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Los impuestos son un aspecto que afecta de manera directa e indirecta a todos los ciudadanos. Su función de financiar el gasto público es asumida por la gran mayoría como clave para sostener nuestro actual estado del bienestar, que nos permite tener una calidad de vida envidiable. La fiscalidad es una herramienta fundamental para la política económica de los gobiernos y determina el tipo de sociedad que queremos construir, partiendo de la base de que las Administraciones necesitan recursos para hacer frente a sus compromisos de gasto.

De ahí que existan diferentes políticas fiscales y España es un buen ejemplo de ello. El reciente estudio del Consejo General de Economistas “Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2020” confirma lo que ya sabíamos: que los impuestos propios de las CCAA son una “auténtica jungla” debido a su gran diversidad y que la capacidad normativa de las comunidades españolas generan grandes diferencias.

Este informe su suma a otros tantos que durante los últimos años vienen advirtiendo de que Navarra está perdiendo competitividad fiscal frente al resto de regiones. Navarra es territorio “hostil” para los contribuyentes con rentas a partir de 45.000 euros anuales según el informe mencionado, con una diferencia de más de 600 euros si los mismos contribuyentes tributaran en el País Vasco. Es decir, que por encima de los 45.000 euros Navarra sigue siendo la primera en cuanto a presión fiscal con importantes diferencias respecto al resto de comunidades autónomas. No salen mucho mejor paradas las rentas de 30.000 euros, que se colocan como la quinta región con peor tributación.

Más ejemplos: la deducción por trabajo en la Comunidad Foral es la más baja de toda España –al ser la única que se aplica por rentas de trabajo en la cuota y no como reducción del rendimiento neto-, tenemos la menor reducción por hijos, las familias numerosas son las que más IRPF pagan de todo el país, aún mantenemos el impuesto de donaciones… Existen diferencias regionales y Navarra debería aprovecharlas –entre otras cosas mirando lo que está haciendo nuestro vecino el País Vasco- para ser más atractiva y ayudar a las empresas a generar empleo. Mucho me temo que no está siendo así.

A nivel internacional también existen notables diferencias en materia de impuestos. La Tax Foundation analiza anualmente los sistemas fiscales de los países de la OCDE y los evalúa según su atractividad para empresas y trabajadores. Pues bien, en la última edición de ese ranking España ocupó el puesto 23, lo que para los autores del informe no supone sino el resultado de una “maraña regulatoria” que genera ineficiencias y aleja a España de ser una economía orientada al crecimiento. Todos agradeceríamos una fiscalidad más estable en el largo plazo.

Un ejemplo de lo que estamos diciendo es el de Japón, la tercera economía mundial. Tras más de una década con una deuda pública superior al 230% del PIB, el Gobierno subió en otoño del año pasado el IVA del 8 al 10% con el objetivo de aumentar la recaudación. Vaya por delante que el IVA es un tributo indirecto un tanto insolidario, por gravar por igual a los consumidores, con independencia del tipo de renta que tengan. Pues bien, el efecto conseguido en el país  nipón fue el contrario al deseado: el consumo doméstico se hundió y el descenso del PIB fue del 7,1% trimestral -la mayor caída del PIB desde 2014. El impacto del coronavirus no parece que vaya a ayudar a remontar la situación económica, que plantea ya una recesión técnica y que, sumada a la ya citada caída del PIB, ha arrastrado a la bolsa nipona.

Lo que debemos aprender de este ejemplo es que jugar con la fiscalidad al alza por el mero hecho de querer aumentar la recaudación es una estrategia peligrosa, porque no es una ciencia exacta y puede tener el efecto contrario al deseado. ¿O por qué no innovar en la forma de buscar ingresos? En este sentido, aunque impopular, pagar por el uso de determinados servicios quizá sea necesario para según qué áreas. Los nuevos ingresos nos ayudarían a mantener o mejorar el nivel de servicio actual. Eso sin contar, como bien indica el Consejo General de Economistas, con que debería ser obligatorio realizar un análisis del coste beneficio de cualquier tributo antes de aplicarlo. Reducir el coste de la Administración haciéndola más eficiente si necesidad de recortar servicios públicos y no vender como un éxito el aumento, año tras año, de los presupuestos públicos, sería ya para nota. 

José María Aracama Yoldi. Presidente del think tank Institución Futuro

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