es incomprensible que los catalanes y los vascos no adviertan que a los grandes inversores o a las multinacionales les atrae poco establecerse en estas regiones por la complejidad de ajustarse a tanta singularidad nacional. Disponer de una legislación sencilla, clara, sin barreras de entrada o de salida, es una de las razones por las que la Comunidad de Madrid aumenta cada vez más su ventaja.
Educación española
El aumento de los votos nacionalistas en el País Vasco tiene mucho que ver con que hayan comenzado a votar los alumnos que han estudiado en las ikastolas que se crearon hace veinte años. También influyen la currícula que han impuesto los gobiernos vasco y catalán, donde el significado de España no responde al de la identidad nacional que contempla el sistema educativo del resto de países de la UE.
Es innegable que los nacionalistas ven en la educación el modo de adoctrinar a las nuevas generaciones. Su tarea ha tenido éxito por introducir su sensibilidad política muy despacio y con una carga emotiva muy entusiasta para los niños y jóvenes. Hay que descubrirse ante su clarividente visión a largo plazo, que contrasta con el tratamiento miope que han mantenido los grandes partidos. Así como las cesiones económicas pueden ser reversibles, las educativas tienen un difícil retorno y no debieran haber entrado nunca en las negociaciones postelectorales. La obligatoriedad de que el idioma en que se estudia sea el autonómico ayuda a conseguir el sentimiento nacionalista y, o se detiene pronto, o se romperá el país.
Pautas para el arreglo
Para que España recupere el sentido de nación que ha tenido en toda su historia es imprescindible que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo. Dado que los estatutos son la fuente de las disfuncionalidades, se debería aprovechar la necesidad de elaborar una nueva Constitución para establecer un nuevo régimen autonómico que, además de mantener las actuales atribuciones exclusivas del Estado, salvaguarde como competencias no transferibles la economía y la educación. Obviamente, los nuevo estatutos que habría que elaborar con la nueva Constitución guardarían una mayor coherencia entre sí y también con la concepción de un Estado moderno. No me asusta el concepto de federación, si se protegen los elementos básicos que aseguran el mantenimiento de la identidad nacional y el funcionamiento económico y social como miembro de la UE.
Este gran pacto nacional no parece que sea factible con el mayor responsable del desbarajuste autonómico en la Moncloa. Sin duda, es más fácil que pudiera lograrse desde un Partido Popular en el gobierno y un PSOE liderado por el creciente sector crítico, que, aunque soterrado hoy, será muy beligerante en cuanto Zapatero tenga un grave percance electoral.